El inventario está en la mira de la Justicia por dejar fuera los cuerpos de hielo de menos de una hectárea. Los ambientalistas denuncian que el criterio favorece a las mineras
El Perito
Moreno es el más famoso de los
glaciares de Argentina. Pero hay al menos 16.968 en el país, distribuidos a lo
largo de la Cordillera de los Andes y de las islas del Atlántico Sur. Según el primer inventario nacional de
glaciares, presentado el martes, los cuerpos
de hielo ocupan una superficie de 8.484 kilómetros cuadrados en Argentina, un
tamaño equivalente a 41 veces la ciudad de Buenos Aires o 14 veces Madrid. El
país austral tardó ocho años en completar los datos requeridos por la Ley de
Glaciares y los resultados, presentados este martes, llegan acompañados de
polémica. La decisión de haber dejado fuera del recuento las masas de hielo
menores a una hectárea es investigada por la Justicia, que ha procesado a tres
exsecretarios de Ambiente y al extitular del organismo científico responsable
del inventario.
"Es una ley emblemática de ordenamiento territorial
que preservará las reservas de agua", dijo a los medios el ministro de
Ambiente, Sergio Bergman, antes de la presentación en la Casa Rosada. Los
glaciares son esenciales también como indicadores del cambio climático. "El
rápido retroceso de los glaciares en los Andes y otras regiones montañosas es considerado uno de
los signos más claros del calentamiento global de las últimas décadas",
señala el inventario.
Argentina es el segundo país de América Latina con más
reservas de agua en estado sólido, sólo por detrás de Chile, y está entre los
15 países con mayor superficie de hielo en el mundo. Los glaciares más grandes
y conocidos están en el sur del país y son alimentados por el Campo de hielo
patagónico de la cordillera andina. Además del Perito Moreno, de 250 km2, se
destacan los monumentales Viedma y Upsala, que casi le cuadriplican en tamaño:
977 km2 y 870 km2 respectivamente.
La altura media mínima a la que aparecen los glaciares en
las laderas de las montañas aumenta de sur a norte, desde los 930 metros sobre
el nivel del mar en Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, a los 3.000 en
promedio en los Andes centrales y los 5.000 de los Andes desérticos.
El Gobierno celebró el inventario, pero la justicia y los
activistas medioambientales lo consideran incompleto. El Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) siguió criterios
internacionales a la hora de inventariar sólo las masas de hielo mayores a una
hectárea. Sin embargo, para el juez Sebastián Casanello se ha vulnerado la Ley
de Glaciares, que explicita en su artículo 2 la protección de todos los cuerpos
de hielo "cualquiera sea su forma, dimensión y estado de
conservación". La científica Paula Forte relató ante el juez que se vieron
obligados a borrar más de mil pequeñas geoformas de hielo del inventario por
ser inferiores al tamaño delimitado por el Ianigla.
La discusión es clave porque de ella dependen varios
proyectos mineros. Afecta también a la polémica mina de Veladero, en la
provincia norteña de San Juan, que registró dos derrames de
cianuro en los últimos años cuando era operada por la canadiense Barrick Gold. En el dictamen emitido por Casanello el pasado
diciembre, se reúnen testimonios de legisladores, científicos y extractos de
estudios ambientales de la provincia de San Juan y de la minera Barrick Gold
que hablan de la "presencia de permafrost", típica de ambientes
periglaciares, en la zona de explotación de Veladero, ahora en manos de la
empresa chino-canadiense Andina del Sol.
"Resulta extraño que institucion que más ha hecho por
la protección de los glaciares se vea acusada de favorecer la actividad
minera", dijo a EL PAÍS en diciembre Ricardo Villalba, el extitular del
Ianigla procesado. "Estamos shockeados porque hemos aplicado estándares
científicos aprobados por toda la comunidad internacional", agregó. El
inventario realizado por Villalba recibió el respaldo de numerosos colegas y
ayer obtuvo también el aval gubernamental. El Ejecutivo de Mauricio Macri cree
que a la ley le faltan precisiones; los ambientalistas subrayan que es muy
clara. No se descarta que vuelva a discutirse en el Congreso.
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