América Latina tiene un rol crucial en el futuro del planeta y su camino hacia la sostenibilidad definirá no solo su destino, sino el de toda la humanidad
Avanzar hacia
la sostenibilidad no tiene una ruta única ni es un camino lineal. Existen
múltiples vías que deben transitarse de manera coordinada: desde la
transformación financiera hasta la construcción de pactos sociales amplios, pasando por un eje fundamental y a menudo
subestimado como es la educación. Comprender esta diversidad de aproximaciones no solo
amplía nuestra mirada sobre problemáticas tan acuciantes en la actualidad como
la crisis climática, sino que también permite diseñar respuestas más justas y
duraderas.
Uno de los
ejes centrales de esta transición es, sin duda, el financiamiento. Iberoamérica, y en especial, América Latina, se
perfila como una de las regiones más castigadas por el cambio climático, pese a
ser una de las que menos ha contribuido históricamente al calentamiento global.
Esta paradoja es clave para entender el principio de responsabilidades comunes,
pero diferenciadas, reconocido ya en la Declaración de Río de 1992 y reforzado por el Acuerdo de París, que subraya el deber del norte global de
subvencionar los esfuerzos de mitigación y adaptación del sur global.
Pero la
conversación sobre financiamiento no puede desvincularse de la realidad
productiva de la región. América Latina posee el 60% de las reservas mundiales de litio y alrededor del 40% de las de cobre, recursos
estratégicos para la transición energética. Al mismo tiempo, sigue dependiendo
en gran medida de actividades como la minería, la agricultura intensiva y la
producción petrolera, sectores que generan ingresos, pero también impactos
ambientales significativos.
Por eso,
pensar el financiamiento para la transición ecológica requiere un enfoque
sistémico. No se trata solo de canalizar fondos, sino de rediseñar el modelo de
inserción global de la región, que permita avanzar desde una economía
extractivista hacia una economía regenerativa basada en la sostenibilidad
En ese mismo
sentido, es indispensable construir pactos sociales amplios. La transición verde
justa no se logrará sin diálogo ni consensos que involucren a gobiernos,
empresas y sociedad civil. En América Latina, donde las desigualdades
estructurales condicionan profundamente las oportunidades, dichos acuerdos
deben ser democráticos y participativos.
Impulsar estos
pactos sociales puede colocar a los gobiernos en una posición compleja frente a
las élites económicas. Por un lado, necesitan su inversión para acelerar la
transición energética; por otro, deben regular o incluso limitar ciertas actividades
económicas insostenibles. Todo ello mientras se mantiene el difícil equilibrio
entre sostenibilidad, reducción de la pobreza y crecimiento económico.
En este
contexto, la alianza entre América Latina y la Unión Europea se presenta como
una oportunidad estratégica. Iniciativas como el Pacto Verde marcan
una hoja de ruta ambiciosa hacia la neutralidad climática en 2050, pero
necesitan ser adaptadas a las realidades de los países en desarrollo.
La región ha
mostrado avances notables, tanto en energías renovables como en marcos legales
de protección, y existe, además, un claro respaldo ciudadano hacia una
cooperación birregional que impulse un nuevo modelo de desarrollo, como ya lo
demuestra el proyecto Energytran, impulsado por la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), que busca contribuir a una transición justa y equitativa
en ambas regiones.
Y es aquí
donde la educación emerge como condición fundamental para dar sentido a todo lo
anterior. No será posible un futuro sostenible sin una educación
transformadora. La sostenibilidad debe construirse desde las aulas, en los
procesos formativos y en la manera en que enseñamos a habitar el planeta con
responsabilidad.
Los sistemas
educativos deben ofrecer herramientas para construir una sociedad más
equitativa y justa: competencias verdes, conexión con el territorio,
metodologías activas, y docentes formados para promover el cambio. Las escuelas
tienen que ser espacios donde construir una visión compartida de futuro, que
forme para la vida, la convivencia y la sostenibilidad.
Esta
transformación educativa necesita respaldo político y un lugar prioritario en
la agenda internacional. En este marco, espacios de gobernanza global como la
COP30 —la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático,
que se celebrará en 2025 en Brasil— se vuelven fundamentales. No solo porque
permiten alcanzar compromisos internacionales o visibilizar la urgencia de
actuar, sino porque son una plataforma para situar a la educación en el centro
del debate.
Este evento de
referencia internacional, que este año cuenta con el apoyo organizativo de la
OEI, debe, además de abordar cuestiones clave como la acción climática y el
financiamiento, reconocer a la educación para el desarrollo sostenible como un
pilar estratégico. Más que un gesto simbólico, es una apuesta por el largo
plazo y por la construcción de una ciudadanía capaz de apoyar y sostener los
acuerdos globales.
Para lograrlo,
es necesario fortalecer el sistema multilateral mediante una coordinación
efectiva entre los niveles multilateral, regional y nacional, alineando los
planes de desarrollo nacionales con los objetivos internacionales. Solo así
será posible movilizar financiamiento, promover soluciones duraderas y situar a
la educación como motor de una transición justa.
América Latina
tiene un rol crucial en el futuro del planeta. Alberga la mitad de la
biodiversidad mundial y cerca del 60% de los bosques tropicales. Su camino
hacia la sostenibilidad definirá no solo su destino, sino el de toda la
humanidad. Avanzar en esta dirección requiere compromiso político, consensos
sociales y una educación capaz de formar ciudadanos comprometidos y solidarios.
Tamara
Díaz Fouz es
directora general de Educación y ETP de la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
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TAMARA DÍAZ FOUZ
Madrid - 12 JUN 2025 - 23:00 VET

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