Los graves impactos del cambio climático en México no son irremediables si la inversión en el sector público y privado se orienta hacia sectores estratégicos.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es uno de los países que sufre de manera desproporcionada las consecuencias del cambio climático. Esta misma organización advierte que el número de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el clima ha aumentado, y se prevé que su frecuencia e intensidad continúen en ascenso, generando mayores consecuencias socioeconómicas adversas para la población.
Ejemplo de
ello son los recientes huracanes Otis y John, que impactaron en el estado de
Guerrero en un lapso de apenas dos años. Otis tocó tierra en Acapulco en
octubre de 2023 como un huracán de categoría 5, causando una devastación sin precedentes: 52 personas fallecidas y 32 desaparecidas. Su rápida
intensificación lo convirtió en el huracán más potente registrado en tocar
tierra en la cuenca del Pacífico Nororiental. Tan solo un año después, en
septiembre de 2024, el huracán John volvió a golpear Acapulco, dejando un saldo aún más elevado de muertes,
deslaves y hundimientos que agravaron la ya precaria situación socioambiental
de la región.
A este
escenario se suma una crisis hídrica severa, considerada la más grave en los
últimos tres años, que ha afectado amplias zonas del país desde 2022. La combinación de sequías extremas y temperaturas
excepcionalmente altas ha incrementado la presión sobre las fuentes de agua en
diversas regiones. Según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED), los estados más afectados históricamente son Durango, Chihuahua y
Coahuila, seguidos por Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y
Guanajuato.
Aunque estos
eventos no son nuevos, su creciente intensidad y recurrencia evidencian la
urgencia de invertir en soluciones ambientales enfocadas tanto en la adaptación
como en la mitigación del cambio climático, con el objetivo no solo de reducir
los riesgos y daños futuros, sino también de restaurar ecosistemas, proteger
medios de vida y fortalecer la resiliencia social y territorial.
Diversos
organismos nacionales e internacionales han coincidido en que invertir en
soluciones ambientales es clave para mitigar los impactos del cambio climático,
restaurar territorios degradados, mejorar la calidad de vida y, al mismo
tiempo, generar oportunidades económicas. Estas inversiones son estratégicas no
solo para el sector público, sino también para el sector privado, la filantropía
y las comunidades organizadas que buscan transitar hacia modelos de desarrollo
sustentables y justos.
¿Cuáles
son las soluciones ambientales en las que se puede invertir?
Este tipo de inversiones puede clasificarse en dos grandes categorías:
obligatorias y voluntarias. Las inversiones obligatorias tienen como objetivo
controlar, mitigar, compensar o corregir los impactos ambientales generados por
los sistemas productivos, con el fin de evitar sanciones, reducir costos
innecesarios y cumplir con la normatividad ambiental vigente. En muchos casos,
dicha normatividad también abarca ámbitos relacionados como la salud, la
seguridad industrial o la eficiencia energética.
Por otro lado,
las inversiones voluntarias (también conocidas como parte de las estrategias de
responsabilidad social empresarial) buscan mejorar la imagen pública de las
organizaciones, fortalecer su legitimidad ante la sociedad y retribuir a las
comunidades por los impactos ocasionados. Aunque no son exigidas por ley, cada
vez son más valoradas por consumidores, inversionistas y otros grupos de
interés.
En la
práctica, estas inversiones pueden adoptar múltiples formas y aplicarse en
diversos sectores. A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos:
Tabla 1.
Ejemplos de soluciones ambientales en las que se puede invertir según el
sector
|
Sector |
Ejemplo |
Impacto |
|
Energías renovables |
Financiamiento
de parques solares o eólicos, desarrollo de tecnologías más eficientes para
generación de energía limpia. |
Reducen
la dependencia de combustibles fósiles, disminuyen las emisiones de carbono y
promueven la transición energética. |
|
Restauración de ecosistemas |
Inversión
en proyectos de reforestación o bonos de carbono para apoyar la conservación
de bosques. |
Protegen
la biodiversidad, previenen desastres naturales y mejoran la calidad del agua
y aire. |
|
Agricultura y producción sustentable |
Apoyar
a agricultores que implementan técnicas agroecológicas o proyectos
agricultura regenerativa, permacultura y agroforestería |
Mejoran
la seguridad alimentaria, restaura suelos y reduce el uso de
agroquímicos. |
|
Gestión
del agua y saneamiento |
Financiamiento
de plantas de tratamiento de aguas residuales o tecnologías para reducir el
desperdicio de agua |
Reduce
la crisis hídrica y mejora la disponibilidad de agua para comunidades. |
|
Gestión comunitaria del ambiente |
Inversión
y acompañamiento de cooperativas, redes ciudadanas o comités comunitarios
para el monitoreo y vigilancia ambiental |
Fortalecen
autonomía local, saberes tradicionales y resiliencia territorial |
Fuente:
elaboración propia
A nivel
internacional, algunos organismos multilaterales como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) están apostando por soluciones ambientales alineadas con los principios
de justicia climática y enfoque territorial. Ejemplos de
ello son:
- Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (Nature-Based
Solutions) impulsadas por el PNUD.
- Los Bonos Verdes y Fondos Climáticos Sostenibles
del BID, orientados a infraestructura ecológica.
- La transición energética con inclusión social y
enfoque comunitario promovida por el PNUMA en América Latina.
Inversión
en soluciones ambientales y retos en México
En nuestro
país, el gobierno federal actual ha impulsado diversas inversiones en
soluciones ambientales, como el saneamiento de ríos, con énfasis en los tres
más contaminados: Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, así como el diagnóstico para
diseñar una Estrategia Nacional de Economía Circular. Sin embargo, entre las
acciones más destacadas se encuentra el programa Sembrando Vida,
creado durante la administración de López Obrador. Su objetivo principal es
contribuir al bienestar social de las y los sembradores mediante el impulso de
la autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido social y la
restauración ecológica, a través del establecimiento de sistemas agroforestales
productivos en parcelas comunitarias.
Durante la
reunión del G20 en 2024, el programa fue presentado por la presidenta Claudia
Sheinbaum como una herramienta clave para enfrentar la degradación ambiental y
una oportunidad para atraer inversión internacional en soluciones
ambientales: Sembrando Vida promueve acciones como la reforestación, la
regeneración de suelos, la protección de la biodiversidad y la mejora de la
calidad del agua y del aire.
Sin embargo,
diversos informes y análisis han evidenciado limitaciones que ponen en entredicho la viabilidad
del programa a largo plazo. Uno de los principales señalamientos es la falta de
integración con estrategias de conservación de largo plazo y la débil
supervisión ecológica, lo que podría comprometer la sustentabilidad de los
esfuerzos de reforestación. Estas deficiencias estructurales reflejan que,
aunque el programa presenta elementos positivos, su eficacia depende de una
mejora sustantiva en su diseño, implementación y monitoreo.
Además, la
inversión en soluciones ambientales no puede reducirse a reforestar por
hectáreas plantadas sin un enfoque sistémico. Estas inversiones deben formar
parte de una estrategia más amplia que incluya la conservación de ecosistemas
existentes, el fortalecimiento institucional ambiental, el ordenamiento
territorial participativo, la promoción de prácticas agroecológicas, la
reforestación con especies nativas/endémicas y la educación ambiental
comunitaria. Sin esta mirada integral, los esfuerzos pueden incluso derivar en
efectos adversos, como la introducción de especies inadecuadas o el
desplazamiento de prácticas agrícolas tradicionales.
El reto para
el gobierno mexicano no es solo promover la inversión en soluciones ambientales
atractivas en foros internacionales, sino demostrar que es posible transformar
los territorios de forma justa y sustentable, evitando los “errores del
pasado”. Esto requiere planificación cuidadosa, participación comunitaria
genuina, transparencia en la asignación de recursos y evaluación constante de
resultados. Solo mediante un compromiso coherente y una implementación efectiva
será posible avanzar hacia transiciones sustentables que permitan combatir el
cambio climático y posicionar a México como un actor serio y propositivo en la
agenda ambiental global.
Por último, es
necesario subrayar que no solo el gobierno mexicano está invirtiendo en este
tipo de soluciones, sino también diversos organismos internacionales,
empresas, fundaciones y redes ciudadanas. Aunque se han dado pasos importantes hacia la
promoción para impulsar estas iniciativas, es urgente preguntarse quién decide
qué se invierte, en qué territorios, con qué actores y bajo qué criterios. Sin
justicia ambiental ni participación de los pueblos y comunidades, el riesgo es
reproducir las mismas desigualdades que la crisis climática ha exacerbado. En
muchas ocasiones, las inversiones tienden a beneficiar principalmente a grandes
actores institucionales o empresariales, mientras que las poblaciones
históricamente marginadas —rurales o urbanas— reciben escasos beneficios, sin
que se consideren sus prioridades, saberes ni necesidades específicas.
Por ello,
frente a la crisis climática, las soluciones ambientales no pueden pensarse
únicamente en términos financieros. Necesitamos transiciones justas, guiadas
por la ética del cuidado, la autodeterminación de los pueblos, el respeto a los
límites planetarios y la solidaridad entre generaciones. Esta es una de las
múltiples posibilidades que permiten imaginar y construir un presente y un
futuro más justo y sustentable.
Nahum Elías Orocio Alcantara y José L García
13 mayo 2025
EDICIÓN ESPAÑA
N° 290 /
Noviembre 2025
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