RESUMEN
La OPEP tiene una oportunidad histórica para mostrar el liderazgo
global en asuntos de sostenibilidad, aplicando un impuesto a las emisiones de
dióxido de carbono (en la forma de un impuesto a las exportaciones de petróleo)
administrado por un Fondo Mundial para el Desarrollo Sostenible.
El impuesto tiene
aspectos de justicia económica (ya que los países importadores gravan la
importación de petróleo en perjuicio de los exportadores) y sobre todo de
justicia climática, al lograr que los consumidores de petróleo paguen más por
las emisiones que van a producir. Con el primer impuesto mundial al carbono, la
OPEP generaría estabilidad en la economía global incorporando el costo del
carbono desde la fuente, y de esta manera proveería de financiamiento equitativo
a las economías en desarrollo destinando la recaudación a la reducción de la
pobreza mundial y a la financiación de la transición energética. La OPEP
sentaría un precedente único, al dar respuestas efectivas a los desafíos más
importantes del siglo XXI: la pobreza, el cambio climático y el desarrollo
sostenible.
Oportunidades de liderazgo de
la OPEP
• Un impuesto marginal de 3 a 5 dólares por barril en la
producción actual de la OPEP engendraría unos notables ingresos por año para
crear un Fondo Mundial para el Desarrollo Sostenible. La cantidad que se
recaudaría depende de la elasticidad-precio de la demanda. En la coyuntura
actual el mercado mundial absorbería este impuesto de la OPEP con un muy leve descenso de la demanda. Precisamente, el impuesto tiene por objeto
frenar la demanda (para evitar emisiones de dióxido de carbono) pero su nivel
no llevaría a un brusco descenso de la demanda. Habría pues una recaudación
neta de unos 40,000 o 60,000 millones de dólares, para:
Ø Compensar a los sectores empobrecidos de países en desarrollo por
los altos costos de importación del petróleo
Ø Financiar los proyectos de mitigación y de adaptación al cambio
climático
Ø Financiar el desarrollo de alternativas y tecnologías energéticas
sostenibles y no dañinas.
• Opciones para fondos de
implementación podrían incluir:
Ø Fondo de Desarrollo de la OPEP
Ø Fondos Especiales del Cambio Climático creado bajo el Protocolo
Kyoto
Ø Un fideicomiso nuevo creado con participación internacional
(Naciones Unidas)
Ø Recaudación depositada en el Banco del Sur para préstamos
socio-ambientales
• El
eco impuesto Daly-Correa podría ser cobrado en base al contenido de carbono.
Un barril de petróleo standard
contiene unos 120 kg de carbono (que multiplicados por 3.7, dan 444 kg de CO2). Un impuesto de 5 dólares por
barril, supone pues un costo de poco más de 10 dólares por tonelada de CO2, que
está por debajo de los límites internacionalmente aceptados. Instituyendo proactivamente un impuesto en base a su contenido de
carbono, la OPEP podría estimular la definición de impuestos similares sobre
exportaciones de carbón mineral y de gas. El carbón produce por unidad de
energía más emisiones de CO2 que el petróleo o el gas.
• La amenaza del cambio climático a la economía global no se debe
medir en dinero ya que está en juego la propia resiliencia de los grandes
sistemas ecológicos del mundo. Pero en cualquier caso, las estimaciones
monetarias existentes de los daños que sucederán superan en mucho los impactos
económicos potenciales de ese aumento marginal en el precio del petróleo.
• El eco impuesto Daly-Correa inyectará estabilidad a la economía
global al gravar los costos del carbono desde la fuente y dar una señal clara,
previsible y transparente a los mercados. El impuesto podría graduarse en el tiempo,
de modo que, sin perder su objetivo de frenar la demanda y de producir una
recaudación destinada al doble objetivo de reducir la pobreza y financiar la
transición energética, pudiera aumentar algo, o disminuir algo, según
coyunturas económicas.
LA PROPUESTA
La OPEP crea un impuesto
llamado “Daly-Correa” a las exportaciones de petróleo y por tanto a las
emisiones de carbono (Daly-Correa OPEC eco-tax). Este impuesto será administrado por un fondo mundial para el desarrollo sostenible. El impuesto tiene como
objeto frenar las emisiones de dióxido de carbono y al mismo tiempo financiar
la reducción de la pobreza y la transición energética.
También puede servir
para compensar a los gobiernos y a las comunidades locales por sus esfuerzos de
conservación de los ecosistemas de extrema biodiversidad que operan como
sumideros naturales de carbono, como son los bosques tropicales. El impuesto
apoyaría iniciativas que estimulan el uso de energías alternativas y
tecnologías que eviten la dependencia de los combustibles fósiles.
El Fondo Mundial para el
Desarrollo Sostenible OPEP, promoverá la diversificación de la matriz
energética en los países en desarrollo NO-Partes del Anexo I del Protocolo de
Kyoto y operativizará el Principio de Compensación Internacional, gravando la
ocupación del vertedero atmosférico desde la fuente.
INTRODUCCIÓN
Uno de los fundadores de la economía ecológica, Herman Daly,
discutió por primera vez las
Oportunidades de la OPEP en el Desarrollo Sostenible en Viena el 29 de
septiembre de 2001[1].
En su discurso a la OPEP, Daly resumió las justificaciones éticas y económicas
para que actúe como fiduciaria y administradora global de la escasez de los
sumideros de carbono, -la atmósfera y los océanos-; aprovechando su posición
oligopólica para establecer un eco impuesto destinado a la mitigación del
cambio climático y a lograr un desarrollo más sustentable.
Esta propuesta pasó casi
desapercibida en círculos de gobierno hasta que el presidente Rafael Correa la
retomó y la difundió mundialmente en la Tercera Cumbre de la OPEP en Riad del
18 de noviembre 2007. Allí propuso un impuesto del 3% sobre los precios de
exportación de la producción de la OPEP
para utilizarse en la lucha contra el cambio climático y para compensar los
crecientes costos de energía de los países en desarrollo. La propuesta del
Ecuador plantea un factor de justicia económica y un tema de fondo: la
distribución internacional de las causas y efectos del cambio climático.
Gravar el consumo de
combustibles fósiles a través del “Eco-Impuesto Daly-Correa” produciría un
verdadero cambio en la distribución del flujo de recursos necesarios para que
los países más afectados por el cambio climático y con menos responsabilidad
frente a las emisiones de carbono sean justamente compensados.
A través del impuesto se
crearía un Fondo Mundial para el Desarrollo Sostenible, el mismo que
garantizará un flujo de financiamiento a los Países en desarrollo NO-Partes del
Anexo I del Protocolo de Kyoto por sus esfuerzos de reducción de la pobreza, de
conservación de los ecosistemas críticos para la estabilidad climática global,
y para su transición hacia alternativas energéticas más sostenibles. El
Impuesto Daly - Correa sería una contribución innovadora que resolvería los
desafíos más importantes del siglo XXI: las injusticias socio-económicas y
ambientales en el mundo de hoy, el cambio climático y el desarrollo sostenible.
OPORTUNIDADES
DE LIDERAZGO DE LA OPEP
Cómo satisfacer las necesidades
energéticas de la actual y de las futuras generaciones equitativamente y
asegurar la sostenibilidad ecológica, es el desafío supremo del siglo XXI.
Mientras el mundo se acerca a
la peor crisis ambiental de su historia, para
mediados del presente siglo tres mil millones de personas esperarán
tener acceso a la misma calidad de servicios energéticos del que actualmente
disfrutan la mayoría de los países industrializados. Sin embargo, esta justa
aspiración es ecológicamente insostenible si se mantiene o reproduce el actual
patrón de desarrollo mundial.
La OPEP está en una posición
única para corregir esta coyuntura crítica en la historia y al hacerlo,
convertirse en una institución pionera en el tratamiento de los tres temas más
importantes del siglo XXI: la pobreza, el cambio climático y el desarrollo
sostenible. La OPEP por su característica tiene la capacidad única y por lo
tanto, la responsabilidad moral de asumir el liderazgo en la sostenibilidad
global para el beneficio de sus miembros, la estabilidad de la economía global
y el bienestar de las futuras generaciones.
·
Un
impuesto marginal a la producción actual de la OPEP generaría billones de
dólares por año para crear un fondo para: i) compensar los costos altos de la
importación de petróleo en los países en desarrollo; ii) mitigación y
adaptación al cambio climático; y iii) financiar una transición energética
hacia alternativas más sostenibles en los países en desarrollo y estimular la
diversificación económica de los países exportadores de petróleo.
·
Las opciones
para fondos de implementación podrían incluir: i) El Fondo de Desarrollo de la
OPEP; ii) El Fondo Especial para el Cambio climático creado bajo el Protocolo
de Kyoto y administrado por el FMAM para financiar la adaptación, la
transferencia de tecnología y la diversificación económica de los países
exportadores de petróleo; iii) un fideicomiso totalmente nuevo creado con
participación internacional (ONU) y con capacidad programática, iv) depósitos
en el banco del Sur para préstamos socio-ambientales.
·
El
Impuesto Ecológico Daly-Correa (la Daly-Correa OPEC eco-tax) podría ser
cobrada, a un nivel de 3 a 5 dólares por barril standard, de acuerdo con el
contenido de carbono. Esto debería relacionarse con la Canasta de Referencia de
la OPEP (ORB-12), -en la que los crudos más livianos tendrían un impuesto
marginalmente inferior al que pagarían los crudos más pesados- . Al instituir la OPEP un impuesto sobre el
contenido de carbono, está abogando por una posición internacional fuerte para
estimular también un impuesto similar sobre alternativas que son grandes
generadoras de carbono, como las arenas bituminosas de alquitrán, los esquistos
de petróleo y la licuefacción del carbón mineral.
·
La
subida del precio del crudo durante el último año demostró la relativa
inelasticidad de la demanda de petróleo con respecto al precio, dado el
crecimiento de la economía global actual. De hecho, los efectos del aumento de
los precios son contrarrestados por la alta elasticidad-ingreso de la demanda
de petróleo en las economías de antigua o nueva industrialización. Es decir, un
mayor ingreso lleva a un consumo mayor de petróleo. Un aumento marginal en el
precio del petróleo no tendría un impacto significativo, ni estimularía
efectivamente las alternativas no petroleras. Frenaría un tanto la demanda,
pero no la haría bajar. Eso ya es mucho, pues se trata efectivamente de frenar
la demanda, para evitar que sigan creciendo las emisiones de dióxido de carbono
al enorme ritmo actual (tres por ciento de aumento al año). La verdadera
amenaza a la economía global no viene del aumento del precio del petróleo en
unos pocos dólares sino del fracaso de Kyoto y el más reciente de Bali, es
decir, la ausencia de medidas políticas efectivas de abatimiento de las
emisiones de dióxido de carbono que llevará a crecientes impactos económicos
del cambio climático. Al final, serán los países ricos los que impongan cuotas
o impuestos a las emisiones de carbono, lo que perjudicará a los exportadores
de petróleo. Es mejor para el mundo que la OPEP se anticipe.
·
Muchos de los países ricos
gravan con impuestos la importación de petróleo y gas, perjudicando a los
países exportadores, y hay mucha
especulación sobre los impactos de futuras e inevitables políticas para
combatir el cambio climático en los países que son grandes consumidores de
petróleo, que llevarían a una inestabilidad económica a corto plazo y a una
volatilidad de los mercados. El eco impuesto Daly-Correa fomentará la
estabilidad en la economía global, al insertar el precio del carbono en el petróleo
desde la fuente y así enviar una señal segura, transparente y previsible al
mercado.
·
La OPEP
puede desempeñar un papel clave para garantizar que los temas de justicia
social y ambiental sean adecuadamente abordados. Si se reconoce la deuda ecológica
de los países sumamente industrializados, las rentas de usar gratuitamente y en
exceso los vertederos de carbono como son los océanos y la atmósfera, no deberían ser utilizadas para financiar
exclusivamente la transición energética en los países industrializados y
permitir que la "transferencia de tecnología" llegue al mundo en
desarrollo por cuentagotas. Al
contrario, esas rentas deben crear las condiciones para que los Países en
desarrollo No- Partes del Anexo I, impulsen programas de reducción de la
pobreza y modelos de desarrollo sustentable.
·
Entre
las posibilidades para usar las rentas generadas por el eco impuesto
Daly-Correa, se debe dar prioridad a compensar los costos altos de la energía
para los países pobres que la importan. Pero también se debe dar protección al
patrimonio cultural y a las comunidades locales por
sus esfuerzos de conservación de los ecosistemas críticos para la estabilidad
del clima global. Ecuador, por
ejemplo, ha ofrecido no explotar sus reservas de petróleo más importantes con
el fin de garantizar la supervivencia de los pueblos indígenas y el ecosistema
global crítico de la Amazonia. El corazón del Yasuní puede ser preservado como
un hábitat prístino por su asombrosa biodiversidad y por los pueblos indígenas
en situación de aislamiento voluntario que allí habitan por solo $0.03 por
barril producido por la OPEP (ya que el Ecuador ha pedido una compensación
anual aproximada de 350 millones de dólares). La OPEP puede ser el líder global
en la protección de otras áreas de enorme biodiversidad y culturalmente
vulnerables del mundo.
·
La
demanda de petróleo está asegurada. El tema crítico que debemos anticipar, en
cuanto países productores, es la sostenibilidad del flujo de producción al ir
llegando a los picos de las curvas de Hubbert en los distintos países de la
OPEP. Al aplicar un impuesto sobre la
exportación de nuestros recursos no renovables, aprovechando el poder de
mercado que la OPEP proporciona, podemos reafirmar nuestro control sobre la
longevidad productiva de nuestros campos, asegurando que nuestra capacidad
productiva se alargue más hacia el futuro. Esta es tanto una obligación moral
como una buena práctica empresarial: manejar bien nuestros recursos no
renovables garantizando de esta manera, la salud a más largo plazo de la
industria del petróleo.
El impuesto Daly - Correa se
vincula con la iniciativa ecuatoriana Modelo
Yasuní-ITT que propone represar bajo tierra más de 900 millones de barriles
de petróleo que evitarían la liberación de más de 400 millones de toneladas de
dióxido de carbono, a las que hay que sumar algunas más ahorradas debido a la
deforestación evitada y al gas no quemado. El proyecto ecuatoriano está ubicado
en una de las regiones más biodiversas del mundo: el Parque Nacional Yasuní
donde viven varios pueblos indígenas; algunos, como los Tagaeri – Taromenani,
se encuentran en aislamiento voluntario.
El compromiso ecuatoriano de no
explotación de las mayores reservas petroleras del Ecuador; merece una justa
compensación internacional que alcance el cincuenta por ciento de lo que
Ecuador percibiría en el caso de que las reservas fuesen explotadas.
La iniciativa ecuatoriana
garantizará el mejoramiento cualitativo de la economía, sin aumentar
cuantitativamente la producción de materia-energía (crecimiento) y de esta
manera, podrá garantizar la aplicación de una política de conservación integral
de áreas sensibles, garantizar la integridad del territorio de los pueblos
Tagaeri - Taromenani que viven en situación de aislamiento voluntario y contribuir
a la reducción global de gases de efecto invernadero.
El Modelo Yasuní-ITT apunta a
resolver el problema desde la fuente; convirtiéndose así en la mejor iniciativa
de abatimiento de carbono que se haya presentado jamás por un país petrolero.
De ahí el interés con que se viene siguiendo alrededor del mundo aunque hay en
círculos conservacionistas y de la cooperación internacional quien se pone
celoso cuando las ideas llegan del sur.
¿POR QUE
NECESITAMOS UN IMPUESTO AL CARBONO?
La Convención Marco de Cambio Climático (CMCC) y sus órganos
científicos han reconocido que los impactos de cambio climático recaerán
desproporcionadamente sobre los países en desarrollo.
El Protocolo de Kyoto concedió a los países industrializados una
especie de indulto sobre sus emisiones anteriores a 1990. Es decir, las
emisiones históricas de carbono no han sido consideradas y por tanto, se ha
abandonado el debate sobre “la deuda de carbono” fundamento del Principio de
Compensación Internacional. Además se dio generosas cuotas a los países más
ricos. Un ejemplo: bajo la “burbuja” europea, España puede aumentar sus
emisiones un 15 por ciento aunque per capita está muy por encima del promedio
mundial. De hecho, España ha aumentado (desde el 1990) más del 40 por ciento,
pero no debe pagar por ahora ninguna compensación. En cuanto a los mecanismos
de “flexibilidad”, Kyoto se basa en un esquema de permisos y créditos de
emisiones donde la mayoría de proyectos
que se desarrollan bajo este esquema tienen falsas y no verificables
reducciones de emisiones.
Siguiendo el esquema de Kyoto,
las actuales políticas internacionales de cambio climático, se han centrado en
el mercado de emisiones, la aplicación de Mecanismos de Desarrollo Limpio
(MDL), y la promoción del mercado voluntario de carbono, en lugar de enfrentar
el verdadero problema: la quema de combustibles fósiles. El Banco Mundial es
uno de los principales actores en este campo, pues se calcula que tiene un
portafolio de proyectos de mercado de carbono de más de 1.000 millones de
dólares. Otros actores beneficiados por este esquema de mercado son las empresas
extractivas, que adquieren derechos de emisión tras la inversión en proyectos
en el extranjero que economizarán carbono.
Mientras esto sucede los países
y comunidades que conservan los principales sumideros de carbono forestales o
en pastizales, que apenas usan los océanos y la atmósfera para verter
emisiones, y que ofrecen renunciar o renuncian a la explotación de sus reservas
de petróleo, gas o minería de carbón evitando de esta manera la liberación de
millones de toneladas de CO2, no son justamente compensados.
Antes de la Revolución
Industrial la concentración de carbono en la atmósfera se mantuvo sin superar
los 280 ppm y en tan solo siglo y medio, la concentración de carbono
atmosférico subió a 382 ppm -un nivel al que no se ha llegado en los últimos
cuatrocientos cincuenta mil años-. El Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC)[2]
ha determinado que el rango más bajo de concentración de carbono atmosférico
que brindará todavía una oportunidad
para estabilizar el clima global por debajo de un aumento de 2 grados
centígrados es de 450 ppm. La concentración está aumentado 2 ppm al año, o sea
que en poco más de treinta años se alcanzará esa peligrosísima cifra de 450
ppm.
De continuar con el nivel de
emisiones actuales -las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial están
aumentando a un 3% anual-, en tres décadas se llegaría a este punto, donde los
cambios químicos de la atmósfera son poco predecibles, las corrientes marinas
pueden cambiar, y la vida humana y la
biogeografía habrán cambiado inevitablemente. La OPEP no puede desentenderse de
tales amenazas. Debe jugar un papel activo.
Los
Países en desarrollo NO- Partes del Anexo I del Protocolo de Kyoto, no deberían
reproducir innecesariamente el actual patrón de desarrollo aunque tendrían todo
el derecho. Tampoco deberían esperar a que la transición hacia modelos de
desarrollo sustentables sea hecha por los países industrializados y que llegue
a los países en desarrollo de gota en gota o cuando las alternativas
energéticas sean costosas e inaccesibles porque sus economías estén ya
encerradas en patrones tecnológicos basados en combustibles fósiles.
Al
contrario, el Impuesto Daly Correa, permitirá que las rentas por la ocupación
de un bien público global se utilicen para financiar una transición hacia un
modelo de desarrollo sustentable. La OPEP tiene ya un pequeño fondo (del orden
de 300 millones de dólares) que subsidia las investigaciones sobre tecnologías
para secuestro de carbono, pero puede y debe ir mucho más allá, con unos
ingresos del impuesto Daly-Correa (de unos pocos dólares por barril) del orden
de 40,000 a 60,000 millones de dólares anuales.
El
Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático[3]
afirma que el fracaso en la reducción del crecimiento de las emisiones de los
gases de efecto invernadero podría causar, para empezar, un costo estimado de
5% del PIB mundial por año; con lo cual, la amenaza del subdesarrollo y la
pobreza crónica es más pronunciada y el cumplimiento de los Objetivos del
Milenio se ve seriamente amenazado. Esto significa que en un futuro próximo,
los costos económicos del cambio climático en la economía mundial superarán en
mucho los impactos económicos de un impuesto ecológico marginal. Resulta,
por tanto, mucho mejor para la economía global ayudar a mitigar el cambio
climático hoy que enfrentarse a los cada vez mayores costos de abatimiento de
carbono.
De
acuerdo con el IPCC, seguir emitiendo gases con efecto invernadero una vez
superado el límite que asegura mantener el aumento de la temperatura media
global debajo de 2ºC; le costaría a quien contamina al menos $100/tCO2, de ahí
que los países industrializados quieran que estos costos sean asumidos por los
países en desarrollo; ahorrándose miles de millones de dólares para no
sacrificar su consumo energético.
En
cuanto a los costos de adaptación al cambio climático, el Banco Mundial[4]
ha hecho estimaciones de que se requerirán entre 10 - 40 mil millones de
dólares anuales, para cubrir las necesidades de adaptación al cambio climático
de los países en desarrollo. Buena parte de los costos de adaptación al cambio
climático se resolverían vía créditos, Ayuda Oficial al Desarrollo, con
inversión extranjera directa o inversión nacional. En término sencillos, los
países en desarrollo tienen que asumir los desafíos de la adaptación al cambio
climático incrementando su endeudamiento financiero. Después, para pagar esas
deudas (contraídas por ejemplo para asegurar el suministro de agua en países
andinos cuyos glaciares retroceden), se verán forzados a exportar más
combustibles fósiles a precios que para los países ricos resultan baratos (de
ahí que les coloquen impuestos).
El
índice de Financiación para la Adaptación desarrollado por OXFAM[5],
por ejemplo, considera que 28 países son los responsables de financiar la
adaptación en los países en desarrollo. De acuerdo al estudio, los Estados
Unidos y la Unión Europea deberían aportar conjuntamente alrededor del 75% de
los fondos necesario (Estados Unidos algo más del 40% y la Unión Europea algo
más del 30%). Japón, Canadá, Australia y la República de Corea deberían aportar
alrededor del 20% de los costos, siendo Japón quien deberá asumir la mitad de
este porcentaje. Pero hay que rechazar los créditos para adaptación y pedir en
cambio el pago de la deuda ecológica por excesivas emisiones históricas y
actuales de dióxido de carbono.
Bajo
el principio de responsabilidad común pero diferenciada reconocido en el
Protocolo de Kyoto; los fondos internacionales para atender al cambio climático
no sitúan la verdadera responsabilidad que algunos países industrializados
tienen sobre sus emisiones históricas de
carbono. Algunos de los fondos existentes como El Fondo para los países menos avanzados o El Fondo Especial para el Cambio Climático del GEF funcionan con
donaciones voluntarias; mientras que el Fondo
para la Adaptación de Naciones Unidas, sería el primer fondo financiado por
el 2% sobre los créditos de carbono generados bajo los MDL del Protocolo de
Kyoto.
Frente a esta realidad, el
principio que inspira a la iniciativa ecuatoriana para la OPEP es que los
países que históricamente han producido y continúan produciendo un exceso de
dióxido de carbono per capita tienen una “deuda de carbono” y que los países
que no han usado apenas los vertederos de carbono y que por el contrario han
conservado las áreas ecológicamente sensibles que contribuyen al equilibrio
climático, deberían ser compensados. Sobre todo cuando existen distorsiones que
profundizan la inequidad en el tratamiento del cambio climático, como el
subsidio anual total de los países en desarrollo hacia los países
industrializados por las emisiones globales de carbono que estos han realizado
por la producción de las ¾ partes de las emisiones, en lugar de ¼ partes que
les correspondía por su población y que al cuantificarse podría alcanzar
alrededor de $ 75000 millones al año[6].
Esta situación debe rectificarse.
MODELO
YASUNÍ-ITT: CAMBIO DE MODELO POR EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Modelo Yasuní-ITT podría
convertirse en el primer modelo de conservación y desarrollo financiado por el
Impuesto Daly-Correa. A través de la iniciativa gubernamental Modelo
Yasuní-ITT, el gobierno ecuatoriano se compromete a conservar una de las
regiones más biodiversas del mundo, garantizar la integridad del territorio de
los Tagaeri-Taromenani y evitar la liberación de millones de toneladas de
carbono a través de la implementación de un innovador modelo de abatimiento de carbono,
que represará más de 400 millones de toneladas de carbono, que son verificables
y cuantificables.
Ecuador es uno de los países
con mayor biodiversidad por hectárea en el mundo. Sin embargo, las
externalidades ambientales y sociales como los daños locales de la extracción,
transporte y refinación de hidrocarburos, pérdida de biodiversidad,
contaminación de sus fuentes de agua, extinción de grupos indígenas no han sido
debidamente restadas en sus cuentas nacionales. [7]
Adicionalmente, Ecuador está
viviendo los efectos negativos del cambio climático a través de la pérdida de
sus glaciares en el caso del Antisana o de los Ilinizas; el incremento de nivel
del mar amenaza a ciudades importantes como Guayaquil y la posible conversión
de su selva amazónica en sábanas provocaría una crisis económica y social
incuantificable.
El proyecto petrolero ITT
alberga un crudo de 14,7 grados API aproximadamente. Sus reservas probadas y
probables alcanzan los 920 millones de barriles
-cifra que corresponde a más del veinte por ciento del total de las
reservas petroleras que posee el Ecuador-. La explotación petrolera del ITT
implicaría la producción de aproximadamente 100.000 barriles diarios de crudo
extra-pesado, con utilidad anual de 720 millones de dólares.
El gobierno ecuatoriano pide a
la comunidad internacional una justa compensación a su esfuerzo de evitar la
liberación de millones de toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo así a
los grandes esfuerzos de la Humanidad por detener los impactos del cambio
climático. Esta compensación internacional se canalizará a través del Fondo Yasuní-ITT, estimado en alrededor
de 4 mil millones de dólares, cuyo interés le podría generar al Ecuador rentas
permanentes cercanas a los 350 millones de dólares anuales durante el periodo
en que el petróleo hubiera sido extraído.
Ecuador está aportando a esta
iniciativa, el monto diferencial que como país dejará de percibir (al menos 350
millones de dólares anuales). Con esta contraparte, el país plantea una
contribución tangible y fuerte (comparada con su nivel de ingreso y desarrollo)
en el marco de los países comprometidos globalmente con la búsqueda de logros
en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y de conservación de la
biodiversidad que sean justos y equitativos para las presentes y futuras
generaciones.
Las emisiones ecuatorianas por
persona (2.3 toneladas de CO2) están por debajo del promedio mundial de
emisiones de CO2 per capita (4.18 toneladas de CO2) y sumamente distantes de
las emisiones per capita de los países industrializados (Estados Unidos, 19.73
tCO2). A pesar de lo cual, Ecuador esta dando señales de su compromiso con el
cambio climático al planificar para los años 2007-2011, la ejecución de planes
y proyectos que le permitan diversificar su matriz energética.
El camino hacia este nuevo
modelo de desarrollo se enmarca en un programa hidroeléctrico muy ambicioso;
con políticas dirigidas a aumentar la eficiencia a nivel de los consumidores
finales de energía, con el impulso de un sistema de reconversión de centrales
térmicas para optimizar su eficiencia; la sustitución de diesel por gas
natural; el mejoramiento de la calidad de uso automotriz con los programas de
etanol en ciudades como Guayaquil; entre otras medidas. Dentro de estas
iniciativas sobresale el “Programa Cero
Combustibles en Galápagos” - un plan integral de acción que tiene como
objetivo eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles en las Islas e
impulsar el uso de Energías Renovables para Galápagos ERG -. Hay gran potencial
eólico y de energía solar en Ecuador.
En este contexto, el Modelo
Yasuní-ITT se podría financiar con el impuesto Daly-Correa si no llegara la
compensación exterior directa. Ecuador garantizaría el inicio de una transición
hacia una economía sostenible que le permita destinar recursos a la reducción
de la pobreza al tiempo que consigue:
·
Disminuir su dependencia de la
utilización de combustibles fósiles;
·
Implementar una política
integral de conservación de ecosistemas sensibles;
·
Sustituir la energía termoeléctrica;
·
Estimular proyecto de
eficiencia energética;
·
Impulsar el desarrollo,
investigación e inversión en energías renovables: eólica, solar, geotérmica;
·
Sentar las bases para una
transición hacia una economía no dependiente de las explotaciones petroleras;
·
Impulsar una economía
sostenible en el desarrollo de servicios y productos ambientales, impulsando
también construcción de viviendas para sectores populares y edificios públicos
(como escuelas) que sean modelos de eficiencia energética.
CONCLUSIONES
El eco impuesto Daly-Correa
representa un nuevo desafío y un cambio de época para la OPEP que hasta ahora
se había negado (podríamos decir) a poner el cambio climático en el centro de
su política. Este cambio permitirá realizar las rectificaciones institucionales
que garanticen la estabilidad climática mundial. De lo contrario, el cambio
climático traerá graves implicaciones no solamente para la estabilidad de la
economía y de los mercados sino que causará impactos para la sobrevivencia y
sostenibilidad de la vida humana en el planeta por las que seremos maldecidos
por las futuras generaciones. Un buen gobernante debe tener una visión del
futuro más larga y una “tasa de descuento” más baja que una empresa petrolera.
Las oportunidades para la OPEP
son tanto de justicia económica como de justicia ambiental, son tanto
financieras como morales. Su liderazgo
en asumir un papel pro activo en temas sobre el cambio climático y el
desarrollo sustentable marcará la historia de esta organización
El eco impuesto Daly-Correa, al
gravar la venta de exportaciones de petróleo (tratando de abarcar también el
gas y el carbón mineral), gravará los costos del carbono desde la fuente, en
vez de gravar las emisiones de carbono en los países importadores netos de combustibles
fósiles como la Unión Europea discutió en 1992 (con el comisario Rippa di
Meana, que propuso 10 dólares de eco-tax por barril de petróleo), y como
Clinton-Gore plantearon ya en el 1993 (la BTU tax) sin éxito por la oposición,
entonces, del Senado. De esta manera, la OPEP lograría lo que el Protocolo de
Kyoto no ha logrado en más de diez años. Al mismo tiempo, la OPEP inmunizará a sus miembros de las disrupciones
e incertidumbres que otros impuestos o iniciativas sobre cambio climático
puedan causarles afectando sus intereses.
El Fondo Mundial para el Desarrollo
Sostenible generaría un flujo permanente de recursos para fines
socio-ambientales de reducción de pobreza y transición energética hacia países
que como Ecuador se comprometan decididamente a conservar los ecosistemas más
sensibles, garantizar la protección de las comunidades locales que habitan en
estas áreas, e impulsar modelos de desarrollo sustentables.
A través del impuesto
Daly-Correa, la OPEP puede proteger y avanzar los intereses de sus miembros con
respecto al cambio climático, y con visión y liderazgo ayudar el mundo frenar
la amenaza más grande del siglo XXI.
¿Aceptará la OPEP este desafío?
(Publicado en Le Monde
Diplomatique, abril 2008).
[1] Ponencia
invitada para la conferencia, “OPEP y el Equilibrio Energético Global: Hacia un
Futuro Energético Sostenible”, septiembre 2001, Viena, Austria.
[2]
Climate Change 2007. The Physical Science Basis. Wortking Group I Contribution
to the Fourth Assessment Report of the Intergovermental Panel on Climate
Change.
[3]
Stern, Nicholas. The Economics of Climate Change. The Stern Review, Cambridge,
UK Government HM Treasury, October 2006.
[4]
The World Bank, Clean Energy and Development:
Toward an Investment Framework. Environmental and socially Sustainable
Development vice Presidency Infrastructure vice Presidency, April 5, 2005, ix.
17.
[5]
Financing adaptation “Why the UN´s Bali Climate Conference must mandate the search
for new funds”, Oxfam Briefing Note, December 2007. Pg 3-4. Oxfam International
[6] En 1995, la economista Jyoti Parikh,
quien perteneció al Panel Intergubernamental de Cambio Climático constató que
las emisiones globales promedio eran de aproximadamente de una tonelada de
carbono (3.7 ton. de CO2) por persona por año. Los países industrializados
producían ¾ partes de estas emisiones en lugar de 1/4 parte que es lo que les
correspondan por su población. La diferencia era del 50% del total de las
emisiones aproximadamente 3000 millones
de toneladas. Si contemplamos el aumento del costo marginal de la reducción,
las primeras 1000 millones de toneladas podría reducirse a un costo de
aproximado de $15 por tonelada, pero posteriormente este costo se incrementaría
mucho más. Si tomamos $25 como precio promedio, entonces existiría un subsidio
anual total de $75000 millones de los países del Sur hacia países del Note. En: Parikh, J.K (1995), “Joint
Implementation and the North and South Cooperation for Climate Change” International Environmental Affairs,
7,I.
[7]
Fander
Falconí, Economía y Desarrollo
Sostenible. ¿Matrimonio feliz o divorcio anunciado?, Flacso, Quito, 2004.
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