¿Tragedia natural o negligencia estatal? Investigaciones revelan cómo la corrupción y la falta de estudios sísmicos colapsaron viviendas en Caracas y La Guaira.
La Gran Aldea, 25
AGOSTO 2026
El 24 de junio
de 2026 la tierra tembló dos veces en Venezuela. Dos terremotos de magnitudes
7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, golpearon principalmente Caracas y
La Guaira y produjeron una de las mayores tragedias de nuestra historia
reciente.
Los terremotos
fueron fenómenos naturales. La vulnerabilidad con la que Venezuela llegó a
ellos, no.
Esa distinción
es fundamental porque, dos meses después, investigaciones periodísticas,
documentos oficiales, análisis técnicos y testimonios de especialistas permiten
reconstruir una historia que comenzó mucho antes de que se moviera la primera
falla.
Venezuela
sabía que era un país sísmico. Sabía dónde estaban algunas de sus zonas de
mayor riesgo. Tenía normas de construcción para enfrentarlo. Tenía científicos
que estudiaban esos riesgos. Tenía una institución especializada en sismología.
Tenía organismos de protección civil, cuerpos de bomberos y un marco
institucional para gestionar emergencias. Y tenía dinero. Muchísimo dinero.
Lo que ocurrió
durante casi tres décadas fue otra cosa: la progresiva sustitución de
capacidades estatales por lealtades políticas; de controles por
discrecionalidad; de planificación por propaganda; de conocimiento técnico por
decisiones verticales; y, en algunos casos, de científicos por militares.
Por eso la
tragedia política ocurrió antes que la natural.
Sabían
dónde estaban construyendo
La investigación publicada por The Washington Post el
22 de agosto demuestra que, dos décadas antes del terremoto, científicos que
trabajaban para el propio Estado venezolano habían identificado zonas
particularmente vulnerables ante un gran sismo. Sin embargo, años después el
gobierno construyó allí complejos de viviendas de alta densidad de la Gran
Misión Vivienda Venezuela. No se trataba de un peligro desconocido.
Después del
terremoto de Caracas de 1967, Venezuela desarrolló durante décadas conocimiento
científico sobre amenaza sísmica y normas de construcción cada vez más
exigentes. Los códigos vigentes establecían condiciones que debían permitir que
las edificaciones modernas resistieran terremotos severos.
Además,
Caraballeda había sido estudiada. Los investigadores conocían sus
características geológicas, la posibilidad de licuefacción y la capacidad de
determinados suelos para amplificar el movimiento. También habían estudiado
períodos naturales del terreno que podían resultar especialmente problemáticos
para edificios de ciertas alturas.
Pese a ello,
allí se construyeron decenas de torres de vivienda pública. El resultado del 24
de junio permite dimensionar aquella decisión. Según el análisis satelital
realizado por The Washington Post, en Caraballeda colapsaron 15 de
las 28 torres de la Gran Misión Vivienda estudiadas: unas 1.440 viviendas
desaparecieron en segundos.
Más de la
mitad de las edificaciones de alta densidad de la Misión Vivienda analizadas
por el periódico se desplomaron. Entre edificios privados comparables, cayó
aproximadamente uno de cada diez. La investigación identificó diez edificios
privados de gran altura levantados después de las normas sísmicas de 2001. Solo
uno colapsó, y estaba conectado a una estructura construida al menos 42 años
antes. Inevitable la comparación…
“No hacíamos
estudios de suelo”
Farruco Sesto,
uno de los hombres fundamentales de la política de vivienda de Hugo Chávez y
presidente de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales,
reconoció años después: “No hacíamos estudios de suelo. Teníamos mucha
urgencia por entregar las viviendas”.
No es la
acusación de un adversario político. Es el reconocimiento de uno de los
responsables del propio programa. La investigación de Armando.Info sobre las
construcciones de la Opppe permite entender lo que significaba aquella
“urgencia”.
La oficina
había nacido en 2009 y después de las lluvias de 2010 recibió la misión de
levantar viviendas rápidamente para los damnificados. En enero de 2011 pasó a
ser una fundación del Estado con patrimonio propio y amplias atribuciones para
administrar recursos.
Los proyectos
se desarrollaron “a todo galope”, según reconstruyó Armando.Info:
contratos adjudicados directamente, empresas cuya experiencia era incierta,
opacidad sobre el uso de los fondos y dudas sobre la evaluación de los
terrenos.
Otro de los
responsables del programa, el arquitecto Lucas Pou Ruán, describiría
posteriormente una dinámica igualmente reveladora: durante la emergencia
comenzaron a diseñarse proyectos sin que estuvieran definidos todavía el
terreno ni las variables urbanísticas, mientras paralelamente se seleccionaban
y ocupaban las parcelas.
Primero había
que construir. Después se resolvería dónde y bajo qué condiciones. Ese orden de
prioridades es exactamente el contrario al de una política pública orientada a
gestionar riesgos.
Y tenía detrás
enormes cantidades de dinero.
Solo en 2012
la Opppe manejó un presupuesto equivalente a aproximadamente 1.170 millones de
dólares. Ese era, además, un año electoral. Los documentos oficiales
registraron la entrega de 2.306 viviendas en Vargas y otras 240 en Caracas
durante aquel año.
La vivienda
funcionaba simultáneamente como política social y como instrumento de
legitimación política.
Cuando cumplir
una meta de viviendas se convierte en una necesidad política inmediata, los
estudios de suelo, los procedimientos administrativos, las licitaciones y las
inspecciones pueden comenzar a ser percibidos como obstáculos. Ese es
precisamente el valor institucional de esos controles: hacer más lenta una
decisión cuando hacerla demasiado rápido puede matar gente.
43 torres
y ninguna salió indemne
El terremoto
terminó sometiendo aquellas decisiones a una prueba imposible de
manipular. Armando.Info recorrió nueve urbanismos construidos
por la Opppe en La Guaira, con un total de 43 torres. 16 colapsaron. Las otras
27 permanecieron en pie, pero presentaron daños estructurales importantes y
quedaron inhabitables, varias señaladas para demolición. Es
decir: ninguna de las 43 salió indemne.
Los nueve
urbanismos reunían 3.637 apartamentos y una población potencial superior a
14.500 personas. La mayoría se concentraba precisamente en Caraballeda.
En Opppe 26,
uno de los casos más dramáticos, había doce torres de doce pisos y 876
apartamentos. Seis torres colapsaron. En ese conjunto podían vivir más de 3.500
personas.
La comparación
realizada posteriormente por The Washington Post amplía el
problema más allá de esos complejos: las viviendas públicas modernas que debían
cumplir normas antisísmicas se desplomaron proporcionalmente mucho más que
edificios privados comparables.
Habrá que
investigar estructura por estructura para establecer las causas técnicas y las
responsabilidades individuales. Pero hay una responsabilidad institucional que
ya puede observarse.
El problema no
consistió simplemente en que alguien pudiera haber calculado mal una columna.
El problema fue construir un sistema en el cual la decisión política podía
imponerse sobre los mecanismos diseñados precisamente para impedir que una mala
decisión terminara convertida en una catástrofe.
Cuando el
uniforme sustituyó a la ciencia
La historia de
Funvisis permite observar el mismo fenómeno desde otro lugar. La Fundación
Venezolana de Investigaciones Sismológicas nació en 1972, precisamente como
consecuencia del terremoto de Caracas de 1967. Durante décadas Venezuela
desarrolló allí conocimiento, profesionales, sistemas de monitoreo,
investigación y programas de prevención.
Después del
terremoto de Cariaco de 1997 se modernizó el registro sísmico. En 1999 se
consiguieron recursos para adquirir una red moderna de 35 estaciones de banda
ancha, instalada desde el año 2000.
Para 2014
Funvisis informaba que Venezuela disponía de 40 estaciones distribuidas por las
zonas de mayor actividad sísmica, complementadas por redes regionales. Aquella
capacidad fue desapareciendo.
Raúl Estévez,
fundador del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de Los Andes, atribuyó
el deterioro de las estaciones a “la falta absoluta de presupuesto y soporte
técnico”. La red regional de la ULA, que llegó a tener alrededor de 25
estaciones propias, terminó completamente inoperativa.
En Sucre, el
estado venezolano de mayor peligro sísmico, tampoco estaba activa la red del
Centro de Sismología de la Universidad de Oriente.
Pero la
destrucción no fue solamente presupuestaria. Fue también institucional.
Funvisis había pertenecido a la estructura científica del Estado. En 2018
terminó adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y la
histórica conducción científica de la institución fue sustituida por conducción
militar.
Diversas
fuentes consultadas por Runrun.es sitúan el
deterioro más profundo precisamente a partir de esa militarización. La
ingeniera geóloga Luiraimar Salazar denunció jubilaciones forzadas de
científicos experimentados, especialistas apartados y trabajadores que
permanecieron con salarios precarios y recursos cada vez menores.
Raúl Estévez
resumió otra consecuencia de años de destrucción de universidades y centros de
investigación: “Las generaciones de relevo en el área se fueron. Quedamos los
jubilados”.
Es difícil
encontrar una descripción más precisa de lo que significa destruir capacidad
estatal. Porque un Estado no es el edificio donde funciona un ministerio ni el
decreto mediante el cual existe formalmente una fundación. Un Estado también es
conocimiento acumulado.
Son
científicos formados durante décadas. Técnicos que saben interpretar datos.
Redes de instrumentos que requieren mantenimiento. Protocolos. Archivos.
Laboratorios. Bibliotecas. Formación de nuevos especialistas. Memoria
institucional. Destruir todo eso puede tomar años. Reconstruirlo también.
También
desmontaron la prevención
Funvisis no
servía únicamente para registrar dónde había temblado. Una política moderna de
gestión del riesgo intenta que la población sepa qué hacer antes de
una emergencia.
En 1998 se
creó el Aula Sísmica Madeleilis Guzmán, llamada así en homenaje a la maestra
que murió durante el terremoto de Cariaco después de salvar a dos alumnas. El
programa estudiaba cómo reaccionaban distintos sectores de la población ante
los sismos y desarrollaba formación y prevención. En 2018 fue cerrado.
También cerró
el Museo Sismológico de Caracas, instalado en el histórico Observatorio Juan
Manuel Cagigal. Allí existían un simulador de terremotos, instructores,
especialistas y una biblioteca que cumplían una función particularmente
importante para las comunidades del oeste de Caracas.
También
desapareció el servicio gratuito 0800-TEMBLOR.
No son
anécdotas administrativas. Son capacidades de prevención que dejaron de
existir. Y mientras disminuía la red científica nacional, desaparecían redes
universitarias, cerraban programas de educación sísmica y emigraban
especialistas, Venezuela seguía estando exactamente encima de las mismas fallas
geológicas.
El riesgo
natural no había disminuido. Lo que disminuyó fue la capacidad del Estado para
comprenderlo, monitorearlo y preparar a la sociedad.
El Estado
que sí se construyó
Sería cómodo
describir todo esto simplemente como un “Estado débil”. Pero Venezuela no llegó
al 24 de junio después de 27 años durante los cuales el poder político hubiese
desaparecido. En algunas áreas ocurrió exactamente lo contrario.
Durante ese
mismo período se desarrollaron y fortalecieron organismos de inteligencia,
sistemas de vigilancia, estructuras militares y policiales y mecanismos
tecnológicos destinados al control territorial y social.
El informe preliminar
del Miranda Center for Democracy contrapone ese aparato con la precariedad
encontrada en los organismos encargados de proteger a la población. Entre otras
inversiones, identifica más de 1.000 millones de dólares destinados
al sistema de videovigilancia VEN-911 y la compra de miles de camiones pesados
chinos.
Estamos frente
a un Estado que escogió cuáles capacidades conservar, cuáles fortalecer y
cuáles dejar morir. Y eso es profundamente político.
Los Estados
autoritarios pueden ser extraordinariamente eficaces para unas funciones y
desastrosamente incapaces para otras. Pueden desarrollar sofisticados sistemas
de vigilancia mientras un hospital carece de insumos. Pueden conocer los movimientos
de un dirigente opositor mientras pierden estaciones capaces de registrar los
movimientos de una falla geológica. Pueden tener cuerpos preparados para
controlar una manifestación y bomberos sin equipos suficientes para entrar en
un edificio colapsado.
La capacidad
estatal no desaparece necesariamente de manera uniforme. Puede deformarse
alrededor de las prioridades del régimen. Más si se trata de un régimen que
combina los crímenes de una tiranía, la corrupción como modelo total y la
incapacidad como característica de sus “funcionarios”.
Bomberos,
Protección Civil y hospitales: la emergencia también se prepara antes
El terremoto
expuso igualmente el deterioro acumulado de las instituciones que debían
responder cuando la prevención ya no fuera suficiente.
Los problemas
de Protección Civil, bomberos y sistema sanitario no comenzaron a las 9 de la
noche del 24 de junio. Llegaron con ellos.
El análisis de Transparencia Venezuela describe un sistema de salud que ya
estaba severamente debilitado: según datos de la Encuesta Nacional de
Hospitales de 2024 utilizados en el informe, solo 40% de los quirófanos estaba
operativo y existía 74% de desabastecimiento de insumos de emergencia.
El Miranda
Center recogió el testimonio de un integrante de Protección Civil en La Guaira
que resume la situación material con la que algunos rescatistas enfrentaron el
desastre: “No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la
tecnología… Estamos en la Edad de Piedra”.
Lo ocurrido
después del primer temblor pertenece, fundamentalmente, a otra parte de esta
historia. Pero un dato permite entender lo que había ocurrido antes.
Transparencia Venezuela calculó que, a las 24 horas, el Estado había desplegado
apenas 12,6% de la fuerza máxima que terminaría movilizando. A las 48 horas
alcanzaba 34,6%. El máximo de 31.837 efectivos solo se alcanzó el día 18.
Esa lentitud
no se explica únicamente por decisiones tomadas durante aquellas horas. Una
capacidad de emergencia nacional no puede inventarse después de que colapsan
los edificios.
Hay que tener
antes los equipos. Antes los profesionales. Antes los protocolos. Antes la
maquinaria. Antes las comunicaciones. Antes las instituciones.
El
problema no fue desconocer el peligro
Venezuela
sabía. Sabía que estaba expuesta a terremotos devastadores porque ya los había
sufrido. Sabía que Caraballeda tenía características geológicas particularmente
delicadas. Tenía estudios. Tenía códigos antisísmicos. Tenía ingenieros. Tenía
sismólogos. Tenía a Funvisis. Tenía redes universitarias. Tenía programas de
prevención. Tenía instituciones de Protección Civil. Y durante el mayor boom
petrolero de nuestra historia tuvo recursos extraordinarios para fortalecer
todo aquello.
Sin embargo,
mientras la amenaza permanecía, muchas de esas capacidades fueron
deteriorándose. La ciencia perdió espacio frente al control político. La
planificación perdió espacio frente a la urgencia propagandística. Los
procedimientos perdieron espacio frente a la discrecionalidad. La meritocracia
perdió espacio frente a la lealtad. Y los controles que existen precisamente
para limitar los errores del poder fueron tratados como obstáculos para que el
poder actuara más rápido.
En 2012,
mientras la Opppe disponía de alrededor de 1.170 millones de dólares y
aceleraba la entrega de viviendas en un año electoral, quienes las diseñaban
admitieron después que no hacían estudios de suelo porque había “mucha
urgencia”. Catorce años más tarde, algunas de aquellas torres estaban
convertidas en montañas de concreto.
El
fracaso de un modelo de Estado
Si reducimos
lo ocurrido a funcionarios que robaron dinero o constructores que pudieron
utilizar materiales deficientes, dejamos fuera un problema mayor, y es que lo
ocurrido también fue consecuencia de una concepción del Estado.
Durante años,
el chavismo convirtió las instituciones en extensiones del proyecto político.
La administración pública dejó progresivamente de concebirse como una
estructura profesional sometida a reglas y destinada a prestar servicios
independientemente de quién gobernara. La frontera entre Estado, gobierno y
partido fue desapareciendo.
En ese modelo,
un organismo técnico puede ser militarizado porque la lealtad importa más que
la especialización. Una obra puede adjudicarse directamente porque el
procedimiento incomoda. Un estudio puede omitirse porque retrasa una
inauguración. Una universidad puede quedarse sin presupuesto porque ya no
constituye una prioridad política. Un científico puede emigrar y no ser
reemplazado porque su conocimiento no produce obediencia inmediata.
Cada decisión
parece aislada… hasta que ocurre un terremoto. Entonces todas aparecen
simultáneamente. El edificio que se construyó con prisa. El suelo que no se
estudió. La inspección que no se hizo. El científico que se marchó. La estación
que dejó de funcionar. El programa de prevención que cerró. El bombero sin
equipamiento. El hospital sin insumos. La maquinaria que no está disponible.
Nada de eso
nació el 24 de junio. Todo estaba allí antes de que la tierra comenzara a
moverse.
Por eso, para
entender la dimensión de la tragedia venezolana, hay que estudiar los 27 años
que precedieron al doble terremoto.
La naturaleza
puso a prueba al Estado venezolano durante unos segundos. Y lo que colapsó
había comenzado a ser destruido mucho antes.
https://laldea.site/2026/08/25/la-tragedia-politica-ocurrio-antes-que-los-terremotos/
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