Nicolás Maduro habla de la necesidad de alternativas de desarrollo sostenible, pero su gobierno es responsable de la destrucción de una de las regiones más biodiversas del planeta.
Durante poco más de un siglo la economía y la sociedad venezolanas tuvieron como eje la producción petrolera. Después de una sensible caída de los precios del crudo a comienzos de la segunda década del siglo XXI, dio inicio un reordenamiento geoeconómico del territorio nacional. En 2011, el entonces presidente Hugo Chávez anunció la delimitación del Arco Minero del Orinoco como parte de lo que él llamó una política integral para el desarrollo económico. Se trataba de una nueva fase de un modelo económico y social que no atiende a las necesidades del mercado local, pues se limita a la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales destinados al mercado mundial.
El Arco Minero del
Orinoco es un territorio de casi 112,000 kilómetros cuadrados con una población
indígena de cerca de 55,000 personas. La porción que abarca hace parte de la
Amazonía y posee una inmensa y compleja variedad de ecosistemas y una extensa
cobertura vegetal con sabanas y tupidas selvas tropicales. También cuenta con
grandes ríos, entre los que destaca, por supuesto, el Orinoco, principal fuente
de agua dulce del país y tercer río más caudaloso del mundo. Hablamos de una
zona con un gran valor escénico –dada su belleza–, una elevada vulnerabilidad
ecológica y una importancia central para la regulación climática continental y
global. Una parte considerable del área se encuentra bajo protección: el Arco
Minero abarca siete parques nacionales, veinte monumentos naturales y tres
reservas forestales que incluyen dos reservas de la biósfera. La población
indígena ubicada en la extensión del Arco Minero pertenece a una gran variedad de pueblos con diversa organización social, lenguas,
visiones del mundo y vínculos con la naturaleza de un extraordinario valor.
No obstante lo
anterior, en 2016 Nicolás Maduro promulgó el decreto 2048 y creó la Zona de Desarrollo Estratégico
Nacional Arco Minero del Orinoco, violando disposiciones constitucionales que obligan
a realizar consultas previas e informadas a las comunidades indígenas, además
de estudios de evaluación de impacto ambiental y sociocultural. Diversos
actores académicos, sociales, políticos y de la sociedad civil denunciaron las
consecuencias socioambientales del desarrollo del Arco Minero. En mayo del
mismo año, un grupo de ciudadanos introdujo un recurso de nulidad del decreto
2048 en el Tribunal Supremo de Justicia, el cual fue admitido. Luego de tres
años de silencio institucional, se anunció que el recurso había sido desestimado. Desde entonces, no se ha adelantado otra acción
ante tribunales.
Al acto de
promulgación del decreto 2048 asistieron representantes de ciento cincuenta
empresas nacionales y transnacionales que fueron invitadas a firmar memorandos
de entendimiento para la exploración, certificación y explotación de minerales.
El decreto establece una amplia variedad de incentivos públicos a corporaciones mineras: flexibilización legal, simplificación de trámites
administrativos, mecanismos de financiamiento privilegiados y un régimen
especial aduanero con preferencias arancelarias para importaciones. Además,
ofrece un régimen tributario con exoneración total o parcial del pago de
impuestos.
Casi tres años
después, apenas dieciséis de esas empresas habían suscrito convenios y
solamente se crearon cuatro empresas mixtas, de las cuales solo una cuenta con
presencia visible. Luego, los anuncios se hicieron más ocasionales. En la
actualidad no se dispone de información transparente, completa y detallada
sobre la producción de minerales en la zona, pues no se rinden cuentas desde
las empresas estatales, los ministerios involucrados, ni desde el Banco Central
de Venezuela, entidad custodia del oro extraído. Tampoco se responde a la
información que han solicitado organizaciones de la sociedad civil y comunicadores
sociales. En todo caso, consta que se exporta oro y otros minerales a países como China, los Emiratos
Árabes Unidos y Turquía.
La actividad
minera ha traído como consecuencias la fragmentación de importantes ecosistemas
y una sensible pérdida de biodiversidad. Son especialmente graves la
contaminación de suelos y aguas con cianuro y mercurio, la afectación de los
cauces de varios ríos, así como la deforestación de miles de hectáreas de
selva. Se trata de la peor debacle
socioambiental de la historia de Venezuela.
Las consecuencias
humanas son igualmente estremecedoras. A consecuencia de la actividad minera en
gran escala, la población indígena es víctima de la coacción militar y
policial, el alcoholismo, el tráfico de drogas y las violaciones de mujeres y
personas menores de edad. Ante las movilizaciones y protestas, el gobierno ha
respondido con la criminalización. Las acciones emprendidas por cuerpos
militares y policiales en contra del pueblo pemón han sido particularmente representativas de los
atropellos a la población indígena: allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias,
torturas y migraciones forzadas hacia territorio brasileño. Líderes indígenas
han revelado que los cuerpos de seguridad y algunos grupos de militares se han
apropiado de las minas de oro ubicadas en sus territorios ancestrales.
En materia de
salud el panorama que se aprecia en la zona es especialmente calamitoso. Los
servicios del sector, al igual que lo que ocurre en todo el país, se encuentran
en un virtual estado de quiebra, incapaces de atender las múltiples
enfermedades y dolencias que aquejan a la población. La deforestación ha
favorecido la aparición de lagunas de agua estancada, propiciando el incremento
de la población de mosquitos transmisores del paludismo y la malaria. Esta
situación afecta a sectores vulnerables de la población, sobre todo a la
indígena, que también padece de VIH, difteria, hepatitis B y sarampión. Ante la
falta de medicamentos, muchos emigran hacia centros urbanos o países
fronterizos.
Las fuerzas
armadas venezolanas participan activamente en servicios de seguridad privada
prestados a los dueños de las minas ilegales, así como en el contrabando de
combustible y de minerales. La guerrilla colombiana cobra vacunas a los
pequeños mineros y acosa a las comunidades indígenas. Bandas criminales
organizan a mineros (en su mayoría ciudadanos muy pobres) en “sindicatos” que
ocupan lugares que fueron anteriormente asiento de comunidades indígenas.
Controlan, además, toda una maraña de actividades ilícitas, que incluyen
tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero, extorsión y
contrabando. La violación de derechos humanos y las masacres de mineros e indígenas son
constantes en este territorio.
El Arco Minero del
Orinoco constituye, así, un intento de reconfiguración territorial timbrado por
la violencia, las injusticias y la exacerbación de un modelo de explotación
minera inviable en el contexto del colapso de un Estado petrolero. Antes de que
los daños sean irreversibles, la sociedad venezolana y su liderazgo deben
tomar las decisiones necesarias. Se imponen urgentes medidas de reforestación y
rehabilitación de suelos. También resulta indispensable tanto el apoyo
económico y social a las comunidades indígenas animadas por el rescate de su
hábitat, como el diseño de modos de vida viables para las poblaciones mineras.
Además, el Estado venezolano tiene que recuperar el control del territorio, a
merced de las fuerzas irregulares que actúan en la región.
Venezuela forma
parte de una de las regiones más biodiversas del mundo y su modelo económico
minero y petrolero se opone a las iniciativas de mitigación del cambio climático que el propio gobierno ha suscrito. Nicolás Maduro ha insistido públicamente en la necesidad de
alternativas de desarrollo sostenible, pero sus políticas en el Arco Minero
indican que tales afirmaciones son meramente propagandísticas.
Es hora de
un cambio de rumbo. ~
No.305 / mayo 2024
Antropólogo y
ecólogo social. Doctor en Estudios del Desarrollo, Maestría en Planificación
Urbana mención ambiente y Especialización en Ecodesarrollo. Profesor
investigador del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de
Venezuela.
17 mayo 2024
Foto: Juan Carlos Hernandez/ZUMA Wire
https://letraslibres.com/politica/cgll-velasco-paez-arco-minero-venezuela-catastrofe-ecologica/
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