Fondos de pensiones,
gestores de activos y otros actores influyentes toman la delantera en la
promoción y cumplimiento de la agenda de inversiones responsables
¿Fondos soberanos con origen en petróleo que evalúan la posibilidad de
no seguir invirtiendo en ese sector? ¿Tiburones de las inversiones que hablan
de propósito social? ¿Un mundo de inversiones donde la expresión activismo ya
no se usa solo para describir instancias donde inversores presionan a empresas
para perseguir a toda costa la maximización de ganancias a corto plazo, sino
también para hablar de activismo medioambiental en pos de privilegiar la
sustentabilidad de las inversiones a largo plazo?
Este es, en parte, el conjunto de acciones (y reacciones) de los últimos
meses de actores influyentes de la comunidad de inversores como fondos de
pensiones, gestores de activos, firmas de private equity y,
crecientemente, family offices a través del
cual han decidido tomar cartas en el asunto —especialmente a partir de la salida
de EE UU del Acuerdo de París— y tomar
la delantera en la promoción y cumplimiento de la agenda de inversiones
responsables, con especial hincapié en temas medioambientales, sociales y de
gobernanza (llamados ASG).
Una de las acciones que más impacto causó fue la
carta anual que Larry Fink, número
uno de BlackRock, el gestor de activos estadounidense más grande del mundo,
dirigió a los consejeros delegados de las empresas donde su firma tiene
participación accionaria. Llamó a las empresas a preguntarse qué papel
desempeñan en la comunidad y de qué manera están impactando en el medio
ambiente, entre otros aspectos. Sugirió también de manera decisiva abrir
canales de diálogo continuo durante el año con los directivos y administradores
de las empresas que giren en torno a la creación de valor a largo plazo para
ellas mismas y la sociedad donde operan (y no solo con ocasión de la
celebración de las asambleas anuales de accionistas), incentivar a que las
empresas articulen un marco y plan estratégico donde evalúen tanto los riesgos
que representan los aspectos sociales y medioambientales como las crecientes
oportunidades en términos de potencial de innovación que estos aspectos tienen,
y que el plan cuente con el apoyo indispensable de los Consejos de
Administración.
Los inversores institucionales deben tomar un papel
proactivo a la hora de tener que incentivar y convencer a las empresas donde
invierten para que sus planes futuros sean sostenibles
Este enfoque también se está materializando a través de diversas
iniciativas de carácter colectivo. Climate
Action 100+ es uno de los ejemplos más
interesantes y apunta específicamente al impacto climático: 256 inversores con
más de 28 billones de dólares de activos bajo gestión acompañan esta iniciativa,
cuyo objetivo principal en un plazo de cinco años es incentivar y evaluar que
las más grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero mejoren sus
esquemas de gobierno corporativo con respecto a riesgos de cambio climático,
introduzcan planes basándose en escenarios futuros posibles, reduzcan sus
emisiones y refuercen sus sistemas de reporte con respecto a estos riesgos en
línea con los estándares más ampliamente aceptados como los del Grupo de
trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa está coordinada, entre
otras, por la organización Ceres y los Principios para la Inversión Responsable
la ONU. Algunas de las empresas de América Latina y España a las que los
inversores les dirigirán sus inquietudes: Ecopetrol de Colombia; Petrobras y
Vale de Brasil; y Gas Natural Fenosa y Repsol de España.
También vale traer a colación el caso de la innovadora organización
pro-medioambiental holandesa Follow
This. Esta organización es accionista de
Shell, promueve la compra por parte de los ciudadanos de acciones de esta
última (o que, los que ya los tienen, se sumen a su iniciativa) con el fin de
influir a que el gigante anglo-holandés acelere su transición hacia las
energías renovables y acaba de presentar por tercer año consecutivo una
resolución de accionista pidiéndole a Shell que establezca metas para recortar
las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París
para limitar el calentamiento global por debajo de los dos grados Celsius. Esta
resolución será considerada en la próxima asamblea de accionistas de Shell que
se celebrará el próximo 22 de mayo y, aunque la compañía ya ha llamado a los
otros accionistas a oponerse a esta resolución, se espera que consiga más apoyo
que en años anteriores.
Y, por último, en uno de los casos recientes más emblemáticos, el Fondo
de Pensiones noruego, el fondo soberano en su tipo más grande del mundo y que
tuvo precisamente su origen en las regalías hidrocarburíferas de dicho país
nórdico, evaluó a finales del año pasado de acuerdo con recomendaciones
realizadas por su Banco Central —la
institución que lo gestiona— nada más ni nada menos que desinvertir sus activos
actuales (de unos 30.000 millones de dólares) en el sector del petróleo y del
gas. Aunque las recomendaciones emitidas fueron justificadas solo sobre la base
de argumentos financieros (precios decrecientes en esta industria) y luego los
responsables del fondo aligeraron su posición afirmando que podrían seguir
invirtiendo en aquellas empresas del sector que mostraran una evolución
estratégica hacia energías renovables, este simbólico cambio de rumbo no puede
dejar de analizarse dentro del contexto general de los debates actuales en el
mundo de las inversiones.
¿Qué nos están diciendo todos estos casos? ¿Representan ellos una
tendencia o son casos aislados de algunos actores específicos comprometidos con
estos temas? Si tomamos en cuenta el peso de los actores involucrados y cómo
ellos son tenidos en cuenta como referentes dentro del mundo de las
inversiones, no quedan dudas de que estamos ante un cambio de paradigma: todos
ellos están transmitiendo el importante mensaje de que el deber fiduciario de
los inversores institucionales debe dejar de enfocarse solo en la maximización
de retornos para los beneficiarios finales (los dueños del dinero), teniendo en
cuenta variables únicamente financieras, y debe ir más allá para integrar las
dimensiones medioambientales y sociales.
En otras palabras, en un mundo que se enfrenta a decisivos desafíos de
sostenibilidad, especialmente en lo que respecta al más importante de todos, el
del cambio climático, el no tener en cuenta estas variables no financieras
puede ir en detrimento de los intereses mismos del accionista final, destruyendo
valor para este último. Y, como lógica consecuencia, para poder cumplir con
este nuevo deber fiduciario —redefinido en función de una integración de
aspectos ASG— , los inversores institucionales deben, a su turno, poner manos a
la obra y tomar un papel proactivo (y no solo pasivo o reactivo, como en el
pasado) a la hora de tener que incentivar y convencer a las empresas donde
invierten para que pongan en marcha —si no lo han hecho ya— los cambios
necesarios para que sus planes futuros sean sostenibles en cuanto a creación de
valor, y esto les permita a los primeros cumplir con sus propias obligaciones
para con los dueños del dinero que gestionan.
Gabriel
Cecchini es consultor en gobierno
corporativo, integridad & ESG con base en Buenos Aires, Argentina.
Un campo de energía eólica en el estado de Oaxaca (México). MARIO A.MARTINEZ VLZ. EFE
15 MAY 2018 - 00:01 CEST EL PAIS
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