Ocho de los 28 núcleos con mayor tala de bosque están en el departamento del Guaviare que, durante 2025, ha registrado secuestros, atentados y bombardeos. Autoridades locales denuncian que hay retrasos en los pagos por conservación
Desde el aire,
la carretera que comunica a Calamar con Miraflores, en el departamento de
Guaviare, aparece como una cicatriz en la tierra. Alrededor de este camino no
pavimentado, que empezó a abrirse ilegalmente en la década de los setenta por
cocaleros, se percibe cómo se ha perdido el bosque: la intensidad del verdor
baja progresivamente. Más al noreste, sobre los límites del resguardo
indígena Nukak Maku, la densidad de los árboles apretados a lo lejos
contrasta con algunos parches de cultivos de coca. Y durante casi todo el
sobrevuelo que dura hora y media, la sensación es la de estar por encima de una
maqueta en donde las líneas fueron trazadas con precisión. Priman los potreros
para la ganadería, aunque por la distancia y los números, las vacas sean casi
efímeras.
Al Guaviare,
uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia, lo sigue acechando la
deforestación. “Siempre hemos tenido una vocación equivocada hacia la
ganadería”, dice Willy Alejandro Rodríguez Rojas, alcalde municipal de San José
del Guaviare, del partido Nuevo Liberalismo. La ganadería extensiva, el
acaparamiento de terrenos baldíos, la siembra de cultivos y las vías ilegales
han sido una constante en el departamento, aunque con ciertas fluctuaciones.
Este año, sin embargo, el acentuamiento de los problemas de seguridad pública
llevó al medioambiente a un segundo plano. “Si no somos capaces de hacer un
llamado a la preservación de la vida, mucho menos se puede a la de nuestros
bosques”, comenta durante un encuentro liderado por la Iniciativa
Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI) en San José del Guaviare.
Vista aérea de
la deforestación causada por ganadería y tala de árboles en Guaviare.NATHALIA
ANGARITA
A principios
de noviembre, la casa del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castañeda, del
municipio vecino, fue atacada con drones y, semanas después, se confirmó que siete menores murieron por un bombardeo de las Fuerzas Militares
contra las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco,
también en Calamar. A lo largo de 2025, la Defensoría del Pueblo ha alertado
sobre desapariciones, reclutamiento forzado y confinamientos en todo el
departamento. En agosto, secuestraron allí a 34 militares y, en julio, le dispararon al periodista Gustavo Chicangana. “Estábamos acostumbrados a la presencia de un
grupo irregular”, agrega el alcalde Rodríguez. “Pero hoy hay grupos de grupos.
Hay disputa por el territorio para ejercer la extorsión, el tráfico y la hoja de
coca. Y la comunidad está ahí de por medio”.
Primeras
alertas
“Cuando los
colonos llegaron a Guaviare y vieron las sabanas naturales, creyeron que era lo
mismo que el Meta”, dice Julio Roberto del Cairo, coordinador de la Corporación
para la Investigación, el Desarrollo Agropecuario y Ambiental (CINDAP). “Y se
olvidó por un tiempo que se trataba de la Amazonia”. Los primeros lo hicieron
en los años 20, impulsados por el mismo Gobierno colombiano que, en ese
entonces, buscaba poblar la región. Trataron la tierra como si fuera la misma
del llano: con ganadería y agricultura. Fueron comiéndose la selva.
Pero en los
últimos años, la deforestación en el departamento, cubierto en un 85% de
bosque, tiene patrones asociados al conflicto, al igual que otras zonas del
país. Tras un máximo de casi 45.000 hectáreas taladas en 2018 tras el Acuerdo
de Paz firmado con la ex guerrilla de las FARC, la cifra se logró contener para 2023, cuando se redujo en un 27%, según datos oficiales
dados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam). Ante la crisis de seguridad y el cambio climático, que hace las
sequías más intensas, hay inquietud por lo que viene.
Willy
Alejandro Rodríguez en San José del Guaviare, el 20 de noviembre.NATHALIA
ANGARITA
En el primer
boletín de alertas tempranas de deforestación de 2025 —de enero a marzo —,
cuatro de los 18 núcleos de alerta temprana a nivel nacional se identificaron
en Guaviare: Yaguará II, Calamar-Miraflores, San José del Guaviare-Kuway-Nueva
York, y El Retorno. “Durante ese primer trimestre tuvimos un verano fuerte”,
recuerda Felipe Esponda, director de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA). En febrero es cuando más se
quema y, en casi todos los casos, se notificaron expansiones de trochas a
principios del año. El reporte, por ejemplo, habla de “la expansión de la
infraestructura de transporte no planificada desde la vía Marginal de la Selva
y una trocha sobre el límite norte del resguardo Llanos del Yarí-Yaguara II”,
para el primer núcleo del Guaviare.
Para el
segundo semestre de 2025, el panorama dio mejores señales. En general, las
alertas de deforestación en la Amazonia de Colombia se redujeron un 16% entre
abril y junio de 2025 si se comparan con las de 2024. Y, en Guaviare, según
Esponda, el agua volvió e, incluso, lograron tener los afluentes hídricos a
tope, “como no sucedía hace 20 años”. Sin embargo, para el departamento, entre
abril y junio se reportaron 167 hectáreas deforestadas más que en ese mismo
trimestre en 2024.
Sobre los
últimos meses del año aún no hay reportes oficiales, pero el director de la CDA
mantiene la confianza. A pesar de que la deforestación continua, dice, “no se
han vuelto a superar las 20.000 o 30.000 hectáreas” taladas a las que alguna
vez se llegó.
Pagar por
el bosque en pie
El Gobierno de
Gustavo Petro trajo muchos cambios en el lenguaje. Entre esos, está el de
darles el nombre de núcleos de desarrollo forestal y biodiversidad a las zonas
que antes se conocieron como núcleos de deforestación por ser las áreas de
mayor presión. La idea es que allí a las personas no solo se les pague por
mantener la selva en pie —un programa a cargo del Ministerio de Ambiente—, sino
que se desarrollen proyectos de reconversión productiva, manejo forestal
sostenible y reforestación, entre otros, por parte de diferentes entidades
ambientales. De los 28 núcleos que hay en Colombia, 22 están en la Amazonia y,
ocho, en Guaviare.
Vista general
Serranía de la Lindosa, el 21 de noviembre.NATHALIA ANGARITA
En algunos
casos, el avance ha sido complejo. La CDA, cuenta Esponda, tiene a su cargo los
núcleos de Manavires y Angoletas, pero no “se ha podido avanzar mucho porque el
mismo tema del orden público no lo permite”. En estas semanas, de hecho, están
realizando las últimas mesas de gobernanza con involucrados en los núcleos para
acordar cómo entrar con los proyectos. También comenta que los retrasos en el
pago de 900.000 pesos colombianos mensuales (240 dólares) que el Ministerio de
Ambiente les da a quienes deciden no deforestar a través del programa Conservar
Paga, han generado desconfianza y desanimo entre los campesinos. “La comunidad
a veces no entiende que no es nuestra potestad decir cuándo se paga. Nosotros,
como CDA, verificamos en terreno la información que nos reporta el IDEAM para
confirmar si hay deforestación o no”, aclara. “Pero ya es el Ministerio el que
decide cuándo hacer el pago”, agrega. Actualmente, advierte, hay retrasos de
hasta nueve meses o más en el programa para Guaviare, del que hacen parte 1.450
usuarios.
Ante otros
núcleos, el relato es más favorable. El Instituto Amazónico de Investigaciones
Científicas (Sinchi) está a cargo de tres núcleos en Guaviare (Charras-Boquerón, Kuwait-New
York-Cristalina y Miraflores) y su subdirector Científico y Tecnológico, Jaime
Barrera García, cuenta que ya están trabajando con 1.113 familias. “Se está
apoyando en procesos de restauración productiva basada en especies de la
región, en la transformación a un modelo más agroecológico y en un manejo
forestal sostenible”, comenta. También están haciendo un diplomado junto a la
Universidad Javeriana para que 49 personas se conviertan en lo que llaman
“extensionistas forestales”: personas locales con conocimientos en manejo
forestal, restauración o rehabilitación que puedan diseminar lo que
aprendieron.
Sobre el
retraso en los pagos a los beneficiarios, Barrera dice que sí vieron que esa
“inestabilidad generó inconformidad en el territorio”, pero que, en el caso de
los tres núcleos en los que tiene presencia el Sinchi, ya se reanudaron los
pagos incluyendo su retroactividad. “Estamos en el momento más alto de la
ejecución de los programas y hay un compromiso muy grande de las comunidades”.
El Ministerio de Ambiente fue consultado por América Futura sobre las razones y
porcentajes del retraso de desembolsos de Conservar Paga en Guaviare, pero no
recibió respuesta.
En octubre,
sin embargo, la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres, anunció la extensión del programa. “Con esta
ampliación, buscamos que a diciembre de 2026 tengamos al menos 9.000 acuerdos
de conservación suscritos con las familias, cubriendo cerca de 350.000
hectáreas de bosque tropical”, afirmó. Tras un año de implementación, dijo, “se
evidencia una efectividad del 98% en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por las familias”.
El sobrevuelo
se hizo por invitación de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques
Tropicales (IRI).
Foto principal: Vista aérea de la deforestación en San José del Guaviare, el 22 de noviembre.NATHALIA ANGARITA
San José del Guaviare - 29 NOV 2025 - 00:30 VET
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