Las condiciones en que las mujeres se
ven obligadas a abandonar el país las hacen vulnerables a redes de trata de
personas y de explotación sexual, alertan ONG. También llaman la atención sobre
los femicidios de venezolanas fuera de las fronteras, vinculados con la pérdida
de redes de apoyo
La
emergencia humanitaria ha obligado a muchas venezolanas a la migración forzada,
como se conoce la huida del país debido a la presión de factores extremos, como
el hambre o la violencia. "Responde al desespero de quienes buscan una
posibilidad de subsistencia", señala Beatriz Borges, directora ejecutiva
de Centro de Justicia y Paz. Para la especialista, quien además es
investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello, se trata del síntoma más
visible del agravamiento de la crisis, "que se ha hecho vertiginoso".
Cálculos
hechos por la Universidad Simón Bolívar y por la firma Consultores XXI cifraron
en 4 millones el número de personas que había dejado el país hasta el año
pasado, una cifra que puede aumentar dado que el flujo no ha cesado. Aunque no
abundan los registros diferenciados por género, datos oficiales ofrecidos por
el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia señalaban que
de 442.462 personas que estaban en ese país en situación irregular para el
mes de junio, 219.799 eran de sexo femenino. Luisa Kislinger,
internacionalista y directora de la ONG Mujeres en Línea, llama la atención
sobre el peligro que corre esa población. "En el caso de las mujeres,
el riesgo a ser víctima de explotación sexual es la mayor vulnerabilidad que
afrontan".
Las
difíciles condiciones en las que muchas venezolanas están emigrando las
convierten en blanco de las redes de trata de mujeres, como ya ha sido
denunciado en Brasil, Colombia, España y Venezuela, entre otros países. “Los
Estados deberían actuar para prevenir estas situaciones", señala. Sobre
esta situación también alerta el informe Trata de personas, trabajo
forzoso y esclavitud moderna, de la Asociación Civil Paz Activa y el
Observatorio de Delito Organizado. "Cada vez es más común la denuncia
internacional acerca del estado de mendicidad e indigencia de muchos ciudadanos
venezolanos en el exterior, que se convierten en potenciales víctimas para las
redes de la delincuencia organizada asociadas al tráfico ilícito de migrantes y
la trata", indican.
Este
año, los cuerpos policiales españoles han informado al menos de dos casos de
desarticulación de bandas de explotación sexual, entre cuyas víctimas había
varias venezolanas. El primero de estos operativos tuvo lugar en febrero, en
Barcelona, y el segundo en junio, en Salamanca. A fines del año pasado, la
policía mexicana informó que había desmontado grupos similares en Toluca y
Cuernavaca. "Tenemos casos de venezolanas, quienes son llevadas a tierras
tan cercanas como Cúcuta, Colombia, donde no solo se enfrentan a la explotación
por medio de la venta de favores sexuales, sino que en la competencia con las
nativas colombianas deben ceder a las exigencias de los cuerpos de seguridad de
ese país, cayendo en una especie de revictimización a través de la explotación
sexual y de pagos de coimas para mantener su estatus de trabajo dentro de ese
país", agrega el informe de Paz Activa.
Miembros
de ONG que observan el paso fronterizo con Colombia han alertado sobre las
precarias condiciones de los emigrantes venezolanos, que muchas veces no han
tenido ni siquiera acceso a agua potable antes de emprender el viaje. "Nos
han denunciado casos de familias que están sometiendo a la prostitución a
algunos de sus miembros, entre ellas niñas o adolescentes, con el fin de reunir
recursos para continuar con el viaje a otros países", agrega Kislinger.
Muerte
fuera de las fronteras.
Las ONG de
defensa de los derechos de las mujeres también están preocupadas por la recurrencia
de informaciones sobre asesinatos de venezolanas en el extranjero, en varios
casos cometidos por las parejas con las que emigraron. Kislinger señala que se
trata de un problema que debe ser investigado y sobre el que es necesario
reflexionar.
Se
han reportado sucesos de este tipo en países como Chile, Perú y México.
"Una de nuestras conclusiones es que muchas veces las mujeres están
inmersas en la espiral de violencia que precede al femicidio, pero al emigrar,
han perdido su red de apoyo, están en un entorno en el que no pueden acudir a
su familia o a las amigas para protegerse y los agresores pueden considerarse
con mayor impunidad para actuar. Esto incrementa la vulnerabilidad".
Asimismo
se han denunciado asesinatos de venezolanas dedicadas al trabajo sexual.
Kislinger alerta sobre la vinculación de esos femicidios con la actuación de
las redes de trata de mujeres, que muchas veces captan a sus víctimas con
ofertas de trabajo engañosas.
El
informe de Paz Activa alerta que la trata de mujeres se ha visto exacerbada,
dentro del país, en las zonas mineras, donde bajo intimidación y coacción,
muchas son obligadas a realizar favores sexuales. "En las denominadas
'currutelas' que circundan las minas, prolifera la explotación sexual de
mujeres, niñas y adolescentes, de diversas nacionalidades y procedencias
étnicas", señala el texto. Entre las comunidades más vulnerables están los
pueblos indígenas, cuya fragilidad se ha visto avivada por las irregularidades
alrededor del Arco Minero.
Agresiones
durante las protestas no han sido investigadas
Un
capítulo que no se ha cerrado es el de la violencia utilizada contra la
población femenina durante los meses de protestas de 2014 y de 2017, con fines
de represión política. Un informe presentado ante el Comité contra la
Tortura, señala que durante las actuaciones de los cuerpos de seguridad
efectuadas hace cuatro años, se evidenciaron actos de violencia específicamente
dirigidos contra las detenidas. "Se destacan las amenazas de violación
sexual y de obligación de práctica del sexo oral a funcionarios que les tenían
bajo su custodia durante las detenciones, así como casos de desnudez forzada
acompañada de descalificaciones referidas a la forma o contextura física de las
mujeres", señala el informe Mujeres al límite, elaborado por una
coalición de organizaciones no gubernamentales. Este tipo de casos pueden ser
muchos más que los que lograron reseñar las ONG, pues la mayoría de las
víctimas "no denunciaron para evitar una mayor humillación pública y
porque consideraban que nadie sería sancionado".
Algo
similar ocurrió el año pasado con las detenidas, pues si bien las cifras
recabadas por la ONG Foro Penal dan cuenta únicamente de cuatro casos
de tratos crueles, intimidatorios y humillantes asociados a violencia sexual,
"muchas otras denuncias fueron narradas por las víctimas a sus abogados
pero no fueron formalizadas, o las contaron en sus audiencias pero luego no
ejercieron acciones debido al temor a denunciar estos casos por considerarlos
muy intimidantes".
Beatriz
Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, señala que hasta
ahora las investigaciones sobre las torturas cometidas durante las protestas no
han arrojado ningún resultado. "Eso ha ocurrido pese a que los organismos
internacionales han insistido en la obligación del país de investigar estos
delitos y evidencia que no tenemos estado de derecho ni
institucionalidad". Recuerda que el gobierno, al ignorar este mandato,
incurre en actos que generan una responsabilidad. "Sobre este punto vamos
a insistir las organizaciones de derechos humanos".
Por MARIELBA NÚÑEZ | MNUNEZ@EL-NACIONAL.COM
12 DE AGOSTO DE 2018 01:20 AM | ACTUALIZADO EL 12 DE AGOSTO DE 2018 08:31 AM
No hay comentarios.:
Publicar un comentario