El equipo
científico asesor de la Organización de Naciones Unidas presentó
en Bangkok (Krung Thep, o ciudad de ángeles, en Tailandés), a inicios de
Septiembre 2018 el resumen ejecutivo de su más reciente evaluación sobre las
tendencias del calentamiento global.
El veredicto
fue demoledor. El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio
Climático(IPCC por sus siglas en inglés) advierte sin tapujos ni
vacilaciones sobre el inminente peligro para la humanidad de mantener las
tendencias actuales de emisiones de gases de efecto invernadero. Si no se reducen
de manera drástica e inmediata, el umbral de los 1.5°C registrados se
superará en menos de una década, con un aumento proporcional en el
desbalance energético planetario. Mientras que el umbral de los 2°C se
superará en 20 años (http://ipcc.ch/report/sr15/)
Advierte
también que el límite de los 2°C es altamente peligroso, pues tiende a provocar
aumentos súbitos en el nivel del mar de varios metros para finales de siglo
como consecuencia de la expansión térmica del océano y el derretimiento de las
masas de hielo polares y de los glaciares; amenaza con destruir cerca de la
mitad de biodiversidad remanente del planeta; tiende a agudizar la escasez de
agua y alimentos especialmente en las zonas más pobladas, provocar guerras y el
desplazamiento de cientos de millones de refugiados climáticos.
El Acuerdo
Climático de París, firmado en Diciembre 2015 y ratificado en
la sede de la ONU en el 2016, tiene por objeto evitar que el aumento en la
temperatura superficial promedio del planeta supere los 2°C para finales del
siglo 21 con respecto al promedio de la época pre-industrial, haciendo
lo posible por limitarlo a 1.5°C.
La referencia
al límite de 1.5°C se incluyó en el acuerdo por insistencia de países
insulares, cuya existencia se encuentra seriamente amenazada por el inevitable
aumento en el nivel del mar, incremento en la intensidad y frecuencia de
huracanes y tormentas, agotamiento de fuentes de agua, aumento en la acidez de
los océanos, destrucción de los arrecifes de coral y desaparición de la fauna
marina.
El aumento en
la temperatura superficial anual promedio registrada como promedio
anualen el 2016 fue de 1.2°C sobre el promedio de la época pre-industria,
influenciado por el fenómeno de El Niño. En el 2017 fue de 1.1°C,
con una significativa variación con la latitud y la altura sobre el nivel del
mar. En el Ártico el aumento promedió los 3°C en el 2017.
Simultáneamente
se registra un desbalance energético planetario de 326 Terajoules por
segundo: el planeta absorbe más energía de la que emite. Para restablecer el
equilibrio, la temperatura superficial promedio tendrá que aumentar 0.5°C
adicionales en los próximos 50 años, aunque se eliminen de inmediato
todas las emisiones de gases de efecto invernadero. El umbral de 1.5°C en
realidad ya ha sido superado, sólo que una proporción aún no se ha registrado
como consecuencia de la inercia en el sistema energético planetario.
Pero las
emisiones continúan aumentando, a una tasa promedio anual de 54.000 millones
de toneladas de CO2-equivalentes en el 2017 (54 Giga-toneladas anuales). El 76%
(41 G-ton) corresponde al gas carbónico (CO2) y 14% a metano (CH4).
Las tendencias
actuales conducen hacia un aumento en la temperatura superficial promedio entre
3,7 y 4,8°C para finales de siglo en relación con la época pre-industrial (IPCC
2014), provocando una emergencia planetaria sin precedentes en la historia de
la humanidad. Un aumento de 4°C no se ha registrado desde mediados del Mioceno,
hace 10 millones de años, cuando todavía no existían humanos y el planeta era
radicalmente diferente al que conocemos.
“El
mundo se dirige a un aumento promedio de temperatura de 4°C para finales de
siglo, provocando una cascada de cambios cataclísmicos” - Instituto
Potsdam para la Investigación sobre el Clima, Alemania 2012
El reto es
abrumador. Para cumplir con el objetivo de los 1.5°C las emisiones de CO2 no
sólo tendrían que reducirse a cero en apenas 30 años, algo insólito si
consideramos que el 90% de estas emisiones provienen del consumo de
combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas natural. Estos combustibles suplen
el 84% de toda la energía que consume la humanidad anualmente, para motorizar
la economía mundial, la infraestructura militar, el transporte, la actividad
industrial y doméstica. Sería adicionalmente necesaria la extraordinaria proeza
de extraer de la atmósfera suficiente CO2 para reducir la concentración de 410
partes por millón actuales a 350 ppm, unas 700 giga-toneladas (700.000 millones
de toneladas de CO2).
Las necesarias
reducciones en las emisiones de CO2 sólo pueden lograrse si se reduce
proporcionalmente el consumo de combustibles fósiles. Para limitar el aumento
en la temperatura superficial promedio a 2°C para finales de
siglo, sería necesario garantizar que la concentración de CO2 no exceda las 450
ppm. Esto implica que durante el período 2018 al 2100 las emisiones globales de
CO2 deben limitarse a un máximo de 740 Giga-toneladas. Este monto se conoce
como el presupuesto disponible de emisiones relacionado con el
umbral de los 2°C hasta finales de siglo.
Sólo las reservas
probadas de hidrocarburos triplican el presupuesto disponible de
emisiones vinculado a los 2°C, por lo que al menos dos tercios deberán
permanecer bajo tierra, renunciando a beneficios anticipados de 33 billones de
dólares (millones de millones). En la actualidad sólo el consumo de
petróleo crudo es un negocio valorado en 2 billones de dólares anuales a precio
de oportunidad, mientras que sólo las exportaciones superan los 850.000
millones anuales.
La reducción
de emisiones exige un significativo incremento en la generación de energía
libre de emisiones de carbono: solar, eólica, hidroeléctrica, nuclear. Exige
también la sustitución de los motores de combustión interna del parque
automotor por motores eléctricos o de hidrógeno. La urgente sustitución de la
infraestructura energética demandará ingentes recursos financieros y
tecnológicos fuera del alcance de la mayoría de los países en desarrollo,
sometidos ya por la pobreza, el endeudamiento y la dependencia tecnológica.
La reunión de
Bangkok (Sept 4-9) fue de carácter técnico, en preparación de la COP 24 (Conference
of the Parties – Conferencia de las Partes) que se realizará a nivel
ministerial en Katowice, Polonia en Diciembre 2018. Allí se presentará el
informe detallado del IPCC sobre los 1.5°C como punto de referencia para las
difíciles decisiones que deberán tomarse con el fin de superar la peligrosa discrepancia
entre el objetivo central del Acuerdo de París(2°C – 1.5°C) y los
compromisos asumidos por las partes cuando se suscribió el acuerdo en Diciembre
2015.
Esta
discrepancia se debe a que, aún en el caso poco probable de que todos los
países cumplan con todos los compromisos asumidos en Paris 2015, el planeta
quedaría encausado en una ruta tendiente a un aumento de 3°C en la temperatura
superficial promedio, un escenario catastrófico (La
Encrucijada Climática).
La traicionera
retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, junto a similares
posiciones asumidas por otros países industrializados y la amenaza adicional
del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de retirarse del Acuerdo
de Paris e impulsar la explotación y ocupación del territorio
Amazonas, son sólo algunos de los elementos que conducen hacia un
conflicto de proporciones inimaginables entre países industrializados y países
en desarrollo, en el que la inmensa mayoría de la población mundial se verá en
la necesidad de literalmente luchar por su sobrevivencia.
Mientras la
delegación brasileña en la conferencia de Bangkok denunciaba la falta de
compromiso de los países industrializados por el suministro de recursos
financieros y tecnológicos a los países en desarrollo para actividades de
mitigación y adaptación al cambio climático, en Brasilia el ultra-derechista
Jair Bolsonaro, entonces candidato y luego presidente electo, señalaba que el
calentamiento global es una fábula inventada por “una conspiración
globalista” (https://www.project-syndicate.org/commentary/brazilian-election-jair-bolsonaro-by-robert-muggah-2018-10),
que retirará al Brasil del Acuerdo de París, que eliminará al Ministerio
del Ambiente, que abrirá el territorio amazonas para la explotación
agrícola y ganadera y que desmantelará las medidas existentes para la
protección del ambiente y los indígenas (https://www.theguardian.com/environment/2018/oct/09/
brazils-bolsonaro-would-unleash-a-war-on-the-environment).
Mientras la
delegación británica expresaba en Bangkok su consternación por la “escasa
voluntad” de países en desarrollo por reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero, sólo días después la ministra de energía del Reino Unido,
Claire Perry, anunciaba en Londres el lunes 15 de Octubre 2018 que, para
optimizar la contribución de su país al Acuerdo de París, le había
solicitado a sus especialistas “un mapa de ruta hacia una economía
libre de emisiones de carbono”. Irónicamente, ese mismo día se inició
la explotación de gas de esquisto a través del controvertido proceso de fracking en
Lancashire, autorizado por licencias emitidas por Perry que habían sido
subrepticia y apresuradamente aprobadas por el parlamento el último día de
sesiones antes de las vacaciones.
Perry trató de
justificar su vergonzoso proceder afirmando que el gas de esquisto ayudaría al
país en su “transición hacia una economía baja en emisiones de
carbono”. Pero las emisiones provenientes de la explotación de gas de
esquisto son demostradamente similares o superiores a las que generaría la
combustión de carbón para generar la misma cantidad de energía (https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13053040). En un horizonte de tiempo de 100 años, el estándar
acordado en los análisis del IPCC, el gas convencional es
significativamente menos contaminante que el carbón mineral para la generación
de la misma cantidad de energía. Pero lo mismo no ocurre con el gas de
esquisto, debido fundamentalmente a las emisiones fugitivas asociadas a su
extracción. Cada tonelada de metano que se escapa a la atmósfera tiene un poder
de calentamiento global (GWP) equivalente a 30 toneladas de CO2 en el horizonte
de tiempo señalado, y 80 veces superior al CO2 en un horizonte de tiempo de 20
años.
Claire Perry
promueve en realidad el fortalecimiento de la dependencia de combustibles
fósiles, a través de medidas como la prohibición de molinos de viento en las
costas del Reino Unido y la autorización centralizada de la explotación de gas
de esquisto a través delfracking, aunque colida con decisiones
municipales locales. La explicación se encuentra en las conexiones personales
de Perry, de donde proviene su fortuna, y en las generosas donaciones de la
industria de hidrocarburos a las arcas del partido Tory al que pertenece.
El gobierno de
Alemania se jacta de su transición hacia una energía verde(http://www.energiewende-global.com/en/) mientras subsidia a la industria del carbón(https://unearthed.greenpeace.org/2018/10/03/how-germany-quietly-turned-against-action-on-climate-change/) y reprime con el ejército las protestas públicas por
la destrucción de un bosque primario para favorecer la explotación industrial
de carbón de lignito, un producto altamente contaminante en la generación de
electricidad (https://www.theguardian.com/world/2018/sep/13/german-police-to-clear-treehouse-activists-after-six-year-standoff-environment-energy).
El gobierno de
Alemania también ha saboteado los intentos de la Unión Europea por mejorar el
rendimiento del parque auto-motor y reducir sus emisiones por unidad de
combustible utilizado y distancia recorrida.
Angel Merkel
es conocida como la arquitecta de la Energiewende – la
transición energética de Alemania. Lideró el movimiento para que el G7
declarara el fin de su dependencia de los combustibles fósiles, pero
convenientemente “para finales de siglo”. También lideró, en
coordinación con fabricantes alemanes de automóviles, la decisión de la
Unión Europea para sustituir progresivamente la gasolina por diésel en el
parque automotor, con el argumento de que el diésel producía menos CO2 que la
gasolina. Esta decisión terminó siendo desastrosa, basada en falsas expectativas.
En el 2013
volvió a evidenciar sus verdaderas lealtades. Los demás países de la Unión
Europea propusieron un nuevo estándar para los automóviles: para el 2020 sus
emisiones de CO2 no deberían exceder los 95 gramos de CO2 por kilómetro
recorrido. Merkel vetó la propuesta.
En Octubre
2018 se opuso también a una propuesta del Parlamento Europeo y 16 países
miembros de la UE, incluyendo a Francia, Reino Unido e Italia, para reducir las
emisiones del parque auto-motor en 40% para el 2030. Suecia reclamaba una
reducción de al menos 50%. Merkel se parcializó con la posición de BMW y
Volkswagen para limitar tales reducciones a un máximo de 30%. Recurrió a
amenazas para que la propuesta del 40% fuese abandonada. Su partido recibió
consecuentemente una donación de 700.000 euros de los principales accionistas
de BMW (The Guardian 19 sept 2017).
Merkel se ha
opuesto a las propuestas de su propio ministerio de ambiente para fijar una
fecha a partir de la cual se eliminaría el uso de carbón en la generación de
electricidad. El carbón de lignito es el producto más contaminante, pero
continúa generando el 40% de la electricidad de Alemania. El programa Energiewende ha
conseguido reducir el precio de la electricidad, lo que ha provocado que se
privilegie el uso de carbón, desplazando al gas natural. El carbón es mucho más
contaminante, pero más barato.
El gobierno de
Estados Unidos publicó en Julio 2018 un informe oficial (https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/ld_cafe_my2021-26_deis_0.pdf) en el que reconoce que la temperatura superficial
promedio tiende a aumentar 4°C para finales de siglo en relación con el
promedio de la época preindustrial, tal y como lo ha señalado reiteradamente el
IPCC y múltiples centros especializados de investigación, incluyendo alCentro
de Investigaciones Espaciales de la NASA. Irónicamente, concluye en
que sería inútil cualquier esfuerzo por mejorar el rendimiento del parque
automotor con el argumento que la suerte está echada y que un desenlace
desastroso es inevitable (La Encrucijada
Climática).
Estas y tantas
otras contradicciones quedaron al descubierto en las negociaciones de Bangkok a
inicios de Septiembre 2018. Aunque su objetivo era el acuerdo de los
lineamientos necesarios para la implementación del Acuerdo de Paris,
cuya entrada en efecto está prevista para el 2020, se convirtió en un
enfrentamiento abierto entre países industrializados y países en desarrollo. El
documento final (https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Latest%20PAWP%20documents_9Sep.pdf) refleja la profundidad de tales discrepancias,
augurando serias dificultades en las negociaciones programadas para diciembre
en Polonia.
Formalmente
las discrepancias se centran en tres temas:
- Las responsabilidades comunes pero diferenciadas
- La equidad
- La transferencia de recursos financieros y
tecnológicos.
Sin embargo,
tras bastidores se gestaba una peligrosa componenda para descarrilar las
negociaciones con el fin de satisfacer las aspiraciones norteamericanas,
centradas en proteger los intereses de las multinacionales energéticas y en una
re-negociación delAcuerdo de París.
Estados Unidos
denunció el Acuerdo de París y anunció su retirada. Este es un
proceso que se hace efectivo para el 2020, por lo que continúa participando
activamente en las negociaciones y promoviendo sus intereses.
En las
negociaciones de Bangkok lideró una alianza junto al Reino Unido, en
representación de la Unión Europea, Canadá, Japón y Australia, con el fin de
presionar a los países en desarrollo para que depusieran su insistencia en
respetar lo establecido en laConvención Marco sobre Cambio Climático de
1992 sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como
su insistencia en la transferencia de recursos financieros y tecnológicos de
países industrializados hacia países en desarrollo para las actividades de
mitigación y adaptación al cambio climático.
El principio
de la responsabilidad común pero diferenciada forma parte
esencial tanto del Convenio Marco sobre Cambio Climático de
1992 como del Acuerdo de París 2015, aunque debilitado en este
último convenio (Fraude en
París, La
Encrucijada Climática). Se refiere a la necesidad de que cada país asuma una
responsabilidad proporcional tanto a su contribución histórica al calentamiento
global como a sus capacidades tecnológicas y económicas.
Los países
industrializados, liderados por Estados Unidos, pretendieron en Bangkok
eliminar su diferenciación con países en desarrollo, aunque sea parte integral
de la estructura misma de sistema de Naciones Unidas, del Convenio
Marco sobre Cambio Climático y del Acuerdo de París. Esta
estrategia tiene por objeto evadir las responsabilidades diferenciadas,
colocando a todos los países en igualdad de condiciones tanto para la
mitigación como para la adaptación al calentamiento global. Esta situación fue
denunciada en la plenaria de cierre por los países en desarrollo miembros del
grupo LMDC (Like Minded Developing Countries) de la siguiente manera:
“Se
han presentado intentos permanentes por parte de los países industrializados
para renegociar el Acuerdo de París, particularmente en la diferenciación
esencial entre países miembros del Anexo 1 (países industrializados) y los
países en desarrollo, diferenciación que viene de la Convención y que se
refleja en el Acuerdo de París en su artículo 3”.
Los países en
desarrollo, agrupados en el G77+China, expresaron su “profunda
preocupación por los intentos de los países industrializados de socavar el
principio fundamental de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las
correspondientes capacidades, incluido tanto en la Convención como en el
Acuerdo de París, bloqueando toda referencia a países desarrollados y países en
desarrollo en los procedimientos de nuestro trabajo… Llegamos a Bangkok con la
esperanza de acordar un texto básico que sirviera como punto de partida en las
negociaciones de la COP 24. Este no es el caso. En Katowice no tendremos otra
opción que lidiar con un programa de trabajo pesado y complejo”.
Los países
industrializados agrupados en el llamado Grupo Paraguas (Umbrella
Group), liderado por Estados Unidos e incluyendo a Canadá, Japón, Australia
y Reino Unido entre otros, señalaron que “la bifurcación entre países
industrializados y países en desarrollo es inconsistente con el Acuerdo de
París y limita la construcción de confianza entre las partes”
Durante las
negociaciones finales del Acuerdo de París en diciembre 2015,
todos los países participantes presentaron sus respectivas contribuciones el
alcance de los objetivos del acuerdo, las llamadas Contribuciones
Voluntarias Nacionalmente Determinadas (CVND). En la mayoría de los
casos, los países en desarrollo incluyeron en sus correspondientes CVND
actividades tanto de mitigación como de adaptación al
calentamiento global.
En las
negociaciones de Bangkok los países industrializados insistieron en que las
actualizaciones de las Contribuciones Voluntarias deben
incluir sólo medidas demitigación: las contribuciones a la reducción de
emisiones netas, cuyos beneficios son de carácter global. Las
medidas de adaptación, por el contrario, son percibidas como
beneficiales sólo a los intereses del país involucrado. Para los países en
desarrollo las actividades de mitigación y de adaptación se encuentran
estrechamente vinculadas y tienen prioridades similares.
Lo que está en
juego es la evidente intención de los países industrializados de limitar sus
posibles contribuciones financieras sólo a las actividades de mitigación en
países en desarrollo, pues también los benefician. Las medidas de adaptación correrían
por cuenta de cada país en desarrollo, aunque las consecuencias del
calentamiento global hayan sido provocadas principalmente por países
industrializados. Más de dos tercios de las emisiones de gases de
efecto invernadero acumuladas en la atmósfera en los últimos 120 años se
originaron en los países industrializados de la actualidad, en donde reside
apenas el 18% de la población mundial. Los costos sociales y
ambientales de sus procesos de desarrollo han sido arbitrariamente transferidos
a toda la población mundial.
Los países
industrializados disponen también de mayores recursos financieros y
tecnológicos tanto para reducir sus propias emisiones como para ayudar a los
países más pobres a sustituir combustibles fósiles por energías limpias, libres
de emisiones de carbono.
El
concepto de equidad fue también motivo de discrepancias. Varios indicadores fueron
propuestos por los países en desarrollo para medirla: responsabilidad
histórica, acceso equitativo al desarrollo sostenible y el cupo atmosférico
disponible. Los países industrializados prefirieron suspender las discusiones
correspondientes, evadiendo responsabilidades.
El Acuerdo
de París se refiere en su artículo 9 al suministro de recursos
financieros públicos de países industrializados a países en
desarrollo, y al establecimiento de procedimientos para definir un objetivo
financiero colectivo partiendo de las necesidades de los países en desarrollo.
Los países industrializados consiguieron que el Acuerdo de Parísexcluyera
mención alguna a sus reiteradas promesas de aportar US$ 100.000 millones
anuales a partir del 2020 a los países en desarrollo (Fraude en
París). En
Bangkok señalaron que la discusión sobre el nivel de financiamiento en esta
etapa de negociaciones se encuentra fuera del mandato del Acuerdo de
París.
Los países
industrializados se opusieron en Bangkok a toda referencia a los términospérdidas
y daños en las actualizaciones de las Contribuciones
Voluntarias de los países en desarrollo, así como a toda referencia
a recursos nuevos y adicionales, cuando se trate el suministro de
recursos financieros en el contexto del Acuerdo de París. Por el
contrario, los países en desarrollo insisten en que el aporte de recursos en el
contexto de este acuerdo debe ser adicional a las contribuciones ya
existentes como cooperación para el desarrollo.
Como es
costumbre en este tipo de negociaciones, los acuerdos de mayor envergadura no
se concretan en las salas de discusiones o en las plenarias. Se pactan en
pasillos, cafeterías, hoteles, oficinas privadas, bares y restaurantes. Fue
allí donde los países industrializados, liderados por Estados Unidos, Reino
Unido, Canadá y Japón realizaron su labor más traicionera. Convocaron a
delegados seleccionados de países en desarrollo para hacer lobby a
su propuesta estratégica central: apoyar el Energy Charter Treaty (ECT).
Para conseguir este apoyo recurrieron a amenazas, chantajes y sobornos.
El ECT (Tratado
sobre la Carta de la Energía) es un poderoso instrumento que se ha manejado
de manera subrepticia, a espaldas de la opinión pública, para proteger los
intereses de las grandes multinacionales de la energía, particularmente a las
grandes petroleras.
En la
actualidad, el ECT se encuentra en una etapa de expansión masiva hacia los
países en desarrollo de África, Asia y América Latina, con el propósito de
comprometerlos en la suscripción de políticas energéticas favorables a las
multinacionales y sus intereses corporativos. Le otorga a las corporaciones
inmensos poderes sobre los sistemas energéticos de los países involucrados a
través de disposiciones sobre la protección de inversiones, incluyendo la
prerrogativa de demandar a gobiernos ante tribunales privados, las
llamadas Soluciones de Disputas entre Inversores y Estados (ISDS
– Investor-State Dispute Settlements).
El ECT protege
a las empresas transnacionales de posibles decisiones de los gobiernos de los
países en donde operan que puedan afectar sus intereses corporativos, tales
como la nacionalización o expropiación de activos o la introducción de
legislación que afecte sus intereses corporativos, regulaciones para la
protección del medio ambiente, para proteger la salud de la población, para
sustituir combustibles fósiles por energías limpias o para evitar el cobro
excesivo de tarifas en los servicios energéticos privatizados.
En el marco
del ECT, la gigante energética VATTENFALL ha demandado al estado Alemán por
imponer medidas para reducir la contaminación ambiental de sus plantas
termoeléctricas que utilizan carbón mineral, así como por haber decretado la
eliminación progresiva de la energía nuclear, sector en el que cuentan con
grandes inversiones. Por esta última decisión VATTENFALL exige una compensación
de 5.100 millones de euros como compensación por beneficios futuros previstos
pero truncados por la decisión del gobierno de Alemania. En una de sus demandas
contra la imposición del gobierno por reducir la contaminación ambiental,
VATTENFALL reclamaba 1.400 millones de euros. La disputa se resolvió a través
de una decisión del gobierno regional para retractar sus exigencias.
La compañía
petrolera y gasífera Rockhopper ha demandado a Italia por
haber legislado en contra de la explotación petrolera mar adentro. Rockhopper no
sólo exige indemnización por los $50 millones invertidos en exploración en el
mar Adriático; exige 300 millones adicionales por los beneficios que habría
obtenido si el estado italiano no hubiese legislado en contra de la explotación
de petróleo y gas costa afuera.
Varias
empresas eléctricas de Bulgaria y Hungría han demandado a sus respectivos
estados por cientos de millones de dólares por aprobar legislación que limita
los incrementos en las tarifas eléctricas, aunque tales decisiones tuviesen el
propósito de proteger a los usuarios ante tarifas especulativas. Argumentan que
tales restricciones erosionan los beneficios proyectados de
sus portafolios empresariales.
En una disputa
similar, uno de estos tribunales privados sentenció a Rusia a pagar 50.000
millones de dólares a YUKOS en el caso más costoso hasta la fecha en el marco
del ECT.
En la
actualidad se ventilan 16 demandas de este tipo con compensaciones solicitadas
que superan los 1.000 millones de dólares cada una. El total de casos ascendía
a 116 para Junio 2018.
La Corte
Europea de Justicia sentenció en marzo 2018 que las demandas
judiciales ISDS (Investor-State Dispute Settlements) en la Unión Europea
violan la ley europea por evadir el sistema de justicia a través de las cortes
europeas. Pero el ECT argumenta que la solución de conflictos en tribunales
privados es parte de los acuerdos firmados por las partes contratantes y que
por consiguiente son de plena validez.
Es evidente
que tales potenciales restricciones no se aplican a países en desarrollo.
El ECT es
utilizado por las grandes corporaciones energéticas para impedir que se prohíba
la explotación de petróleo, gas o carbón; para bloquear legislación que prohíba
o impida la construcción de oleoductos y gasoductos, para impedir aumentos en
impuestos, para bloquear regulaciones que impliquen inversiones adicionales
para reducir la contaminación ambiental o compensar daños a poblaciones
locales, para evitar que se nacionalicen o expropien sus activos.
Un
componente clave de esta estrategia es el derecho a reclamar compensación por
ganancias futuras previstas en sus portafolios corporativos (www.energy-charter-secrets.org).
La necesaria
reducción en el consumo de combustibles fósiles y su sustitución por energías
limpias, tal y como se desprende del Acuerdo de París, es una
evidente amenaza a los intereses de las multinacionales energéticas de los
hidrocarburos. Pretenden por lo tanto proteger sus intereses a través del ECT,
un perverso esquema corporativo para obligar a los países más vulnerables a
compensar a las transnacionales petroleras y gasíferas por la pérdida de
sus ganancias futuras previstas, obstaculizadas por las decisiones
que puedan tomarse para cumplir con la reducción de emisiones en el marco
del Acuerdo de París.
El ECT es
fundamentalmente un tratado anti-Acuerdo de París, para proteger
los intereses de las multinacionales energéticas, transfiriendo sus posibles
pérdidas futuras a las poblaciones de los países afectados (www.energy-charter-dirty-secrets.org).
Los tribunales
privados a que se hace referencia son parte fundamental de la estrategia
de la ECT para proteger a las empresas energéticas. Están conformados por tres
(3) abogados privados especializados, escogidos de un selecto grupo de
candidatos, todos provenientes de países industrializados. La mayoría de estos
especialistas en derecho tienen o han tenido vínculos laborales con las
transnacionales energéticas más importantes: Exxon-Mobil, Shell, British
Petroleum, Aramco, Total, Conoco-Phillips, Repsol, ENI, entre otras, o con
institucionas afines, como American Petroleum Institute, CATO
Institute, Heritage Foundation, entre otros.
Docenas de
países en desarrollo están siendo presionados para que se incorporen al ECT,
tales como Colombia, Chile, Guatemala, Serbia, Nigeria, Gambia, Uganda,
entre otros. Colombia y Chile sirven como puntas de penetración de América
Latina, por contar con gobiernos defensores del capitalismo neoliberal, la
privatización y el “libre mercado”.
Las
negociaciones a nivel ministerial previstas para inicios de Diciembre 2018 en
Polonia prometen ser escabrosas y desiguales, el tipo de escenario que en
oportunidades anteriores ha sido desventajoso para los países en desarrollo,
cuyos delegados tienden generalmente a ser menos preparados y más vulnerables
ante el chantaje y el soborno.
Enlace a
documento en formato PDF: Traición en Bangkok
Julio César Centeno
Noviembre 19 2018
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