sábado, 31 de marzo de 2018

El desarrollo autónomo: un camino a la sostenibilidad - David Barkin*




Introducción

No podemos esperar a que los expertos se pongan de acuerdo para definir el desarrollo sostenible o a que las naciones latinoamericanas se comprometan a implementar estrategias idóneas. Enfrentar las contradicciones ecológicas de los sistemas productivos es una necesidad impostergable. Los avances en nuestra visión del desarrollo sostenible como un compromiso esencial para enfrentar los retos de la supervivencia de la humanidad han puesto de manifiesto la trascendencia de la amplia participación ciudadana en el perfeccionamiento de la democracia. La incorporación masiva de grupos sociales de base como paso ineludible para establecer estrategias económicas que incluyan la conservación del ambiente es uno de los retos fundamentales de nuestro tiempo. Por lo mismo, ahora es imprescindible diseñar políticas que faciliten esta incorporación, como parte de una labor para revertir la creciente polarización y promover la sustentabilidad. 

Enfrentar los retos del desarrollo sostenible no consiste sólo en cuestionar nuestros patrones y prioridades de vida: también es poner en tela de juicio los valores básicos y el funcionamiento de los grupos más poderosos en todo el mundo. Para esta tarea es preciso entender los problemas y plantear soluciones. Educar para avanzar hacia la sostenibilidad es cuestionar todo y sembrar desde la escuela una semilla de optimismo en la sociedad. El desarrollo sostenible no es una meta: es un proceso que tendrá que abarcar a todos, un camino que tendremos que recorrer juntos para que la humanidad tenga la opción de perdurar.

El diagnóstico revela que las crisis derivan directamente de los avances del proyecto civilizatorio de moda: avances en la tecnología; aumentos en la producción y en la integración nacional e internacional y en sus secuelas, como pueden serlo la polarización social con un aumento inaceptable en el número de pobres y la profundización de su tragedia; la escasez de satisfactores básicos; la destrucción y la degradación del ambiente, bosques y selvas, océanos y ríos, y los demás ecosistemas que albergan la incontable variedad de flora y fauna que nos provee de vida y de los medios para mantenernos en el planeta. La mujer, inmersa en todas estas crisis, se ve obligada a asumir algunas responsabilidades masculinas de antaño y buscar nuevos caminos para su propio desempeño.

Es evidente la necesidad de modificar este proyecto. Muchos tendremos propuestas para hacerlo y para identificar nuestra responsabilidad en el proceso. Las secciones siguientes buscan contribuir a una reflexión sobre la forma de realizar esta labor.

Nuestro mundo actual: pobres, ricos y alianzas sociales

Por doquier, la gente pobre es acusada de destruir su entorno. Estas acusaciones justifican las políticas que después amenazan la propia existencia de los grupos sociales tradicionales y de sus sistemas productivos. Su incapacidad para adaptarse a la modernidad refuerza la idea de que son la causa del atraso social y económico. Aun en las sociedades más modernas, "culpar a la víctima" de su propia situación y de su falta de progreso colectivo es un fenómeno bastante común.

Esta percepción de la pobreza como agente de los problemas ambientales es equivocada. El debate convencional lamenta el destino de los pobres y la incapacidad de asignar recursos suficientes para atacar los síntomas de las carencias que persisten en medio de la abundancia de estas mismas sociedades. Hay que transformar el debate, y examinar de manera crítica la acumulación sin precedentes de riqueza que ha polarizado a la sociedad y que ha propagado la pobreza. La reorganización del control y de la utilización del espacio y los recursos, engendrada por la intensificación de la producción, está violando los principios básicos de la naturaleza y amenazando la viabilidad de nuestras comunidades. Los pobres no saquean la tierra debido a su insensible desperdicio de recursos, sino por la falta de una distribución equitativa de la riqueza social disponible y por la manera despiadada con que los ricos y poderosos defienden su control. La disparidad en los sistemas sociales y productivos prevalecientes en Latinoamérica está conduciendo al desastre. Con el creciente desempleo y la discriminación contra los pequeños productores rurales y sus camaradas en los sectores urbanos marginados, la degradación ambiental avanza aceleradamente.

Visto desde tal perspectiva, el sistema mundial está incrementando la polarización entre pobreza y riqueza; entre naciones, regiones, comunidades e individuos. Ahora, un grupo pequeño de corporaciones domina la estructura global de poder, guía la producción y determina cómo se distribuyen los elementos de bienestar. Ahora las comunidades compiten internacionalmente entre sí para seducir a los poderes corporativos y financieros y lograr que inviertan dentro de sus fronteras, sacrificando el bienestar de su población, la calidad de su infraestructura y su capacidad financiera para ofrecer los servicios sociales fundamentales necesarios para una vida digna. Esta dinámica no conduce a la promoción del desarrollo sostenible. Las regiones incapaces de atraer la inversión sufren el innoble destino de los perdedores en la permanente olimpíada económica, condenándose al olvido en el escenario mundial; y muchas ganadoras experimentan un deterioro característico del "progreso económico moderno". En su lucha por sobrevivir dentro del mercado global, muchos grupos sociales están condenados a la marginalidad y a la pobreza permanentes. Pero algunas de las transformaciones en este nuevo orden global están generando nuevas oportunidades, realzando la posición excepcional de la mujer y de los grupos que han defendido su carácter étnico.

La teoría convencional del desarrollo busca soluciones a la pobreza en los cambios estructurales producidos por el mercado. Pero esta estrategia plantea dos preguntas medulares. La primera: ¿es viable un nuevo período de crecimiento posible o deseable, dadas las limitaciones ambientales? La segunda: de acuerdo con la trayectoria histórica, ¿existe evidencia demostrada de que los nuevos niveles de crecimiento proporcionarán mayor equidad económica, política y social entre los diversos grupos de naciones, regiones, comunidades e individuos?

La respuesta a ambas preguntas es no. Una estrategia de libre mercado no puede tender un puente sobre el abismo que existe entre los ricos y los pobres, característico de los dualismos de nuestros días. Más bien, debemos reconocer que los recursos naturales son limitados, que es necesario centrar las tareas educativas en superar la pobreza con programas de gestión local y participación directa, y lograr la sostenibilidad ofreciendo un programa de desarrollo para aquellos actualmente excluidos, lo que también mejorará las condiciones para el resto de la sociedad. Tanto el creciente número de pobres como los problemas ambientales en aumento exigen soluciones menos dependientes de los azares del mercado, que tomen en cuenta lo redundante que resulta para grandes porciones de la población su inserción en la estructura actual de la producción y del crecimiento económico. Por el contrario, es conveniente crear un sistema en el cual las comunidades puedan sobrevivir sin una integración completa al mercado global.

Cuando nos acercamos a los excluidos descubrimos que, si se les da oportunidad y acceso a los recursos, emprenden acciones directas para proteger y mejorar el ambiente1. Desde esta perspectiva, un modelo de desarrollo alternativo requiere de nuevas formas de participación de las comunidades campesinas e indígenas dentro de un programa de creación de empleos que incremente los ingresos y mejore los niveles de vida. Al recomendar políticas que fomenten y salvaguarden a los productores, para que lleguen a ser nuevamente actores productivos, vibrantes y viables, este ensayo desea contribuir al conocimiento de los pasos requeridos para promover la sostenibilidad.

Entre las muchas preguntas que surgen de esta discusión, las de mayor importancia pueden agruparse dentro de cuatro áreas: 

¿Cuál es la relación entre pobreza y degradación ambiental? 

¿Pueden superarse los obstáculos para alcanzar la sostenibilidad mediante la elevación de los niveles de ingreso per capita? 

¿Pueden las políticas dirigidas a erradicar la pobreza contribuir también a reducir las presiones sobre el ambiente? 

¿Están los ricos del mundo confrontando los problemas de la sostenibilidad responsablemente? ¿Cuál es su nivel de responsabilidad en las acciones dirigidas a la protección ambiental y a la conservación de las áreas habitadas por los pobres?2.

La sostenibilidad no es posible en Latinoamérica mientras aumente la pobreza y se niegue a los pobres el acceso a los recursos necesarios para la mera supervivencia. El capitalismo internacional no necesita ya de crecientes ejércitos de desempleados para asegurar salarios bajos ni necesita controlar vastas áreas para asegurar un flujo regular de materias primas y productos primarios requeridos por su maquinaria productiva. Sin embargo, se siguen extrayendo grandes excedentes que desarraigan y empobrecen a la población. Se requieren, por tanto, cambios profundos para facilitar una estrategia de desarrollo sostenible. En la sección final exploramos tal enfoque, sugiriendo que es posible y necesario promover una alternativa: una estructura que permita mayor autonomía para que la gente reconstruya sus sociedades y produzca bienes y servicios en un diseño sostenible, mientras se expanden los servicios de protección ambiental.

Riqueza, pobreza y degradación ambiental

El contexto de la crisis actual

La pobreza surge de las desigualdades profundas que caracterizan a nuestras sociedades. El poder económico y político se apropia de los bienes de otras personas e incluso de sus derechos para disfrutar de un ingreso mínimo decente. Los problemas ambientales de Latinoamérica hoy en día reflejan la herencia de un patrón de desarrollo político polarizado. En esta sección identificamos las principales fuerzas que están determinando el proceso simultáneo de desarrollo y de empobrecimiento, y discutimos algunas de sus manifestaciones.

Aunque el proceso difiere grandemente de país a país, y aun en el interior de cada país, los resultados han sido notablemente similares. La colonización del pasado, y la neo-colonización más reciente del continente americano, dieron origen a una serie sin fin de desplazamientos, apropiaciones y expropiaciones. El neoliberalismo de hoy profundiza esta dinámica. Conforme las olas sucesivas de colonizadores demandaron las tierras de mayor productividad, el uso de la tierra evolucionó de su vocación histórica (productora de los recursos básicos para la supervivencia humana y social) al énfasis actual en la producción de cultivos que aseguran una ganancia a los propietarios. Por más de quinientos años, los primeros pueblos de las Américas y sus sucesores han sido forzados una y otra vez a buscar refugio en condiciones cada vez más marginales. Hoy, no sólo los indígenas sufren esta ignominia: mestizos de las ciudades y del campo y migrantes de todas partes están condenados a sufrir la carencia de lo que serían sus derechos humanos inalienables.

Hacia mediados del siglo XX, los empresarios rurales comenzaron a modelar una nueva tradición científica, utilizando los recursos estatales y corporativos para inventar lo que pronto se conocería como la "revolución verde". Desplazando a los agrónomos que habían trabajado dentro de la tradición campesina, los técnicos introdujeron agroquímicos y maquinaria que utilizan fuentes de energía no renovables para aumentar la productividad. Más tarde harían lo mismo con biotecnologías3. Respondiendo al espectro neomalthusiano, los diseñadores de la política presionaron a las instituciones multilaterales financieras y de desarrollo (FAO, BIRF, FMI) para expandir el alcance de la "revolución verde". Insistiendo en la necesidad de privilegiar a las granjas comerciales, los modernizadores enfocaron sus esfuerzos a promover el desarrollo agrícola entre los grupos sociales empresariales a expensas de los campesinos. Estos empresarios se apropian de ganancias extraordinarias con un uso dispendioso del agua, la energía y los agroquímicos. En nombre del progreso, y para contrarrestar la amenaza malthusiana, siguen remodelando el hemisferio completo: haciendo florecer los desiertos, abriendo los bosques húmedos tropicales, desnudando las montañas, drenando los pantanos y humedales, y cortando las raíces que sustentan los manglares.

El sacrificio humano también es extraordinario. Por toda Latinoamérica las comunidades agrarias han sido desplazadas de tierras valiosas y arrinconadas en regiones inapropiadas, de acceso difícil, con las tierras más pobres e inadecuadas y con la más precaria disponibilidad de agua. Engañados o entrampados en regiones y empleos insostenibles, encuentran difícil o prohibitivo continuar las tareas importantes de conservación del suelo y del agua y los manejos prudentes que fueron parte integral de su cultura ancestral. No tienen más alternativa que utilizar y devastar sus propios ambientes en su lucha desesperada por sobrevivir4.

El mercado acentúa esta tragedia. Con el deterioro que les provocan los términos del intercambio5, muchos pequeños agricultores no tienen otra alternativa que buscar empleo donde sea, y frecuentemente se ven obligados a vender, transferir o simplemente abandonar sus tierras. La yuxtaposición perniciosa de los grupos sociales impuesta por el funcionamiento normal de la economía de mercado no sólo limita severamente las oportunidades de las masas de trabajadores y campesinos, sino que convierte a muchos de estos grupos en olas migratorias que buscan nuevos lugares para sobrevivir, frecuentemente en áreas inadecuadas debido a la fragilidad de sus ecosistemas.

La expansión acelerada del segmento moderno de la sociedad rural está, en consecuencia, ocasionando mayores problemas ambientales en décadas recientes. Los trabajadores son envenenados en los campos por los plaguicidas, mientras que sus familias sufren por los efectos de la contaminación química y orgánica en sus comunidades. Los campesinos soportan condiciones de trabajo intolerables como seres humanos, pero a menudo salen del molde para enfrentar a estados militarizados en su lucha por un poco de dignidad. Los estragos ambientales acumulados por décadas han acelerado su ritmo e intensidad a tal grado que ahora son una gran amenaza para la viabilidad de incontables especies de flora y fauna, y para la misma sociedad humana. El clamor de los grupos ciudadanos y los ambientalistas organizados es testimonio de este fenómeno.

Una respuesta política inadecuada

Como respuesta a la devastación, nos encontramos ahora obligados a "racionalizar" el uso de los recursos naturales. Después de haber transformado la naturaleza, ahora debemos reconsiderar cómo proteger a nuestra sociedad. Frente a los controles impuestos sobre los productos importados por las naciones ricas, algunos utilizan químicos de manera más moderada o cambian a fórmulas menos dañinas; las gasolinas ya no contienen plomo y el agua está tratada. En los países latinoamericanos, los esfuerzos por promulgar un conjunto adecuado de regulaciones protectoras también han obligado a algunos productores a modificar sus prácticas, pero en muchos lugares las distorsiones burocráticas dificultan hacerlas efectivas. Otros responden a las nuevas políticas que eliminan los subsidios a todos los productos de este tipo utilizando recursos con mayor cuidado, o cambiando las técnicas para reducir los costos o incrementar la productividad. Para los que así proceden, una combinación de sus propios intereses con las respuestas a las señales administrativas y del mercado, reforzada por una vigilancia social apropiada, puede conducir a una reducción progresiva del daño ambiental en regiones ya ocupadas con anterioridad por el sector comercial.

Sin embargo, aunque tales acciones en pos de la protección ambiental en la producción y las estrategias políticas son movimientos en una dirección correcta y deben fomentarse, pocos pasos se han tomado para proteger a las poblaciones en riesgo. Mientras tanto, el eslabón político crucial que determina la correlación entre la expropiación de los recursos naturales y ambientales y la explotación de la gente se relega al campo de las organizaciones de base: los organismos no gubernamentales (ONGs), los grupos de mujeres, algunos grupos ambientalistas, organizaciones de los derechos de los trabajadores y los mismos productores directos. Soslayando una experiencia que demuestra cómo el desarrollo sostenible se coloca en un panorama más amplio de justicia social, derechos humanos y diversidad cultural, el ambiente político continúa reforzando el proceso social que penaliza a los pobres. El análisis oficial "culpa a las víctimas" por los dilemas que enfrentan y, sumado a las críticas devastadoras de la ineficiencia y corrupción burocrática, propaga la visión de que el mercado "libre" produce un uso mucho más eficiente de los recursos, mayores niveles de bienestar y una tasa mayor de crecimiento económico.

Los sistemas modernos de producción continúan su expansión disputando los derechos de los campesinos e indígenas en sus tierras más productivas y sus recursos más valiosos, y desechando brigadas enteras de obreros para volver eficientes sus industrias. Las instituciones oficiales, nacionales e internacionales, desarrollaron nuevas estrategias para promover empresas globales y premiar a los agricultores comerciales por sus aportaciones al desarrollo nacional. Les aseguran acceso privilegiado a los recursos más valiosos de la sociedad en proceso de modernización: tecnología, crédito y canales de mercado. Les regalan la tierra y los recursos naturales. La pobreza se acentúa por esta expansión, la cual frecuentemente condena a la devastación a ciertas regiones y a quienes viven en ellas. En la nueva arena política, la lucha de los pobres es cada vez más difícil. En el mejor de los casos, los grupos marginados pueden intentar reclamar una pequeña proporción de los presupuestos oficiales para sus tareas; ahora reclaman a la comunidad mundial para que los entiendan y apoyen, o instalan varias formas de resistencia para resolver sus peticiones. Aun cuando las reformas agrarias forzaron una redistribución de la tierra hacia los grupos campesinos e indígenas, como en México, Bolivia y Nicaragua, los recursos financieros y técnicos complementarios requeridos para ayudar a los nuevos propietarios fueron invariablemente dirigidos a otros usuarios.

La dinámica de la pobreza

Por encima de todos estos factores se encuentra el hecho de que la pobreza es la consecuencia histórica de los sistemas existentes de organización económica, los cuales continúan discriminando a los productores directos. Si bien es cierto que hoy nuestras sociedades son mayormente urbanas y las escuelas se concentran en estas áreas, no podemos menospreciar el papel tan importante que tienen las regiones rurales para abastecernos de los elementos fundamentales para la supervivencia y para el manejo ambiental que contribuye a contrarrestar el deterioro ocasionado por "el progreso". Descubrimos que los productores rurales de pequeña escala no están dotados de cantidades comparables de equipo que les permitan elevar la productividad de la tierra y el trabajo. Sin embargo, es cada vez más preocupante el hecho de que la organización agropecuaria del tercer mundo los coloca en una desventaja no sólo respecto de otros sectores, sino también en su lucha por competir con los productores de otras partes del planeta. En el tercer mundo carecen de acceso al apoyo técnico, financiero e institucional protector con que contaban antes los agricultores de otros países para enfrentar la competencia.

Estos problemas fundamentales pueden examinarse más fácilmente señalando algunas de las causas principales de la pobreza, las cuales permiten elaborar los lineamentos para una estrategia alternativa del desarrollo sostenible. No es éste el lugar para entrar en los detalles de estas facetas de la dinámica social, pero es fundamental mantener algunos procesos en mente cuando consideramos cómo construir alternativas (véase Barkin, 1998[a]). Los siguientes son los obstáculos más sobresalientes a los esfuerzos sociales para proseguir con una estrategia para el manejo sustentable de recursos regionales: 

Políticas macroeconómicas y sectoriales discriminatorias.
Sistemas inadecuados y polarizados de tenencia de la tierra. 

Sesgo anti-campesino en las instituciones de desarrollo.
Distribución desigual del ingreso y del poder político.
Políticas inadecuadas de empleo, castigando a las actividades tradicionales. 

Presiones contra las instituciones culturales locales.
La migración y la feminización de la pobreza.
El sesgo hacia la modernización urbana y la pobreza rural.

En este complejo telón que relaciona lo rural con lo urbano, las dicotomías de épocas pasadas no son útiles ya para el campesinado y el proletariado. El ingreso proveniente de fuentes externas a la comunidad es ahora una parte integral de los recursos locales, mientras que las múltiples habilidades adquiridas en estos empleos podrían contribuir a diversificar la base económica del campo. De manera inversa, las poblaciones rurales y su experiencia también tienen un gran potencial para contribuir al mejoramiento de la vida nacional. En todo el tercer mundo, las importantes diferencias en la productividad y los ingresos entre la industria y la agricultura han creado una barrera para lograr un desarrollo urbano más equilibrado, que incluiría un patrón diversificado de uso del suelo. Por ejemplo, la posibilidad de producir alimentos en áreas urbanas como parte de una respuesta al creciente desempleo podría bajar los costos de transporte y las tasas de crecimiento urbano. Asimismo, mejorar los niveles de vida y proteger el ambiente urbano requiere confrontar la imperiosa necesidad de crear empleos productivos en las áreas rurales.

Las consecuencias sociales y ambientales de la internacionalización

La economía internacional se insinúa en cada aspecto de la vida. No se toma en cuenta para el análisis del cambio en las comunidades rurales aparentemente independientes y aisladas; para las discusiones de la sostenibilidad era virtualmente inexistente hasta la época de más reciente. Sin embargo, la expansión internacional ha transformado a la economía dual en un fenómeno global, creando sistemáticamente estructuras que polarizarán a la sociedad y acelerarán procesos que amenazan el bienestar social y el ambiente (Barkin, 1987; Wolf, 1982).

El comercio y el ambiente: los errores del estado y el mercado

El avance hacia el libre comercio se combinó con un proceso de integración regional. Los mecanismos del mercado reemplazaron a las imposiciones burocráticas, permitiendo mayor libertad para el capital y las decisiones de inversión de los grupos empresariales. La competencia entre los grupos financieros surgió conforme tomaron ventaja de las oportunidades ofrecidas por la economía internacional para crear nuevas industrias y modernizar las viejas, traer nuevas tecnologías en un intento por superar los viejos problemas, y reubicar a la sociedad y a sus integrantes a fin de confrontar los cambios de la competencia internacional. Las agencias multilaterales de desarrollo comenzaron a financiar los cambios institucionales y productivos necesarios para impulsar a muchos países de todo el mundo al mercado mundial. El nuevo clima de libertad económica generó las condiciones para altas ganancias, atendiendo las demandas del mercado internacional y de un nuevo grupo próspero de consumidores locales, principales beneficiarios de la nueva estrategia. Las bolsas de valores asumieron una nueva importancia como foco para los movimientos especulativos de capital que están influyendo de manera importante en las decisiones políticas y productivas. En Latinoamérica se sintieron rápidamente los efectos desestabilizadores de los movimientos de capital: los financistas internacionales impusieron fuertes límites a la posibilidad de los gobiernos nacionales para promover una estrategia popular de desarrollo sostenible, ocasionando costos particularmente onerosos a los trabajadores y los campesinos.

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la Organización Mundial del Comercio fueron de gran importancia y visibilidad. Grupos opositores forjaron alianzas para tratar de derrotar estas iniciativas que, dijeron, ocasionarían graves daños ambientales y sociales. La internacionalización de la economía global acelera la especialización productiva, intensificando los problemas de degradación y destrucción de los ecosistemas. La mayor concentración de la riqueza y la agudización de la pobreza están haciendo cada vez más difícil la tarea de controlar y revertir el daño ambiental. Algunos grupos ambientalistas hacen hincapié en los altos costos que este comercio ocasiona en términos de contaminación por transporte y desperdicios del proceso de producción y una utilización más rápida de los recursos naturales, especialmente de la energía. Otros críticos fueron más allá, objetando la rápida difusión de un modelo de desarrollo insostenible e inalcanzable, que imponía el consumo creciente como base para mejorar el bienestar humano. Justo cuando los gobiernos nacionales son forzados a reducir sus funciones tradicionales y a sacrificar parte de su base de ingresos públicos para atraer nuevas inversiones, se intensifica el ritmo de crecimiento económico. Sin desprenderse de su control político, están devolviendo muchas responsabilidades a las regiones (estatales o provinciales) y a las administraciones locales, las cuales no están preparadas para enfrentar esta carga. La carencia de personal técnico y sistemas administrativos modernos agudiza los problemas. Esto hace resaltar el interés por los daños ambientales y la destacada polarización conforme los comerciantes internacionales arrebatan los beneficios de la nueva apertura del sistema internacional6. Pero la internacionalización crea nuevas contradicciones. No ha resultado fácil convencer u obligar a las empresas a que incluyan en el diseño y operación de sus proyectos de inversión los efectos ambientales y sociales causados a la comunidad. Hasta ahora, no se ha logrado que las compañías incorporen estas "externalidades" (es decir, los costos totales para el ambiente y la sociedad) en sus cálculos, o, salvo contadas excepciones, a que sus planes de producción y expansión no contribuyan al deterioro del entorno en que operan. Preocupante es la práctica actual de estas corporaciones que se sirven de sus considerables influencias políticas y económicas para que se establezcan políticas que conducen a lo opuesto de lo que los economistas y ambientalistas considerarían las decisiones óptimas. Negocian subsidios o exenciones de varios tipos por servicios públicos (incluyendo impuestos locales, cargos por servicios de infraestructura municipal y tarifas de energía), que conducen a la elección de tecnologías que no están acordes con los mejores intereses del país o del planeta en términos de su impacto en el medio ambiente. Los programas públicos para atraer inversiones privadas a menudo fomentan un incremento en el empleo de maquinaria, desplazando a la mano de obra, y aumentan el uso de energía; a la vez, eximen a las nuevas empresas de su aporte para financiar las inversiones en servicios públicos requeridos para asegurar la producción. Como resultado, las nuevas instalaciones para la producción privada se dan con frecuencia a expensas del deterioro en la calidad de los servicios disponibles para la población local, incluyendo a muchos obreros que han emigrado en busca de trabajo. Así, se observa un aumento importante de producción con una merma sensible en la calidad de vida para todos los que habitan en la zona.

Las distorsiones en los sistemas de precios no son las únicas fallas del mercado. Durante mucho tiempo, los economistas han evaluado las diversas externalidades asociadas con la producción y la organización colectiva. De la expansión internacional surgen grandes preocupaciones conforme los nuevos inversionistas -alentados por la necesidad de generar divisas- aumentan la intensidad con que extraen los recursos naturales, con efectos deplorables para el ambiente. Muchos convenios de producción para el mercado internacional son de corto plazo, generando fuertes incentivos para elevar la intensidad de la extracción de valor -un problema que se está agudizando en las áreas de plantación forestal y de monocultivo agrícola del tercer mundo. A menudo, la creciente intensidad de extracción en una región conduce al empobrecimiento de otras, ya que los métodos tradicionales de producción en las áreas forestales o costeras resultan demasiado costosos para permitir a la mayoría de los campesinos competir en los mercados nacionales e internacionales. Estos sistemas de producción especializada, localizados en la agricultura, la minería o la silvicultura, en áreas marinas o urbanas, con frecuencia son considerados por muchos expertos como los peores depredadores del medio.

La separación del consumo y la producción

La opulencia, la acumulación de riqueza y la desigualdad son una grave amenaza para la sostenibilidad del sistema global. Los patrones de consumo de los países más ricos están conformados por un aparato productivo que sólo prospera generando nuevas demandas de bienes para continuar creciendo. Esta lógica productiva le impide a las empresas o al mismo estado definir un paquete socialmente deseable de productos para el uso individual y colectivo que satisfagan las necesidades básicas. Actualmente, las energías creativas se dirigen hacia el acrecentamiento del volumen de bienes con una elevación concomitante del uso de energía y otros recursos naturales, sacrificando frecuentemente la capacidad de la sociedad para enfrentar mayores metas sociales.

Con la creciente comprensión de la amenaza de la crisis ambiental, aumentan las presiones por tecnologías de producción y patrones de consumo más responsables. Aunque hay casos selectos donde los recursos son utilizados con mayor eficiencia y se presta mayor atención a la reducción y reciclaje de múltiples desechos, el problema fundamental es el imperativo hacia el crecimiento basado en el consumo de un volumen cada vez mayor de bienes y servicios, demandando más recursos y energía. Esto crea un modelo insostenible que las sociedades opulentas no están preparadas para contener, mucho menos para revertir.

Existe una contradicción fundamental en el interior de un sistema que promueve una creciente separación entre consumo y producción. La urbanización ciertamente contribuye a esta separación. Aún cuando haya una mayor conciencia de la necesidad de cuidar el ambiente, la creciente complejidad de los procesos productivos y las características del consumo urbano conducen a perder contacto con la relación intrínseca entre el bienestar ambiental y el humano. Se están olvidando las tradiciones y prácticas culturales que se perfeccionaron y transmitieron a través de generaciones para proteger el ambiente y las especies. Las presiones de la reorganización social y productiva han avanzado más allá de la capacidad de muchas de estas sociedades para adaptarse, con el resultado de que un número importante está sufriendo procesos acelerados de deterioro ambiental. Más que nunca, necesitamos considerar las contribuciones que las adaptaciones de las antiguas y las nuevas tecnologías pueden hacer para mejorar el paisaje y los sistemas productivos deteriorados. Conforme avance nuestra comprensión de los sistemas tradicionales de conocimiento, será posible aprovechar algunos de los enfoques de manejo ambiental utilizados en unas sociedades para proteger los ecosistemas y mejorar la calidad de vida en otras áreas.

El análisis económico del "problema"

Frente a los retos de la "sostenibilidad," los teóricos del desarrollo, y sus colegas que formulan las políticas en las instituciones multilaterales, reaccionan justificando sus recetas con la estructura analítica y las herramientas de la economía neo-liberal, es decir, de los grupos ricos que dominan el mercado mundial. Como resultado, una parte importante del esfuerzo y un gasto considerable han sido dedicados a cuantificar los problemas de la degradación ambiental y a formalizar la búsqueda de soluciones en modelos económicos que ofrecen métodos para fijar precios a los recursos y asignar costos a los contaminantes y a los procesos de degradación7.

Para muchas de estas agencias multilaterales, el "desarrollo sostenible" es otra oportunidad para emplear la caja de herramientas del economista. Los economistas sostienen que, bajo circunstancias de pobreza y escasez de capital, la gente con poder económico y político asigne los recursos para promover la inversión, incrementando la tasa de crecimiento en el corto plazo de modo que después se tengan más recursos disponibles para enfrentar las demandas populares para resolver los problemas colectivos e individuales del bienestar social. De acuerdo con sus ideas, la calidad del ambiente es una "mercancía" de lujo, que sólo puede ser valorada cuando la gente ha resuelto sus necesidades básicas.

Una "Curva de Kuznets", aplicada al ambiente, es un aparato heurístico que se utiliza para justificar tal enfoque teórico. Se ha identificado una tendencia de las naciones más ricas a asignar una proporción creciente de su ingreso nacional al mejoramiento ambiental. Así, encontramos que algunos economistas interesados en el tema argumentan, por ejemplo, que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica contribuirá a mejorar el ambiente en la medida en que eleve la tasa de crecimiento económico y estimule la demanda por un ambiente más limpio8.

De la misma manera, los economistas neoclásicos ofrecen una serie de conclusiones analíticas y recetas de política fundadas en su comprensión de la manera en que funcionan los mercados. Larry Summers, el economista principal del Banco Mundial en su momento, y luego encargado de la política económica internacional de Estados Unidos entre 1995 y 1996, ofreció un ejemplo espléndido de este razonamiento cuando se le preguntó si "el Banco Mundial [no] debería fomentar mayor migración de las industrias sucias a los países en vías de desarrollo". Explicó que "una cantidad dada de contaminación perjudicial para la salud debería hacerse en el país con el costo más bajo, que sería en el país con los salarios menores". Más aún, destacó que "la demanda por un ambiente limpio por razones estéticas y de salud parece tener una elevada elasticidad de ingreso", ya que la gente de estos países tiene tasas elevadas de mortalidad infantil y no necesita preocuparse por las enfermedades provocadas por la contaminación, que sólo se manifiestan en la gente mayor (Foster, 1993: 10-11).

Los pobres contribuyen a la degradación del ambiente, se dice, por la urgencia en enfrentar sus necesidades de supervivencia. En términos técnicos, los pobres valoran más a los productos disponibles en el corto plazo, a expensas de las actividades que sólo darán frutos en el futuro. Por eso deberían aceptar la degradación ambiental a largo plazo, con estrategias que sacrificarían la calidad ambiental. Desgraciadamente, desde el punto de vista de los más necesitados, la inversión en actividades como proyectos de conservación del agua y reforestación produciría beneficios después de un largo tiempo. Los economistas de la comunidad financiera internacional sostienen que los pobres no estarían en condiciones de atender a las necesidades de mantenimiento de ecosistemas por la urgencia de atender sus necesidades inmediatas de comida y albergue; en contraste, aseguran que estas prioridades cambiarán a mediada que las sociedades crezcan, porque los mismos productores tendrán más recursos y porque una mayor disponibilidad de capital contribuiría a reducir la tasa de descuento social; y también porque los gobiernos estarán mejor equipados para enfrentar los problemas9. En consecuencia, "sólo después de que los productores pobres incrementen sus ingresos pueden volver su atención a la reducción de la erosión del suelo y a otros problemas ambientales de largo plazo"10 (Leonard, 1989: 4).

El crecimiento de la población es otra de las causas de la degradación ambiental, de acuerdo con aquellos que utilizan modelos de comportamiento de elección racional, línea fundamental de los que proponen las políticas neoliberales. Las altas tasas históricas de fertilidad les sugieren una receta política: la urgencia por imponer controles más estrictos sobre la natalidad. Más que admitir que el crecimiento de la población frecuentemente es un síntoma del fracaso de sus propias políticas económicas, y de la creciente marginación de los pobres, los políticos califican como irracionales a los grupos sociales que eligen procrear más hijos; entonces, tienen que ser más responsables e intervenir con programas de planificación familiar, alfabetización femenina, estrategias de control social o medidas más autoritarias, si el primer enfoque falla (Ehrlich y Ehrlich, 1991). En general, los economistas insisten en que el mercado es el mejor mecanismo que la sociedad tiene para la asignación de recursos. Incluso Herman Daly, un crítico muy conocido del pensamiento convencional sobre sostenibilidad que ha introducido consideraciones institucionales y biológicas en su análisis, comenzó uno de sus libros con la defensa de los mercados: "Estamos convencidos de la capacidad de los mercados y de su excelencia para ciertos propósitos que están en el corazón de las teorías clásica y neoclásica. Creemos que muchos propósitos públicos podrían ser mejor servidos por la aplicación de los principios del mercado que por el remiendo de los gobiernos ahora prevalecientes. (...) El análisis del mercado puede continuar jugando un papel extremadamente importante dentro de un contexto que ve el propósito de la economía al servicio de la comunidad (Daly y Cobb Jr., 1993: 19). Ahora, la prioridad para los economistas es determinar el costo social de los recursos y flujos de desperdicios. De asignar precios correctos, argumentan, promoverían un uso más cuidadoso de los escasos recursos y una actitud más responsable hacia la generación y dispersión de desperdicios. Sin embargo, las decisiones acerca de cómo expresar estos asuntos en términos financieros no son simples cuestiones técnicas. Más bien implican cuestiones complejas sobre la distribución de los recursos y beneficios entre diferentes clases sociales y entre generaciones, sobre el control actual y futuro de los recursos y el papel de la tecnología en la sociedad. En pocas palabras, los debates técnicos entre los economistas enmascaran asuntos fundamentales sobre el funcionamiento presente y la evolución futura de la sociedad.

Las discusiones técnicas de los economistas soslayan cuestiones importantes. Una vez que se decide cómo cobrar a la gente por usar recursos y por los daños al ambiente, habría que decidir cómo usar estos recursos para mejorar la calidad de la vida. La captación de parte de este valor puede ser una fuente de ingresos para ayudar al financiamiento de los enormes gastos necesarios para corregir el daño debido a una larga historia de maltrato a la naturaleza. El dinero puede ser utilizado también para compensar a las comunidades por la explotación de sus recursos, un mecanismo para pagar las inversiones requeridas para sustituir esos recursos con nuevas actividades productivas que garantizarán un empleo lucrativo en el futuro. Las reformas institucionales requeridas por este enfoque implican un reordenamiento importante de las prioridades sociales y políticas, tema al que debemos retornar con frecuencia.

Una respuesta popular

Frente a la tesis oficial de la necesidad de acelerar la internacionalización del capital, las organizaciones no gubernamentales, en representación de los diversos intereses de la "sociedad civil" en el mundo, han comenzado a jugar un papel crucial, ofreciendo modelos alternativos de desarrollo sostenible. Las ONGs internacionales han librado una lucha contra los programas de ajuste estructural, movilizando a los grupos nacionales y locales en su contra por la carga desproporcionada que imponen a los grupos más vulnerables en el tercer mundo. Estos esfuerzos de organización continúan siendo especialmente efectivos debido a que no se limitan a los intereses sectoriales de grupos ambientalistas u otros interesados en los derechos humanos, los problemas de las mujeres, el trabajo o los campesinos. Comparten un análisis común que identifica a la desigualdad como uno de los problemas principales y, en consecuencia, a la participación democrática de base como la estrategia fundamental y el principio de acción política (Barkin, 1994; Gregory, 1992; Johnson y Cooperrider, 1991; Livernash, 1992; Cruz y Repetto, 1992; Mumme, 1993).

Aunque el Banco Mundial reconocía la existencia de estos grupos sociales desde 1975, la participación sustantiva de las ONGs sólo comenzó después de un acuerdo suscrito en 1987 respecto a la necesidad de aprovechar la experiencia de las ONGs sureñas y las organizaciones de base. A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo realizada en Río en 1992, ha aumentado la colaboración oficial con las ONGs preocupadas por el desarrollo y el ambiente. La organización de los grupos de base de todo el mundo, junto con el reconocimiento creciente del fracaso de las soluciones mercantiles para proporcionar respuestas a las necesidades de los marginados, está creando una nueva estructura en la que los defensores de la participación popular no sólo ocupan un lugar importante en los debates sobre la promoción del desarrollo sostenible, sino que también pueden participar en el diseño e instrumentación de programas de desarrollo nacional. Por supuesto, esto no resuelve los problemas más difíciles del conflicto de intereses entre los grupos sociales en cada país y región, el cual constituye la barrera más importante para el desarrollo sostenible.

Nuevas estrategias para el desarrollo rural sostenible: participación popular, autosuficiencia alimentaria y regeneración ambiental

La economía dual de hoy es un anacronismo. Mientras la internacionalización promete más que nunca mayores ganancias para el capital, las contradicciones creadas por el empobrecimiento están provocando una intensa y amplia rebelión en muchas partes. En este ensayo hemos trazado la expansión internacional del capital, y la manera en que integra a los recursos y a la gente en un sistema polarizado de gran riqueza, acompañado por pobreza y despojo. La expansión ha creado vastas áreas deforestadas, sin posibilidades de ser cultivadas, junto con importantes grupos humanos viviendo en condiciones precarias en las áreas rurales o en las marginales urbanas. Este desperdicio de recursos naturales y humanos impone una pesada carga a la sociedad, no sólo en términos de oportunidades desaprovechadas, sino también por los altos costos que ocasiona el control autoritario de la población.

Sostenibilidad

El desarrollo sostenible se ha convertido en un poderoso y controvertido tema, creando metas que parecen imposibles para los políticos y los funcionarios de los organismos internacionales de desarrollo. A pesar de que exista un creciente convencimiento de que el desarrollo sostenible es una idea cuyo tiempo ha llegado, todavía no es aceptada, porque choca con el interés hegemónico de una poderosa minoría aún cuando existiera un reconocimiento amplio de que no se pueden generalizar los niveles actuales de consumo de recursos per capita en los países ricos para quienes viven en el resto del mundo. Muchos añaden que los niveles actuales de consumo no pueden mantenerse, aun para los grupos que ahora disfrutan de elevados niveles de bienestar material11. En este nuevo discurso, los recursos que nos rodean no sólo son el capital natural heredado (incluyendo las materias primas, como los productos del suelo, del subsuelo, la buena calidad del agua y el aire, los bosques, océanos y humedales) sino también la capacidad de la tierra para absorber los desperdicios producidos por los sistemas productivos. El análisis de los recursos también incluye consideraciones sobre la calidad de los ambientes construidos, en los cuales vivimos y trabajamos.

El interés por la sostenibilidad se ha globalizado, reflejando el miedo generalizado frente al deterioro de la calidad de vida. Los sistemas productivos y los patrones de consumo existentes amenazan con la continuidad de nuestras organizaciones sociales. Los modelos actuales de desarrollo son injustos y antidemocráticos. Como reacción, surge el espectro de la desintegración de los sistemas presentes -social, político, productivo y aun de riqueza personal. Debe reemplazarlos una estructura diferente, más acorde con las posibilidades de la tierra para mantener y reproducir la vida.

Referirnos a las cuestiones de sostenibilidad, entonces, requiere confrontar los dilemas fundamentales que enfrentan las instituciones del desarrollo. Aunque los enfoques de la difusión del progreso económico por goteo enriquecen a algunos y estimulan el crecimiento en economías y sectores modernos dentro de las sociedades tradicionales, éstos no responden a las necesidades de la mayor parte de la población. Más aun, contribuyen a agotar las reservas mundiales de riqueza natural y al deterioro de la calidad del ambiente. En el análisis final descubrimos que, en las condiciones presentes, la misma acumulación de riqueza crea pobreza. Mientras que los pobres sobreviven en condiciones infrahumanas y son forzados a contribuir a la degradación ambiental, lo hacen por falta de alternativas. Aún en el más pobre de los países, los abismos sociales no sólo evitan que los recursos sean utilizados para mejorar la situación, sino que realmente agravan el daño, sacando a la gente de sus comunidades y negándole la oportunidad de proyectar sus propias soluciones. Por esta razón, la búsqueda de la sostenibilidad implica una estrategia dual moderna: por una parte, debe facilitar a la gente el fortalecimiento de sus propias organizaciones o la creación de nuevas, utilizando sus recursos relativamente magros en la búsqueda de una alternativa y de una resolución autónoma de sus problemas. Por otra parte, una estrategia de desarrollo sostenible debe contribuir al surgimiento de un nuevo pacto social, cimentado en el reconocimiento de que son esenciales la erradicación de la pobreza y la incorporación democrática de los desamparados dentro de una estructura productiva más diversificada. La sostenibilidad no es, simplemente, un asunto del ambiente, de justicia social y de desarrollo. También se trata de la gente y de su supervivencia como individuos y culturas. De manera más significativa, la pregunta es si los diversos grupos de población continuarán sobreviviendo y de qué manera. De hecho, la nueva bibliografía sobre el movimiento hacia la sostenibilidad celebra a los diversos grupos que han adaptado exitosamente sus herencias culturales, sus formas especiales de organización social y productiva y las tradiciones específicas de relacionarse con sus ambientes naturales.

La sostenibilidad es entonces una lucha por la diversidad en todas sus dimensiones. Las campañas internacionales para conservar el germoplasma, proteger a las especies en peligro de extinción y crear reservas de la biosfera están multiplicándose como reacción a la expansión de un modelo ofensivo, pero las comunidades y sus miembros se sienten fuertemente presionados, y luchan contra fuerzas externas poderosas para defender su individualidad, sus derechos y sus habilidades para sobrevivir, mientras tratan de satisfacer sus necesidades. El interés por la biodiversidad, en su sentido más amplio, abarca no sólo la flora y la fauna amenazadas, sino también la supervivencia de estas comunidades humanas, como administradoras del ambiente natural y como productoras.

La sostenibilidad es un proceso más que un conjunto de metas muy específicas. Implica la modificación de un proceso en la naturaleza, la economía y la sociedad. Se ha puesto más de moda conforme la gente descubre que el crecimiento de la producción o incluso de la riqueza nacional no garantiza mejores niveles de vida y una mayor calidad de vida. Pero los retos de la protección ambiental son quizá la fuerza más inmediata que hace tan importante la discusión. Hay cuestiones éticas fundamentales sobre la sostenibilidad de una estructura global que perpetúa altos grados de desigualdad internacional mientras trabaja en las comunidades rurales con pocas oportunidades de satisfacer sus necesidades más básicas. Estas cuestiones van más allá del alcance del presente documento, el cual se centra en estrategias para promover un mayor grado de sostenibilidad en el desarrollo rural. Pero enfrentar al reto de la sostenibilidad también modificaría los programas de desarrollo nacional, obligando a una participación popular mayor en su diseño e instrumentación.

Una estrategia para promover la sostenibilidad debe enfocarse en la importancia de la autonomía y autarquía locales o regionales como central en cualquier discusión sobre la integración nacional o internacional. El problema de la autonomía versus la cooperación y la coordinación está mucho más relacionado con otros que tienen que ver con la autosuficiencia versus la especialización internacional. El análisis anterior de la sostenibilidad está en el extremo opuesto a las recetas de las reformas neoliberales. Aun así, los defensores de la sostenibilidad reconocen que las elecciones no son tan simples: los productos y las tecnologías industriales no serán rechazados simplemente porque implican control jerárquico y trabajo enajenado. La respuesta debe reflejar y confrontar las realidades de una sociedad global urbanizada en crisis, en la cual algunas naciones son incapaces de ofrecer a sus ciudadanos los medios para resolver las necesidades más elementales. Al mismo tiempo otros se enriquecen, saqueando los tesoros de la naturaleza. A continuación revisamos brevemente algunas de las estrategias propuestas para promover el desarrollo sostenible en diferentes contextos.

La internacionalización ha obstaculizado este movimiento hacia la diversidad. Los poderosos grupos que controlan la economía del mundo (corporaciones transnacionales, instituciones financieras y poderes locales influyentes, entre otros) hacen lo posible para romper estos intentos individuales o regionales, forjando grupos sociales más homogéneos y tratables. Ellos querrán colocarnos, como piezas de ajedrez, como soportes de la actual estructura de desigualdad, comprometiéndonos con empleos productivos y, a aquellos con suerte, con ingresos suficientes para que lleguemos a ser consumidores.

Autosuficiencia alimentaria y relación entre producción y consumo

Cuando se define una nueva estrategia, el primer asunto que debe tratarse claramente es la importancia de la autosuficiencia en oposición a la especialización impuesta por la integración económica mundial. El sistema actual de comercio global promueve la especialización basada en los sistemas de monocultivo y plantas industriales que sólo producen partes en plataformas de exportación (maquiladoras) para mercados extranjeros. Insistir en una mayor producción para mercados locales no es equivalente a la autarquía o al aislamiento, pero sí conduce a un grado de especialización mucho menor dentro de todas las áreas de la producción y de la organización social. La autosuficiencia alimentaria surgió como una necesidad de muchas sociedades ante la precariedad de sus sistemas internacionales de comercio. Las tradiciones culinarias específicas surgieron de un conocimiento local altamente sofisticado de frutas y vegetales, hierbas y especies. Aunque la introducción de las tecnologías de la revolución verde elevó tremendamente el potencial productivo de los cultivadores de alimentos, pronto se vio cuán duro fue alcanzar este potencial y los altos costos sociales y ambientales que tal programa puede acarrear12.

En algunas partes del mundo la estrategia de la autosuficiencia constituiría un lujo dispendioso. Implicaría desviar recursos de otros usos que serían más productivos por su contribución económica, creando exportaciones para adquirir mayores volúmenes de alimentos. Pero aun en circunstancias en que la importación al por mayor de los bienes básicos es recomendable, los interesados en el desarrollo sostenible cuestionan la modificación de las dietas locales que sean adecuadas a las posibilidades productivas de sus regiones. En la escena actual, la tendencia a sustituir los productos importados por los alimentos tradicionales es particularmente problemática y presenta terribles consecuencias para el bienestar humano en muchas sociedades13.

Sin embargo, la autosuficiencia alimentaria es sólo una faceta de una estrategia más amplia de diversificación productiva cuyos principios son, en gran medida, parte del movimiento hacia la sostenibilidad. Los principios de un mayor autoabastecimiento (en algunos trabajos en América Latina se usó la palabra "autoconfianza") son fundamentales para todos los productos y servicios que una sociedad quisiera asegurarse a sí misma. Históricamente, los habitantes rurales nunca han sido "sólo" agricultores, o productores de un solo producto. Más bien, las comunidades rurales fueron caracterizadas por la diversidad de sus actividades productivas en las que ellas se comprometen para asegurar su subsistencia. Son comunidades de administradores de sistemas complejos de recursos. Fue la aberración de transferir modelos de agricultura comercial a la teoría del desarrollo en el tercer mundo lo que contribuyó a menospreciar el carácter multifacético de los sistemas locales de producción tradicional. Las estrategias de desarrollo sostenible enfrentan directamente este problema, intentando reintroducir dicha diversidad, conforme se aferran a los problemas de escalas apropiadas de operación y multiplicidad de productos.

La diversificación productiva tiene que relacionarse con el patrón de necesidades y recursos locales. En la medida en que la gente no esté involucrada en el diseño e instrumentación de programas que le aseguren sus propias necesidades de consumo, tendrá menos conciencia del impacto de sus demandas en el resto de la sociedad y en el ambiente. En consecuencia, el enfoque de la sostenibilidad confiere gran importancia a establecer una relación directa entre la gente que planifica la producción y aquella que determina qué niveles de consumo son posibles.

Participación popular, justicia social y autonomía

La sustentabilidad involucra la participación directa y se profundiza con ella. De hecho, la exigencia de la sustentabilidad ha surgido de las bases sociales. Éstas participan y mantienen a las ONGs como intermediarios que canalizan las demandas de los grupos comunitarios y organizaciones cívicas que están empezando a exigir un papel creciente en el debate político nacional. Las demandas de los grupos locales, y las respuestas de las agencias oficiales multilaterales y nacionales, demuestran la mayor eficacia de las políticas diseñadas o instrumentadas desde la comunidad14. El éxito requiere de la participación directa de los beneficiarios y de otros que puedan ser impactados. Pero hay un acuerdo general respecto de que su participación debe implicar más que un simple papel de consulta. Para que tal enfoque funcione, se necesita que quienes detentan el poder se den cuenta de la necesidad de integrar a la gente dentro de estructuras participativas con el fin de confrontar los problemas principales de nuestro tiempo. Esto implica una redistribución del poder político y económico. Este prerrequisito es fundamental para cualquier programa de sostenibilidad, ya que la mayoría de los análisis técnicos destacan que los patrones que perpetúan estas desigualdades conducen a una mayor degradación ambiental (por ejemplo, Boyce, 1994; Goodland y Daly, 1993).

En esta formulación, la sostenibilidad no versa simplemente sobre la preservación ambiental. También involucra la participación activa de la población utilizando su comprensión de la dinámica de los sistemas naturales para aumentar su productividad, mientras conservan la capacidad del planeta para hospedar a las generaciones futuras. Es un enfoque basado en la movilización política. Quizá los aspectos más reveladores de la bibliografía sobre sostenibilidad son el cúmulo de ejemplos sobre la manera en que la gente puede realizar "actos de solidaridad con el otro cuando el Estado no los está viendo", con el fin de resolver problemas comunes e iniciar experimentos creativos para la innovación social (Friedmann, 1992: 168-171; Ostrom, 1990). Por supuesto, el trabajo de Albert Hirschman (1973) ofrece ejemplos incontables de las formas en que las ONGs y otros grupos de base han tenido éxito en forzar la presión para modificar proyectos de desarrollo como parte de su propia percepción de prioridades. En circunstancias especiales, el mismo estado podría (verse forzado a) jugar un papel decisivo en el fomento o "liberación" creativa de energías participativas para impulsar programas de desarrollo local y justicia social que también contribuyan a mover a la sociedad hacia la sostenibilidad (Tendler, 1993).

Sin embargo, la política pública puede aislar aún más a los marginados. Los programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en América Latina profundizaron la crisis social y ensancharon el número de personas en situación de pobreza extrema. El programa mexicano Solidaridad fue altamente difundido por las instituciones multilaterales como una estrategia efectiva contra la pobreza (y para ganar el voto), pero creó pocas oportunidades productivas para los participantes, anclándolos en su marginación, ampliando la brecha entre estos grupos y los beneficiarios de la globalización. La copia colombiana de Solidaridad no ofreció más oportunidades a los pobres. En su examen de los problemas de erosión del suelo, Blaikie va más allá para explicar cómo las señales del mercado generalmente empujan a los gobiernos hacia programas que benefician a los ricos: examinando los esfuerzos para elevar la productividad agrícola, explicando su fracaso por enfocarse en "mercancías agrícolas, aisladas de su contexto social, económico y ambiental" que influyen en los procesos tanto de degradación como de empobrecimiento (1985: 22).

Para ser efectivos, los programas para la sostenibilidad tendrán que ver con la pobreza. Existe un amplio reconocimiento de que la pobreza y la destrucción ambiental van de la mano, aunque se ha puesto menos atención a los enormes problemas ambientales ocasionados por los niveles actuales de consumo de quienes tienen más dinero. En el futuro, el progreso económico mismo dependerá de que los grupos de base -de los pobres- se involucren para obligar a quien tiene más dinero a encontrar formas de limitar su propio consumo (suntuoso), y comprometerse para la organización de programas sustentables de producción que fortalezcan las organizaciones de los que quieran orientarse a estrategias que combinen las exigencias de los mercados con las del planeta.

Una estrategia de participación democrática para la diversificación rural y el mejoramiento productivo

El desarrollo sostenible es un enfoque de reorganización productiva que aprovecha las experiencias combinadas de los grupos locales de todo el mundo. Las técnicas de instrumentación varían enormemente entre regiones y ecosistemas. Un común denominador permea este trabajo: la necesidad de una participación democrática efectiva en el diseño e instrumentación de los proyectos. Su importancia es evidente en los títulos de algunos de los excelentes escritos sobre el tema (Calderón et al. 1992; Machado et al. 1993; Núñez, 1993). Otra lección proveniente de la experiencia reciente es la eficacia de las redes que mantienen y defienden este trabajo. Sin el mutuo reforzamiento que la agrupación internacional de ONGs proporciona, las unidades individuales y las redes regionales no serían tan efectivas en la obtención de fondos para sus proyectos, en la obtención de asistencia técnica para su instrumentación y en el soporte político contra los políticos e instituciones intransigentes o incrédulas, tanto locales como nacionales (Friedmann y Rangan, 1993). Sin embargo, los éxitos se deben no sólo a la tenacidad y al sacrificio de los trabajadores comprometidos y a los participantes locales: también al surgimiento de una estructura nacional e internacional de soporte de trabajadores, campesinos, eruditos y activistas, deseosos de movilizarse para mantener los esfuerzos espontáneos; o bien grupos organizados de todo el mundo, que promueven proyectos de participación democrática para el desarrollo sostenible. Las organizaciones están formándose, las alianzas rehaciéndose, las experiencias reevaluándose15. En Latinoamérica, una de las más promisorias es la RIAD (Red Interamericana de Agriculturas y Democracia, 1993), que reúne a los organismos productivos en Chile. Otros se enfocan en la comercialización y su certificación, como los relacionados con el café orgánico (por ejemplo, Confederación Nacional de Organizaciones Cafetaleras en México) y la explotación sustentable de los bosques (por ejemplo, Forest Stewardship Council).

Pero el desarrollo sustentable no es un enfoque que será aceptado simplemente porque "su momento ha llegado". La apertura de la comunidad multilateral a los grupos de base -incluyendo el compromiso a largo plazo de la Fundación Interamericana en los Estados Unidos, el IICA en Costa Rica, y numerosas fundaciones de Europa- no es un gesto de los más poderosos para los más pobres: más bien, refleja el reconocimiento de que estos grupos han movilizado a la población y recursos para lograr mejoras palpables en los niveles de vida, mientras contribuyen notablemente a proteger el ambiente. Tales victorias señalan el principio, no el fin del proceso. Como tales, tampoco implican la aceptación de los objetivos de estos grupos por parte de las agencias oficiales, que claramente muestran mayor simpatía por los intereses del modelo de globalización con el patrón de especialización productiva y polarización social.

El desarrollo sostenible implica una lucha política por el control del aparato productivo. Requiere de una redefinición no sólo de qué y cómo producimos, sino también de a quién le será permitido producir y para qué fines. Para las organizaciones involucradas en proyectos de desarrollo sostenible en áreas rurales, el conflicto se centra alrededor del control de los mecanismos del poder político y económico local y sobre el uso de los recursos. La lucha por lograr una voz más efectiva para los campesinos, las poblaciones indígenas, las mujeres y otras minorías menos privilegiadas no asegurará que sus decisiones conduzcan al desarrollo sostenible. Sin embargo, esa participación democrática creará los cimientos para una distribución más equitativa de la riqueza, uno de los principales prerrequisitos para el surgimiento de una estrategia de desarrollo sostenible.

Desarrollo autónomo: una estrategia para la sostenibilidad

La integración global está creando oportunidades para algunos, y pesadillas para muchos. En la yuxtaposición de ganadores y perdedores, deben considerarse nuevas estrategias para el desarrollo rural que revaloricen la producción tradicional. Las nuevas estrategias tendrán que aislar, de alguna manera, a estas comunidades de la economía global, produciendo productos con cualidades especiales (orgánicas, genéricas, campesinas...) u ofreciendo servicios que puedan compensar, alentar e impulsar el fortalecimiento de sus actividades dentro de un manejo ambiental sustentable. El enfoque sugerido por la búsqueda de la sustentabilidad y participación popular tiene el fin de crear mecanismos dondequiera que las comunidades campesinas e indígenas encuentren apoyo para continuar cultivando en sus propias regiones. Aun bajo el criterio estricto de la economía neoclásica, este enfoque no debe ser descartado como un proteccionismo ineficiente, ya que la mayoría de los recursos implicados en este proceso tendrían poco o ningún costo de oportunidad para toda la sociedad16.

Las regiones que tienen muchas y mayores oportunidades de explorar usos creativos para su patrimonio natural son las que se están quedando atrás. Algunos de los más importantes proyectos de este tipo son administrados por los grupos comunitarios locales para diversificar su base productiva, usando fuentes de energía renovable y recursos locales para agregar valor con tecnología y prácticas tradicionales. Las posibilidades de encontrar nuevas formas de aprovechar este patrimonio natural son enormes, y las iniciativas para implementar estos proyectos como alternativas para estos grupos son cada vez mayores. (Barkin, 1998[a]).

Volver a desarrollar la "economía campesina" en estas regiones es tanto deseable como urgente. No es simplemente un asunto de rescate de culturas antiguas, sino de tomar ventaja de una importante herencia cultural y productiva que pueda proporcionar soluciones a los problemas de hoy y de mañana. No es cuestión de "reinventar" la economía campesina, sino de reunirla con sus propias organizaciones para esculpir espacios políticos que les permitan ejercer su autonomía, definiendo las formas en las que sus organizaciones guiarán la producción para ellos mismos y para comerciar con el resto de la sociedad. Una vez más, la identificación tecnocrática de los mecanismos productivos y la catalogación de los sistemas de conocimiento indígenas (que, por ejemplo, están ahora a la orden del día entre las corporaciones transnacionales que buscan nuevas fuentes de germoplasma para sus avances biotecnológicos) no van a revertir la estructura de la discriminación, a menos que se acompañen de una participación política efectiva (Toledo, 2000).

Proponemos la formalización de una economía autónoma. Reconociendo la permanencia de una sociedad drásticamente estratificada, el país estará en mejor posición para diseñar políticas que reconozcan y tomen ventaja de estas diferencias a fin de mejorar el bienestar de los grupos de ambos sectores. Una estrategia que refuerce a las comunidades rurales, promoviendo la diversificación, hará que el manejo del crecimiento sea fácil en aquellas áreas que establecen y desarrollan vínculos con la economía internacional. Pero más importante es que tal estrategia ofrezca una oportunidad para que la sociedad confronte activamente los cambios en el manejo del ambiente y la conservación de una manera significativa, con un grupo de gente calificado de manera única para tales actividades.

La economía política de la autonomía económica no es nueva. A diferencia del modelo actual que permea todas nuestras sociedades, confrontando a ricos y pobres, la propuesta pide la creación de estructuras de modo que un segmento de la sociedad que elige vivir en áreas rurales encuentre apoyo en el resto de la nación para instrumentar un programa alternativo de desarrollo regional. Este modelo de autonomía comienza con la base heredada de la producción rural, mejorando la productividad mediante el uso de la agroecología. También implica la incorporación de nuevas actividades que se construyan sobre la base cultural y de recursos de la comunidad y de la región para su desarrollo posterior. Requiere respuestas muy específicas al problema general y, en consecuencia, depende fuertemente de la participación local para su diseño e instrumentación. Mientras los planes generales son ampliamente discutidos, los detalles requieren programas bien definidos de inversión de los productores directos y de sus socios17.

Lo novedoso de este modelo es la introducción de una estrategia explícita de fortalecimiento de la base social y económica para una estructura que permita a estos grupos mayor autonomía. Mediante el reconocimiento y fomento para la creación de una alternativa, proveniente de los grupos marginales, que les ofrezca mejores perspectivas para su propio desarrollo, la propuesta de la economía autónoma podría malinterpretarse como una nueva encarnación de la "guerra (norteamericana) contra la pobreza", o como el enfoque mexicano de "solidaridad" para aliviar los efectos más nocivos de la marginalidad. Esto sería un gran error: no se trata de una simple transferencia de recursos para compensar a los grupos atrasados por su pobreza, sino de un conjunto integrado de proyectos productivos que ofrezca a las comunidades rurales la oportunidad de generar bienes y servicios que contribuyan a elevar sus estándares de vida y los de sus conciudadanos, mientras mejoran el ambiente en el que viven.

  Nuestras tareas actuales

En esta época de globalización, muchas comunidades rurales están construyendo conscientemente sus propias estrategias alternativas, la "nueva ruralidad". La labor fundamental de los participantes académicos e institucionales comprometidos con fomentar estas nuevas ruralidades es abrir espacios institucionales y de mercado para que los campesinos e indígenas puedan seguir elaborando sus estrategias. Apoyar los proyectos de construcción de una nueva ruralidad, abarcando pueblos campesinos, indígenas y peri-urbanos, implica fortalecer la capacidad productiva en la agricultura, la ganadería y la silvicultura, por no mencionar otras actividades como la pesca, la caza y la cosecha. Pero para que sean sistemas productivos tienen que ser complementados con otras actividades que agreguen valor mediante su procesamiento y la conservación y protección de los recursos, a fin de evitar que la explotación no se vuelva otro mecanismo de destrucción de la naturaleza, de las fuentes de la riqueza y de la calidad ambiental y de la vida. Son estos los valores en los que descansa nuestro esfuerzo para promover la nueva ruralidad.

Las comunidades no sólo demandan de los apoyos materiales y tecnológicos para asegurar una adecuada productividad y un uso apropiado de los recursos naturales. Requieren, además, de mecanismos para asegurar una remuneración justa para los nuevos productos que podrían ofrecerse en los mercados locales e internacionales y de un reconocimiento de los servicios ambientales que tanto hacen falta a los que estamos encerrados en ambientes globalizados.

Estas comunidades constituyen parte sustancial de la población que nos ofrece mecanismos para construir una nueva sociedad que contemple la coexistencia de redes sociales viviendo al margen de la sociedad globalizada. Los predicadores de los procesos integradores ofrecen un discurso de falta de alternativas; insisten en la bondad de la homogeneización de las sociedades y de sus procesos productivos. Junto con la especialización productiva que imprime el libre comercio, arrasan con la riqueza cultural y étnica que es tan necesaria para la protección de la biodiversidad que tanto requerimos para la supervivencia del planeta y de la humanidad.

Las comunidades han superado con mucho los mezquinos programas oficiales para confrontar la pobreza. Si bien cuentan con limitados recursos, en muchos casos sus propias estrategias para enviar migrantes a otras partes y para atraer dinero y productos que aseguren su permanencia en las zonas rurales exceden con creces el flujo de recursos canalizados hacia las zonas rurales desde los organismos gubernamentales e internacionales encargados del "desarrollo" o del "bienestar" rural.

Nuestra labor no es suplir estos recursos externos, ni enseñar a las comunidades cómo producir mejor. Poco favor les estaríamos haciendo al presumir que el superar la pobreza que padecen es sólo un problema técnico. Más bien, podemos participar, ayudando a vencer algunos de los numerosos obstáculos institucionales erigidos por grupos caciquiles, por burocracias fosilizadas, por sistemas de poder tradicional, que temen el ejercicio autónomo de la gestión de los recursos naturales y la separación de estas comunidades de mecanismos clientelares de control político. En este contexto, al entender este potencial y las promesas que nos ofrece una renovada sociedad rural, sus partidarios tenemos la responsabilidad de limitar la actuación de estos mecanismos que coartan a las comunidades y a sus instituciones18.

Para terminar, examinemos tres ejemplos de proyectos en los cuales estamos trabajando, como una ventana a la labor del investigador en el campo de la sostenibilidad aplicada a la realidad mexicana. El primero, un análisis de la problemática del ecoturismo en la región de invernada de la mariposa Monarca en el oriente de Michoacán. Segundo, el engorde de cerdos con aguacates para producir carne de alta calidad en condiciones campesinas. Y tercero, un proyecto para promover la producción de agua en zonas donde la presencia campesina es importante, que promete ofrecer un mecanismo para fortalecer estructuras sociales tradicionales y liberar a la mujer rural de labores pesadas mientras se mejora el ambiente y aumenta la productividad rural. La Reserva Especial de la mariposa Monarca fue creada en 1986 para proteger a esta preciosa especie. La mariposa llega a Michoacán para albergarse durante cuatro meses como parte de una migración espectacular que contempla un viaje anual desde México a Canadá desde hace miles de años. Desgraciadamente, por no considerar que los campesinos son parte integral de la región, la acción oficial ha acelerado un proceso de degradación ambiental en la región, ya que no ofreció a las comunidades participación alguna en un proceso para crear nuevas oportunidades de empleo y para manejar los servicios ambientales que atraen a casi 200.000 visitantes cada invierno. Nuestra investigación está encaminada a trabajar con las comunidades para elaborar una serie de actividades productivas que aprovechen los recursos de la región para generar empleo mientras se enriquece su sistema natural. Se trata de entender que el ecoturismo no puede ser una actividad suficiente para proteger una región; se requiere de otras actividades complementarias que generen servicios de protección y de producción para atender a las necesidades básicas de la población (Barkin, 1999).

Como en el ser humano, al comer el aguacate el cerdo reduce el colesterol en su sangre y acumula menos grasa en sus arterias y su carne. Este hallazgo nos sugirió la posibilidad de proponer una investigación para determinar la viabilidad de realizar una producción a escala comercial en condiciones campesinas. Después de identificar un empacador dispuesto a participar en el proyecto y comercializar el producto con un premio económico importante para los productores, hemos emprendido la organización de un equipo para determinar las normas para su puesta en marcha. Como las condiciones naturales limitan el número de cerdos por hectárea de huerta de aguacate, es un sistema idóneo para la sociedad campesina; más aún, como son la mujer y sus niños quienes se dedican al cuidado de los animales de traspatio, este proyecto ofrece una manera de fortalecer su papel económico y social en la comunidad. En 2001 se empezó a "liberar" la tecnología en un proyecto de producción comercial.

La disponibilidad de agua en muchas regiones del país ha ido en descenso a raíz de la sobreexplotación de los mantos freáticos y de la creciente degradación de las partes superiores de las cuencas. Esto ha acarreado crecientes costos para el mantenimiento de los distritos de riego, incluyendo mayores costos de bombeo y de limpieza de los canales y de los cauces de los ríos. Como son los campesinos quienes han sido relegados a las partes superiores de las cuencas y han sufrido más las políticas de apertura del comercio agropecuario y de contención de los precios básicos, tienen menos posibilidades de seguir con sus tradicionales labores de manejo del agua y del suelo. De revertir esta dinámica, remunerando a los campesinos con parte de los ahorros en las partes bajas de las cuencas derivados de un mejor manejo de la parte superior, es posible mejorar las prácticas de cultivo y de extracción de árboles, elevando la capacidad de captación y almacenamiento de agua en las cuencas. Combinando este programa con otro para garantizar agua potable de calidad a las comunidades participantes, a través de técnicas de recolección de agua de lluvia, sería factible mejorar las condiciones ambientales y económicas en grandes secciones del México rural. Como en el caso anterior, ello sería de especial beneficio para la parte más pobre de las comunidades, ya que son las mujeres las responsables de todos los aspectos del acopio, manejo y disposición del agua. De liberarlas de esta tarea, se estima que tendrían casi la tercera parte de su día laboral disponible para otros quehaceres (Barkin, 2001).

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Notas

1 La organización no gubernamental Promoción del Desarrollo Popular ha trabajado durante varios decenios recogiendo estas experiencias, fortaleciéndolas con sus trabajos de concertación, de encuentros y de asistencia técnica. Asimismo, promueve una visión del desarrollo autónomo y local documentado en numerosos estudios de caso (Schroyer, 1997). Cernea (1995) ofrece una valiosa evaluación crítica de estas experiencias. 

2 A esta lista podría sumarse una pregunta acerca de la relación entre el crecimiento de la población, la pobreza y la sostenibilidad, casi obligatorio dentro de la tradición anglosajona. No la abordamos debido a que en Latinoamérica la mayor parte de las investigaciones muestran que el comportamiento de las variables demográficas depende de otros factores fundamentales de la naturaleza y del ritmo del desarrollo, tales como los discutidos en este ensayo. 

3 Existe una amplia bibliografía tanto sobre los conflictos entre los agrónomos que trabajan con campesinos y los asociados con los productores modernos, así como sobre la "segunda generación" de efectos de la revolución verde en comunidades y estructuras sociales (por ejemplo, Hewitt de Alcántara, 1976; Barkin y Suárez, 1983; Jennings, 1988; Barraclough, 1991). A principios del siglo XXI, el conflicto se está repitiendo en el caso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura latinoamericana. 

4 Aunque esto parece similar a la tesis de la "tragedia de los comunes" propuesta por Hardin (1968), el análisis es muy distinto, ya que se basa en un acceso desigual a los recursos, resultado de la profunda polarización social. De hecho, nuestro análisis de la tragedia nos lleva a la conclusión de que la apropiación privada de los "comunes" es el origen de esta degradación, ya que los grupos tradicionales se encuentran relegados a menudo a nuevos ambientes que no saben manejar. 

5 Los términos de intercambio definen el sistema de precios relativos que reciben los pequeños productores en sus mercados. Los productores rurales son víctimas de un proceso histórico donde los precios de sus cosechas no se elevan tan rápido como el precio de las mercancías que tienen que adquirir. Prebisch (1959) ofreció la primera formulación crítica de esta hipótesis, que ahora lleva su nombre. 

6. Para ejemplos excelentes de estas discusiones ver, entre otros, Low (1992), Arden-Clarke (1992) y Daly (1993). Un resumen de esta bibliografía fue preparado recientemente por la CEPAL (1995). 

7 Un ejemplo de los diversos libros de texto disponibles en las editoriales comerciales y en las organizaciones internacionales que preparan técnicos y profesionales para construir estos modelos y ejecutar las evaluaciones del impacto ambiental es Varas (1999). El Banco Mundial ha publicado varios libros orientados hacia la formulación de políticas que cubren mucho del mismo campo, como los de Pearce y Warford (1993).

8 Desde un punto de vista estrictamente técnico, este análisis (Grossman y Krueger, 1993) adolece de validez: construyen una descripción cuantitativa de estática comparativa y después sacan conclusiones respecto de un proceso dinámico. El análisis de los cambios en la distribución del ingreso y en la calidad del ambiente no resulta de una simple descripción de lo que pasa en un gran número de países en un punto en el tiempo. El análisis tampoco resuelve el asunto complejo de la distribución de quién paga los costos de las mejoras ambientales y de qué grupos disfrutan de los beneficios. 

9 La "tasa de descuento social" es una elaboración de los economistas ortodoxos para examinar la manera en que las sociedades evalúan el valor de los incrementos futuros en la producción y el bienestar en comparación con los sacrificios actuales requeridos para el crecimiento. Estos cálculos no introducen las diferencias de tales beneficios y costos entre los diversos grupos sociales; sus partidarios ahora tratan hábilmente de incluir consideraciones ambientales en el proceso. 

10 Estas afirmaciones contradicen la evidencia histórica que muestra que las sociedades campesinas e indígenas invirtieron un gran esfuerzo y habilidades de organización social en el desarrollo de los sistemas principales para terrazas, riego y otros métodos que garantizaron la productividad de la tierra sin comprometer su fertilidad a largo plazo. Estos sistemas han sido comprometidos o desmembrados conforme las exigencias de la economía de mercado han forzado a la gente a abandonar los métodos tradicionales de movilizar el trabajo para ejecutar tareas colectivas. 

11 En este sentido, rechazamos la noción de que se está sosteniendo el crecimiento en sí mismo; más bien es un proceso que se propone para elevar el nivel de bienestar en un ambiente que se está conservando. 

12 A pesar de estos logros, los granos básicos siguen importándose y las familias pobres siguen empobreciéndose en todas partes del mundo (Barkin, Batt y DeWalt, 1991).

13 La complejidad de la tarea de terminar con el hambre es ampliamente reconocida. Pero la bibliografía reciente ha acentuado los orígenes sociales y no los técnicos (o basados en la oferta) de la carestía y el hambre. Sen (1992) es un exponente particularmente efectivo de este punto, mientras otros han entrado en gran detalle sobre los "orígenes sociales" de las estrategias alimentarias y las crisis (Barraclough, 1991). La "modernización" de las dietas urbanas en Nigeria, en las que se sustituye al trigo y al arroz por sorgo y mijo, es un caso espeluznante de creación de dependencia, que reduce las oportunidades de los productores campesinos y eleva el costo social de alimentar a una nación (ver Andrae y Beckman, 1985). 

14 Éste es el tema del libro de Stiefel y Wolfe que sintetiza un gran rango de experiencias sobre la participación popular en América Latina. Ellos hablan de la "decreciente capacidad del Estado para proporcionar servicios y reducir las desigualdades en el ingreso", acompañada por una reducción igual en la "confianza pública en la legitimidad de sus esfuerzos". Cuando se reúnen con los procesos de democratización política, no sorprende que la comunidad internacional esté "viendo la ‘participación’ como un medio de hacer que sus proyectos de desarrollo funcionen mejor, ayudando a la gente a funcionar [y] como una dimensión indispensable de las políticas ambientales (...) que no pueden ya ser evadidas o pospuestas" (1994: 19).

15 Mientras se ha hecho muy poco sobre estrategias específicas de sostenibilidad en las comunidades rurales pobres, es claro que mucha de la experiencia referida por quienes la practican con los grupos de base (e.g. Glade y Reilly, 1993) es consistente con los principios enunciados por los teóricos y analistas como Altieri (1987). 

16 Esto es fundamental. Muchos analistas descartan a los productores campesinos por trabajar en una escala demasiado reducida y con pocos recursos para ser eficientes. Aunque sea posible e incluso necesario promover aumentos en productividad, consistentes con una estrategia de desarrollo sustentable, como la definen los agroecólogos, la propuesta para alentarles a mantenerse como miembros productivos de sus comunidades debería ser instrumentada bajo las condiciones existentes. En gran parte de Latinoamérica, si los campesinos cesaran de producir los cultivos básicos, las tierras e insumos no serían simplemente transferidos a otros para la producción comercial. Los bajos costos de oportunidad de la producción primaria en las regiones campesinas e indígenas derivan de la falta de empleos productivos alternativos para la gente y las tierras de este sector. Aunque la gente generalmente tiene que buscar ingresos en el "sector informal", su contribución al producto nacional sería magra. La diferencia entre el criterio social para evaluar el costo de este estilo de producción y la valoración del mercado está basada en la determinación de los sacrificios que la sociedad haría para tomar una u otra opción. 

17 Boyce (1999) ofrece un programa específico para la reconversión de El Salvador, basado en los principios discutidos en este artículo. Las propuestas de los grupos como la IAF y la RIAD ofrecen ejemplos específicos de los esfuerzos que las bases están llevando a cabo para instrumentar alternativas como aquellas discutidas en el texto. El Centro de Ecología y Desarrollo en México (Barkin, 1999) propuso un programa de desarrollo regional consistente con la estrategia propuesta en el área de invernada de la mariposa monarca. 

18 Son numerosos los proyectos que se están esforzando para apoyar las iniciativas rurales. No se garantiza su éxito simplemente con respaldar a las comunidades, como lo ha demostrado vívidamente el caso de la Reserva de la Biosfera para proteger a la mariposa Monarca (Barkin, 1999). Los múltiples elementos de coordinación, de concertación y de capacidad financiera que se requieren para hacer efectivo el potencial de una colaboración multidimensional son evidentes en la constancia de los compromisos personales e institucionales de los casos exitosos (Barkin, 1998[b]; Barkin y Paillés, 2000).

Como citar este documento: Barkin, David. El desarrollo autónomo: un camino a la sostenibilidadEn publicacion: Ecología Política. Naturaleza, sociedad y utopía. Héctor Alimonda. CLACSO. 2002. ISBN: 950-9231-74-6

Acceso al texto completo: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/ecologia/barkin.pdf
Descriptores Tematicos: Desarrollo Sustentable; Medio Ambiente; Desarrollo Rural; Participacion Social; Autosuficiencia; Pobreza, Globalizacion, America Latina

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