El desplazamiento masivo de venezolanas, que ya supera los ocho millones, expone una doble vulnerabilidad marcada por el género y la migración. Entre la crisis, las políticas restrictivas, la violencia en las rutas y los estigmas culturales e imaginarios hipersexualizados, las mujeres enfrentan un riesgo estructural permanente que refuerza la discriminación y la explotación en los países de tránsito y destino.
Las imágenes de
miles de venezolanos cruzando a pie los puentes internacionales entre San
Antonio del Táchira y Cúcuta, cargando bolsos, niños y lo poco que podían
llevar, se volvieron, entre 2015 y 2016, el símbolo más visible de una crisis
que llevaba años gestándose. Aquellas escenas de fronteras desbordadas, filas interminables y pasos improvisados por el río
Táchira transformaron en rostro humano lo que hasta entonces era un dato
económico o político: el éxodo venezolano. Lo que comenzó como una migración gradual se convirtió, en apenas unos meses, en un
desplazamiento forzado bajo condiciones de extrema vulnerabilidad, uno de los
más grandes y complejos de la historia reciente de América Latina.
Hoy, cerca de
ocho millones de venezolanos y venezolanas viven fuera de su país. Esa cifra,
equivalente a 23% de la población, ilustra la magnitud de una diáspora que, por
su escala y velocidad, no tiene precedentes en la región. La mayoría de quienes
partieron se encuentra en edad productiva y 85% de ellos reside en América
Latina y el Caribe; 56,8% ha logrado regularizar su situación migratoria.
Los principales destinos son Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos y
Chile. Las razones que impulsaron la salida fueron variando con el tiempo, pero
comparten un mismo trasfondo: la crisis económica, social y política que hizo
imposible sostener una vida cotidiana digna dentro del país.
Entre esos ocho
millones de venezolanos y venezolanas hay un dato que cambia el modo de mirar
el éxodo: más de la mitad son mujeres. Pero no se trata solo de un número;
la migración tiene rostro de mujer y con él se exacerban las desigualdades
que la crisis ha profundizado. En la ruta migratoria, la falta de protección
institucional y la irregularidad del estatus colocan a las mujeres en una
situación de riesgo permanente. La violencia sexual, la explotación, la
discriminación o la invisibilidad se entrelazan en un mismo hilo: una
vulnerabilidad sistémica que atraviesa fronteras y acompaña cada etapa del
viaje.
El costo del
género: entre la crisis y la restricción migratoria
En pocos años,
las carreteras del continente se llenaron de familias venezolanas caminando con
mochilas al hombro. Entre 2016 y 2018, más de 2,7 millones de personas dejaron
el país y aquella escena pronto se convirtió en una prueba de resistencia para
toda la región. Los países de América Latina y el Caribe respondieron
inicialmente de manera hospitalaria, pero esto fue cambiando a medida que el
flujo se intensificaba. Lo que empezó como un gesto solidario terminó derivando
en políticas de control crecientes: las fronteras se endurecieron y los
trámites se multiplicaron.
Visas, permisos
y requisitos imposibles de cumplir se convirtieron en la nueva norma para una
población que huía sin tiempo ni recursos. Las políticas transitorias,
diseñadas para atender la emergencia, fracasaron en garantizar la regularidad
migratoria y la integración a largo plazo, lo que dejó a cientos de miles de
personas atrapadas en un limbo jurídico que aún persiste.
Hoy, los
principales países receptores aplican dos modelos de respuesta. El primero es
el enfoque securitario, visible en la militarización de las fronteras y en el
discurso que presenta la migración como una amenaza a la seguridad del Estado y
sus ciudadanos. Ese lenguaje de sospecha, reproducido por actores oficiales y
medios de comunicación, ha contribuido a criminalizar a los
inmigrantes. El segundo modelo, el de la externalización y la restricción,
traslada los procesos de protección fuera del territorio nacional y delega en
otros Estados la contención de los flujos. En esta lógica se inscriben
decisiones como la cancelación del Estatuto Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés) para la
población venezolana en Estados Unidos o las restricciones de entrada por motivos de «seguridad
nacional» que anunció Washington el 4 de junio de este año, en las que
también se incluye a Venezuela.
Estas políticas
no solo cerraron fronteras: cerraron caminos de vida. Al bloquear las vías
legales, empujaron a miles de personas hacia rutas irregulares donde los
riesgos se multiplican. Para las mujeres –más de la mitad del éxodo,
como ya se ha mencionado–, este endurecimiento no es solo un obstáculo
burocrático, sino una amenaza directa. Cada frontera sellada y cada permiso
negado amplifican la exposición a la violencia, la explotación y el abuso, y
refuerzan una desigualdad que se arrastra desde el origen y se profundiza en
cada tramo del camino.
El resultado de
estas políticas es una violación sistemática de derechos que empuja a miles de
personas hacia la irregularidad. Al cerrarse las vías legales, no queda más
opción que internarse por rutas clandestinas, donde los peligros se
multiplican: la trata y el tráfico de personas, la negación del derecho a
solicitar asilo o refugio, el limbo jurídico que impide acceder a servicios
básicos y la discriminación cotidiana que acompaña la irregularidad. Lo que
para los Estados se presenta como un mecanismo de control termina produciendo
una red de exclusión y riesgo.
En ese
entramado, las mujeres cargan con una vulnerabilidad mayor. No solo están
inmersas en la misma espiral de desprotección que el resto de la población
migrante: para ellas, todos esos riesgos se multiplican. Lo sabemos por las
historias que circulan –las mujeres violentadas al cruzar el Tapón del Darién, coberturas de medios de comunicación plagadas de prejuicios o redes sociales
atravesadas por discursos xenófobos–, pero pocas veces nos detenemos a pensar
en la dimensión estructural de esa doble amenaza. ¿Qué hay detrás de ese
riesgo permanente? ¿Qué mecanismos sociales, económicos y culturales
sostienen esta desigualdad que persigue a las mujeres migrantes desde el origen
hasta el destino?
El origen
del éxodo, la crisis socioeconómica y la autonomía femenina
El viaje de una
mujer migrante no empieza en la frontera, sino mucho antes, el día en que
decide partir. Lo que desde fuera puede parecer una elección personal es, en
realidad, un entramado de dilemas que condicionan cada paso: el destino
posible, la fecha de salida, la existencia o no de documentos válidos, las
redes de apoyo en el camino. Pero también pesan las preguntas íntimas, aquellas
que la sociedad ha impuesto sobre sus hombros: ¿qué pasará con sus hijos?,
¿quién cuidará del hogar?, ¿cómo se juzgará su partida?
En el caso
venezolano, este conflicto se amplifica en el marco de una cultura matricentrada en la que la mujer sigue siendo el eje de la
crianza y la vida doméstica. Antes de cruzar una frontera, debe calcular el
vacío que dejará en la familia, la culpa de ausentarse, la ruptura del rol que
se espera de ella. Y mientras sopesa esas decisiones, las condiciones de vida
se vuelven insostenibles: la falta de ingresos, el deterioro de los servicios,
la incertidumbre política. Así, la migración no se elige: se impone como el
último recurso para sobrevivir y sostener, desde la distancia, la vida de los
suyos.
La principal
razón que impulsa la salida sigue siendo la búsqueda de una vida digna frente a
una emergencia social persistente. En Venezuela, la inflación, la informalidad
laboral y los ingresos insuficientes definen el día a día. El promedio mensual
de ingresos se ubica entre 115 y 228 dólares para los empleados formales, muy por debajo de
los 503,73 dólares necesarios para adquirir la canasta básica familiar.
Esta precariedad
golpea con más fuerza a las mujeres, que encabezan más de 50% de los hogares
venezolanos. A pesar de ello, su tasa de ocupación apenas alcanza el 36,8%, y
el desempleo abarca a 57% en los hogares más pobres. Los indicadores revelan una tendencia clara: muchas
mujeres han abandonado la fuerza laboral para asumir tareas de cuidado, lo que
erosiona su autonomía y las deja atrapadas en una red de dependencia económica
y vulnerabilidad.
La crisis de los
servicios básicos agrava aún más la situación: 69,2% de la población enfrenta
problemas en el acceso al agua potable y 69,3% no ha tenido atención médica. Las consecuencias son inmediatas: enfermedades,
malnutrición y un impacto directo sobre la niñez y las mujeres embarazadas,
quienes, además de sostener el hogar, son las principales responsables de los
cuidados.
A la precariedad
material se suma un clima de creciente restricción de libertades, en cuyo marco
las mujeres han sido tanto protagonistas como víctimas. En 2024, en 96% de
las 5.226 manifestaciones registradas había mujeres, cuyas principales demandas
son derechos civiles, políticos y sociales. Pero la respuesta del Estado fue la
represión: la violación de la libertad personal aumentó un 1.347,8 % respecto de 2023. A finales de octubre de 2025,
el Foro Penal registraba 882 presos políticos, de los cuales
116 eran mujeres.
La combinación
de emergencia social y represión política ha creado un clima de incertidumbre
que empuja a miles de mujeres a migrar. La desigualdad, que ya pesa sobre ellas
en su vida cotidiana, se convierte así en el punto de partida de su doble
vulnerabilidad: la que las marca antes incluso de cruzar la frontera.
El desafío
de la ruta: una espiral de vulnerabilidad
El viaje de una
mujer migrante venezolana no comienza con el cruce de una frontera, sino con
una espiral de vulnerabilidad que arrastra desde el origen y que se intensifica
a lo largo del camino. En cada etapa, la falta de información, la
precariedad institucional y la ausencia de protección amplifican los riesgos.
Todo depende de las condiciones del trayecto: si es terrestre, aéreo o
marítimo, si atraviesa trochas o pasos irregulares, si la mujer viaja sola o
acompañada, si tiene documentos válidos o debe improvisar con lo que queda de
una cédula vencida o un pasaporte que no siempre es reconocido en los países de
destino, o que simplemente no tiene porque no lo puede pagar. Cada variable puede
marcar la diferencia entre el resguardo y la indefensión.
Las mujeres que
salen en situación de urgencia, como la mayoría de las venezolanas, lo hacen
sin información suficiente. No conocen los requisitos migratorios, ignoran los
mecanismos de protección y, con frecuencia, desconocen sus propios derechos. El
estudio regional «Nuestro derecho a la seguridad» revela que más de 60% de las mujeres
encuestadas –en su mayoría, venezolanas– no sabe cuáles son sus
derechos, y que 55 % desconoce los servicios de asistencia disponibles. Esa
desinformación las deja expuestas a abusos, extorsiones y violencias que rara
vez se denuncian. La impunidad se alimenta, precisamente, de ese silencio
forzado.
A ello se suma
una profunda vulnerabilidad sanitaria. En las rutas migratorias, la
insalubridad y la falta de privacidad no solo dificultan las necesidades
básicas, sino que incluso comprometen directamente la salud sexual y
reproductiva. El Mixed Migration Centre advertía en su informe de agosto de 2025 que la
ausencia de condiciones adecuadas afecta desde lo más elemental –como
poder asearse o alimentarse– hasta aspectos críticos como la menstruación,
el embarazo o la lactancia. Aunque existen iniciativas humanitarias que
intentan mitigar estas carencias, el propio informe concluye que la respuesta
sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema.
Violencia
basada en género en el camino
Desde el inicio
del éxodo masivo, las rutas migratorias se convirtieron en territorios de
riesgo. Las rutas informales –las llamadas trochas en la
frontera colombo-venezolana–, las embarcaciones precarias que cruzan el Caribe,
o el desierto de Atacama, donde el calor y la deshidratación se cobran vidas,
son escenarios donde la vulnerabilidad es constante. Los hombres suelen
reportar robos o extorsiones, pero para las mujeres el peligro adopta una forma
más brutal: la violencia sexual, en cualquiera de sus manifestaciones. Lo más
alarmante es que los agresores no siempre son desconocidos, pueden ser otros
migrantes, habitantes de comunidades locales o incluso miembros de grupos de
seguridad y del crimen organizado que operan a lo largo de las rutas.
Desde 2022, la
migración forzada a través del Tapón del Darién ha revelado la forma más
extrema de esta violencia. En 2023, Médicos Sin Fronteras (MSF) reportó que cada tres horas una mujer era víctima de violación en ese
trayecto. En 2024, la cifra se mantuvo: una de cada cinco mujeres dijo haber
sufrido violencia sexual durante la ruta. Tras esos números hay historias como la
de «María», una mujer venezolana que fue abusada por siete hombres y que presenció cómo otras menores eran
violentadas ante sus ojos. Casos como el suyo muestran que el daño físico y
psicológico de estas experiencias es devastador, especialmente entre mujeres y
niñas.
Esa
vulnerabilidad también es aprovechada por las redes criminales de trata de
personas, la segunda economía ilícita más lucrativa del mundo. Los datos son contundentes: en América del
Sur, las mujeres representan 45% de las víctimas de trata y las niñas,
17%. En Centroamérica, una de las rutas de mayor tránsito, la proporción
de niñas asciende a 52%. Aunque medir la trazabilidad de estos crímenes es complicado,
organizaciones como Mulier-Venezuela reportaron el rescate de 1.390 venezolanas de
redes de trata a fines de 2022. Autoridades de países como Ecuador, Estados Unidos, México y España confirman que las mujeres venezolanas encabezan
las cifras de víctimas rescatadas en el último año, sobre todo jóvenes de entre
20 y 27 años. Una investigación periodística publicada en abril de 2023 puso rostro a esas estadísticas con testimonios
y grabaciones de sobrevivientes de explotación sexual, mostrando la brutalidad
de un negocio que se nutre del engaño y la desesperación.
La violencia
adopta también formas extremas, reflejadas en trabajos como el documental El portal (2024), centrado en los asesinatos de cinco
mujeres –tres de ellas venezolanas– víctimas de una red de trata con
fines de explotación sexual en México. La serie reconstruye cómo la búsqueda
desesperada de oportunidades, a menudo impulsada por la necesidad o por ofertas
laborales falsas, puede terminar en un ciclo de explotación y violencia que, en
los casos más trágicos, culmina con la muerte.
La ausencia de
gobernanza migratoria en los países de tránsito y destino agrava la situación.
Sin políticas de protección ni capacitación con enfoque de género, los
funcionarios migratorios y de seguridad no logran responder ante la magnitud de
los abusos. La Relatoría Especial sobre los Derechos Humanos de los
Migrantes advirtió
hace pocos meses que en puntos críticos como el Tapón del Darién no existen
unidades de atención a víctimas, lo que impide a las mujeres denunciar por
miedo a ser deportadas o retenidas. En este contexto de emergencia humanitaria
compleja (EHC), la falta de proyección y de protección estatal condena a las
mujeres venezolanas –y a todas las que migran en condiciones
similares– a convertirse en víctimas recurrentes de múltiples violencias,
muchas de ellas impunes.
Y cuando el
camino termina, los peligros no desaparecen. En los países de destino, la
violencia muta: deja atrás las selvas y los pasos fronterizos, pero persiste
bajo otras formas. Los informes coinciden en que las mujeres venezolanas enfrentan un patrón sistemático de discriminación y exclusión, que se manifiesta en los ámbitos cultural, legal,
laboral y social, y configura un nuevo tipo de frontera: la del rechazo.
El estigma
como arma
El primer gran
obstáculo que enfrentan muchas mujeres venezolanas al llegar a su destino no es
legal ni económico: es cultural. La imagen de la mujer venezolana, moldeada
durante décadas por el éxito en los concursos de belleza y difundida por
los medios, se exportó al resto de la región con una carga de estereotipos que
hoy funciona como una trampa.
En los países de
acogida, una de las formas más persistentes de violencia es la de las
narrativas hipersexualizadas. Bajo esa mirada, el cuerpo femenino se convierte
en medida y destino, y todo lo demás –la formación, el trabajo, la
voz– se vuelve invisible. El valor de la mujer se reduce a su apariencia
física, y desde el prejuicio se le niega cualquier posibilidad de integración o
aporte a la comunidad. En Venezuela, esta representación tiene raíces
profundas: los estudios de Luisa Elena Kislinger y Rosa y Zoila Amaya muestran cómo la cultura nacional ha encuadrado
históricamente a las mujeres en estereotipos de apariencia física extrema,
sensualidad o roles domésticos, incluso contraponiendo la figura de
la «buena» a la de la «mala madre» o la «prostituta».
El estigma se
vuelve entonces una forma de violencia simbólica y cotidiana. En redes
sociales, en los barrios o en los lugares de trabajo, la mujer venezolana es
asociada de manera directa con el trabajo sexual, y sobre ella se descargan
insultos que combinan misoginia y xenofobia: «veneca», «prostituta», «quita
maridos». Estas palabras, que circulan sin pudor, son el arma más visible de
una discriminación que atraviesa fronteras y clases sociales. En países como
Colombia y Perú, que concentran la mayor cantidad de migrantes venezolanas –más
de 50% del total–, esas expresiones se han vuelto parte del paisaje cotidiano.
Los periódicos y la música también las reproducen. El diario español El
Mundo tituló un artículo «La invasión de las venecas», mientras que en Perú se volvió popular una canción
titulada «Las venecas», que reproduce estos estereotipos. En el barrio
Kennedy de Bogotá llegaron incluso a aparecer carteles en la vía pública con la consigna: «¡Despierta! Estas venecas
nos están matando. No des limosnas, comida ni ropa. No [les] arriendes ni [les]
des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes».
Estas etiquetas
dejan una marca profunda en las mujeres migrantes. La humillación se convierte
en desconfianza; la desconfianza, en aislamiento. Así, el estigma no solo
hiere: rompe los lazos posibles, impide la integración comunitaria y condena a
muchas a vivir en los márgenes de las sociedades que las reciben.
La
precariedad laboral y la barrera de la irregularidad
La búsqueda de
oportunidades choca de frente con la precariedad y la exclusión del mercado
formal, lo que limita la autonomía y el proyecto de vida de las mujeres
migrantes. La primera barrera es la falta de documentación: pasaportes, visas,
permisos que abran las puertas al empleo y a la estabilidad. Obtener un
pasaporte en Venezuela no está al alcance de la mayoría. Su costo, que oscila
entre 200 y 350 dólares, supera con creces el ingreso mensual
promedio –muy por debajo de esa cifra, y aun menor en el caso de las
mujeres–. Esa sola dificultad empuja a miles hacia la irregularidad y el uso de
vías informales, lo que reduce sus posibilidades desde el inicio del viaje.
A escala
regional, el panorama es desigual. 60% de las mujeres en edad productiva
que declaran responsabilidades en el hogar (cuidado de personas/niñez) no
trabaja, a pesar de contar con mejor nivel educativo y de
calificación. En su lugar, la mayoría se dedica al trabajo de cuidados, una
carga invisible que sostiene hogares pero las margina del desarrollo económico.
Entre las mujeres migrantes, esta dinámica se agrava: 40% está sobrecalificada
para los empleos que desempeña y 74% se concentra en sectores vinculados
al cuidado.
El
informe «Nuestro derecho a la seguridad» refuerza ese diagnóstico. De las mujeres
encuestadas –62% venezolanas–, 47% estaban empleadas, pero 92% trabajaba
en el sector informal. Las cargas familiares y las limitaciones de horario las
mantienen atrapadas en empleos precarios, con bajos salarios y alto riesgo de
explotación laboral.
A los desafíos
migratorios se suma la doble carga del cuidado. Muchas crían solas a sus hijos
e hijas, sin redes de apoyo y con enormes dificultades para incorporarlos al
sistema educativo por falta de documentos o estatus regular. En países como
Colombia, la imposibilidad de convalidar títulos o regularizar la residencia
las mantiene en un círculo de empleos temporales, sin seguridad social ni
derechos laborales. La necesidad de sobrevivir las ata a los trabajos más
desprotegidos, y esa rutina de subsistencia agudiza aún más su exclusión
personal, económica y social.
Rechazo a
la maternidad migrante, dificultades de acceso al sistema de salud
La
discriminación contra las mujeres migrantes embarazadas se sostiene en una
narrativa que las presenta como oportunistas, como si buscaran obtener un
beneficio legal o social a través del nacimiento de sus hijos en el
extranjero. En países como Colombia, que es el país que alberga la mayor
población venezolana, de la cual 51,8% son mujeres, y donde la nacionalidad no
se adquiere automáticamente por nacimiento, esa percepción se refuerza con un
discurso que las muestra como una carga para el Estado receptor.
Uno de los
ejemplos más notorios de esta estigmatización fue la columna de opinión
publicada en 2018 por la periodista Claudia Palacios, titulada «Paren de parir». En ese texto, Palacios no solo cuestionaba que las
mujeres venezolanas acudieran a hospitales colombianos, sino que las calificaba
de «reproductoras irresponsables». Sostenía que debían «dejar de
tener hijos», justificando su argumento en la supuesta incapacidad del Estado
colombiano para asumir los costos de sus embarazos.
Este tipo de
narrativa periodística alimenta la estigmatización de la maternidad migrante y
refuerza la idea de que la población venezolana es una carga para los Estados
de acogida. Al hacerlo, legitima la exclusión y erosiona el derecho fundamental
a la salud, lo que perpetúa una forma de violencia institucional que recae
directamente sobre las madres migrantes.
La irregularidad
migratoria convierte el acceso a la salud sexual y reproductiva (SSR) en un
riesgo sistémico. Aleja a las mujeres de los controles y seguimientos
esenciales, y transforma lo que debería ser un espacio de protección en una
posible fuente de violencia institucional. La serie Valientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) lo muestra con precisión: en el video «La espera», el miedo de las mujeres a ser excluidas del
sistema o reportadas por su condición migratoria vuelve el derecho a la salud
reproductiva un privilegio condicionado, un derecho que se ejerce con temor.
En algunos
casos, ese temor se paga con la vida. El caso de Diana Alemán, una mujer venezolana que murió en un hospital de
Lima, es el ejemplo más trágico. Intentó huir tras ser amenazada con una
denuncia por presentar un aborto incompleto y cayó desde una altura mortal. Su
muerte evidenció que la atención médica, en lugar de amparar, puede convertirse
en castigo: una mezcla de violencia obstétrica y criminalización del estatus
migratorio.
Así, la falta de
acceso legal a la salud no solo afecta la salud sexual y reproductiva: pone en
riesgo la vida misma. En el tránsito o en el destino, ser mujer y ser migrante
irregular significa vivir bajo una doble condena, e incluso la búsqueda de atención
médica puede acabar en una nueva forma de violencia.
El flujo inverso
y nuevas rutas de riesgo: el Darién de ida y vuelta
Las políticas
restrictivas aplicadas en los últimos años por Panamá –con el cierre de
estaciones de recepción migratoria– y por Estados Unidos –con los
vetos migratorios– redujeron drásticamente el flujo hacia el norte. El
paso por el Tapón del Darién cayó 98%, según datos del ACNUR. Pero el descenso no trajo alivio: dio origen a un nuevo fenómeno
conocido como «flujo inverso», un movimiento de retorno forzado desde el
norte hacia el sur, en el que Colombia se ha convertido en uno de los
principales destinos.
Durante el
primer semestre de 2025, Migración Colombia, organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores de
ese país, registró 12.347 extranjeros en este flujo irregular por vía marítima.
99% eran de nacionalidad venezolana, 25,4% mujeres y 18,1% niños, niñas y
adolescentes. Las rutas más utilizadas son dos: la del Caribe, que conecta
Colón (Panamá) con Capurganá (Colombia), y la del Pacífico Norte, que va de
Panamá a Juradó o Bahía Solano (Colombia), una travesía especialmente
peligrosa por el fuerte oleaje y la ausencia de vías terrestres.
El informe conjunto de la Defensoría del Pueblo de Colombia, Panamá
y Costa Rica advierte sobre el desgaste extremo de esta población migrante.
86,8% de quienes regresan afirma haber cruzado previamente el Darién rumbo a
Estados Unidos. En el retorno, la vulnerabilidad se profundiza: las mujeres
enfrentan nuevas formas de violencia, desde viajes en embarcaciones no aptas y
sobrecargadas hasta abusos físicos, extorsiones y desapariciones forzadas,
perpetradas tanto por grupos criminales como por organismos migratorios. A todo
ello se suma la ausencia institucional de los Estados de tránsito, cuya falta
de presencia y de respuesta condena a las mujeres a revivir el ciclo de
desprotección e impunidad del que intentaron escapar.
El dilema
del desgaste y el retorno incierto
Para muchos
migrantes, el retorno no significa un final, sino una pausa incierta. Algunos
intentan reinstalarse en ciudades intermedias, como Medellín; otros regresan a
Venezuela con la esperanza de «estabilizarse» y volver a emigrar más
adelante, pero lo que encuentran al volver es un país que sigue sumido en una
emergencia compleja, con un espacio cívico reducido y redes de apoyo debilitadas –ONG,
organizaciones feministas, familiares y comunidades– con muy pocas
capacidades.
Para las
mujeres, esta movilidad forzada implica una doble carga y una espiral de
riesgo. Muchas lo hacen en condición irregular y siendo las únicas responsables
de hijos o personas a su cuidado. Cada decisión –quedarse, volver o
continuar el viaje– repercute sobre los suyos. Esa presión las obliga, con
frecuencia, a aceptar condiciones de precariedad extrema, poniendo en riesgo su
seguridad y su vida.
A los peligros
del retorno se suman los de los países de tránsito. En México, las rutas entre
Nuevo México y Texas están consideradas entre las más peligrosas del mundo:
registran el mayor número de muertes y desapariciones. En Colombia, las migrantes enfrentan además las
consecuencias de la crisis de desplazamientos internos, marcada por la
violencia armada y, en algunos casos, agravada por el cambio climático.
El impacto
del recorte de ayuda humanitaria
A la crisis del
desplazamiento se suma un nuevo golpe: el debilitamiento de la atención
humanitaria debido al recorte del apoyo financiero internacional. La Orden Ejecutiva de Reevaluación y Reorientación de la
Ayuda Exterior de Estados Unidos, emitida a comienzos de 2025 por el gobierno de Trump, aunque no se
enfocaba de manera directa en la política migratoria, tuvo un impacto inmediato
sobre las ayudas destinadas a la atención en fronteras y a los programas de
protección para mujeres en riesgo de violencia basada en género.
Investigaciones
de organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA, por sus siglas en inglés) revelan un
deterioro estructural de la capacidad de respuesta humanitaria en la región.
Los recortes provocaron la suspensión de programas, la reducción de personal y
la pérdida de cobertura en numerosas organizaciones, especialmente entre
aquellas de alcance nacional y local, que eran las más cercanas a las
comunidades desplazadas.
El balance del
primer semestre del año, según estas fuentes, es preocupante. Programas
esenciales para la atención de la población venezolana –como la Operación
Acogida en Brasil, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, los centros
Intégrate en Colombia y las oficinas de movilidad segura– han visto
suspendidas sus actividades o enfrentan incertidumbre sobre su continuidad.
Esta parálisis afecta directamente la capacidad de asistencia a las personas
más vulnerables, en un momento en que la región, marcada por las nuevas
restricciones migratorias de Estados Unidos y por la inestabilidad
sociopolítica interna, vive un escenario inédito: los países que antes eran
solo receptores de migrantes se han convertido, al mismo tiempo, en emisores,
receptores y territorios de tránsito.
¿Qué tenemos
hasta el momento?
El balance es
claro: las mujeres migrantes venezolanas enfrentan un alto riesgo y una
vulnerabilidad estructural en todas las etapas de su desplazamiento.
El éxodo masivo, visible desde 2015-2016, se produce en un contexto de
emergencia humanitaria compleja, y más de la mitad de quienes lo protagonizan
son mujeres. La mayoría viaja con responsabilidades familiares, incluso cuando
lo hacen solas. Son, en muchos casos, jefas de hogares monoparentales, y esa
doble carga –sostener a sus familias y reconstruir una vida en el
extranjero– las empuja hacia empleos precarios, mal remunerados y
altamente expuestos a la explotación laboral o sexual.
Las violencias
que las atraviesan no pueden entenderse de manera aislada. Son violencias
interconectadas que se manifiestan en distintas formas y momentos del recorrido
migratorio. En la ruta, la violencia directa adopta rostros múltiples:
agresiones sexuales, acoso, robos, extorsión y otras formas de abuso que se
repiten con frecuencia alarmante. En los países de destino, la violencia
silenciosa y simbólica se expresa en la xenofobia, la humillación y la
discriminación cotidiana, que erosionan su salud mental y refuerzan el
aislamiento.
A todo ello se
suma la trata de personas, una amenaza constante que persigue a mujeres y niñas
venezolanas desde el origen hasta los principales destinos migratorios. Las
redes criminales se alimentan de la precariedad y del desconocimiento,
aprovechando la falta de información y la ausencia de mecanismos de protección
eficaces.
Buena parte de
estas violencias permanece invisibilizada y normalizada, tanto por la
emergencia misma como por la falta de capacitación del personal de atención
migratoria. Así, los abusos se diluyen entre las estadísticas, y el impacto
real sobre una población con necesidades específicas sigue sin ser plenamente
reconocido.
En la mayoría de
los países receptores, la respuesta a la migración venezolana se ha ido
cerrando poco a poco, hasta volverse un laberinto de restricciones. Lo que
comenzó como una política de acogida derivó, con el paso de los años y los
cambios de gobierno, en trabas burocráticas, permisos imposibles y políticas
temporales que dejan a millones en el limbo. En Colombia, el país que alberga
más migrantes venezolanos, no hay visas ni controles formales de ingreso, pero
sí un retroceso silencioso: miles de personas –más de la mitad,
mujeres– viven hoy al borde de la deportación o la irregularidad migratoria, atrapadas entre la falta de respuestas
institucionales y la ausencia de políticas sostenibles.
Mientras los
Estados afinan sus estrategias para limitar el flujo migratorio, poco se
discute sobre el costo humano de esas decisiones. La irregularidad que producen
sus propias medidas se convierte en el verdadero problema de seguridad. A la
falta de articulación regional se suman el abandono de las zonas fronterizas y
el avance de redes criminales que hacen de esa desprotección su negocio.
La situación se
complica con las tensiones políticas y sociales que atraviesan países como
Colombia, Perú y Ecuador, y con las nuevas restricciones impuestas en
Centroamérica y Estados Unidos. El resultado es una migración que se
reconfigura: rutas que antes apuntaban al norte giran hacia el sur, hacia
Brasil, o se extienden hasta Europa, especialmente España. Cada cierre de
frontera empuja a miles a buscar un atajo, y cada atajo más las expone.
Necesidad
de respuestas con enfoque de género y cooperación
Frente a esta
espiral, urge un cambio de enfoque. La respuesta regional debe ir más allá de
la contención o el diagnóstico: necesita una visión de cooperación y de género
que reconozca que más de la mitad de las personas en movimiento son mujeres. Su
presencia no es marginal, es estructural; y sus necesidades –de
protección, salud, trabajo y autonomía– no pueden seguir tratándose como
excepciones.
Las
articulaciones entre la sociedad civil, los Estados y las organizaciones
internacionales deben transformarse en un compromiso político real. La ayuda
humanitaria tiene que llegar donde más se necesita, con presencia territorial,
recursos sostenidos y políticas pensadas para las mujeres.
También es
urgente que los países de destino abran las puertas de la inclusión laboral y
educativa. Reconocer títulos, validar competencias, garantizar derechos: cada
paso en ese sentido no solo mejora la vida de las migrantes, sino también la de
sus familias en los países de origen. Y los controles fronterizos, en lugar de
castigar la movilidad, deberían servir para desmantelar las redes criminales
que trafican con ella. Fortalecer la presencia estatal en los municipios más
empobrecidos –en Colombia, Panamá o México– no significa cerrar
fronteras, sino abrir caminos seguros.
Porque detrás de
cada cifra, de cada ruta y de cada frontera, hay una historia de resiliencia y
resistencia. Mujeres que migran con lo que pueden, sosteniendo hogares enteros
y desafiando un sistema que las empuja a la invisibilidad. Reconocerlas no es solo
una cuestión de justicia: es la condición mínima para que ese éxodo deje
de ser, por fin, un éxodo invisible.
Nueva Sociedad, diciembre 2025
Cuando migrar es sobrevivir: la doble vulnerabilidad
de las mujeres venezolanas | Nueva Sociedad
No hay comentarios.:
Publicar un comentario