La Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 21 de marzo de cada año Día Internacional de los Bosques
El Día Internacional de los Bosques (DIB) o Día Forestal Mundial (DFM) fue inicialmente una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969. Esta recomendación fue aceptada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1971. El día elegido fue el 21 de marzo que coincide con la entrada de la primavera en el hemisferio boreal y con la del otoño en el austral.
Debido a que no existe una fecha mundialmente reconocida para llevar a cabo el Día del Árbol, pues depende de las condiciones naturales y tradiciones de cada país, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar1 esa misma fecha, el 21 de marzo, de cada año Día Internacional de los Bosques2 para llevar a cabo actividades de conmemoración y concienciación de la importancia fundamental que tienen los bosques para la vida y para el mantenimiento de todas las actividades humanas. Se observa desde 2013
Debido a que no existe una fecha mundialmente reconocida para llevar a cabo el Día del Árbol, pues depende de las condiciones naturales y tradiciones de cada país, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar1 esa misma fecha, el 21 de marzo, de cada año Día Internacional de los Bosques2 para llevar a cabo actividades de conmemoración y concienciación de la importancia fundamental que tienen los bosques para la vida y para el mantenimiento de todas las actividades humanas. Se observa desde 2013
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_los_Bosques
Explotación, desforestación y muerte en el Arco Minero de
Venezuela
por Mongabay Latam en
14 febrero 2018 |
El gobierno de Nicolás Maduro entregó, en 2016, concesiones mineras en 112 000 kilómetros cuadrados para la explotación legal de coltán, oro y diamante. - En este
territorio que se superpone a cinco parques nacionales conviven mafias,
mineros ilegales, traficantes de drogas junto con indígenas que se han
sumado a las labores mineras, así como militares y exintegrantes de las
FARC.
En
el 2016, el gobierno de Nicolás Maduro entregó concesiones mineras en 112 000
kilómetros cuadrados que abarcan una parte de la región norte del Estado de
Bolívar y de Amazonas, al sur del río Orinoco. En este territorio, denominado
precisamente el Arco Minero del Orinoco —o Arco Minero de Venezuela— empresas
nacionales y extranjeras pueden hoy explotar legalmente coltán, oro y
diamante.
Con
esta decisión, el gobierno venezolano le abrió las puertas al desarrollo de la
minería en un 12 % del territorio nacional, con la esperanza de que esta
actividad sustituya al petróleo y se convierta en una nueva fuente de
ingresos para el Estado.
Desde
el inicio, ambientalistas y científicos se opusieron a esta decisión. Para este
grupo el gobierno venezolano no cumplió con realizar un estudio de
impacto ambiental del Arco Minero de Venezuela ni la consulta previa a los
pueblos indígenas, como manda la Constitución.
Otra
razón en contra ha sido el impacto ambiental negativo que las actividades
extractivas en el Arco Minero de Venezuela ocasionarían en las cuatro secciones
de Bolívar que forman parte de esta zona minera, pues todas ellas se superponen
con reservas ambientales y territorios indígenas protegidos legalmente.
Luego
de entregar las concesiones, el gobierno creó el Ministerio de Desarrollo
Minero Ecológico, prohibiendo el uso del mercurio y aseguró que los recursos
obtenidos serían usados para recuperar zonas afectadas por estas actividades, y
que la explotación en el Arco Minero de Venezuela se haría respetando a las
personas y al medio ambiente. Sin embargo, la realidad es muy diferente.
1.-
¿Cómo funciona el Arco Minero de Venezuela?
Los venezolanos llegan de todos lados para trabajar extrayendo
coltán, oro y diamante en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Jorge Benezra
En ciudad Bolívar, existen mafias
carcelarias, mineros ilegales y traficantes de drogas y combustible. Sin
embargo gobierno señala que tiene el control absoluto de la seguridad
ciudadana, así como de los yacimientos y las fronteras.
Pero
la explotación en el Arco Minero de Venezuela comenzó hace casi treinta años,
cuando llegaron mineros ilegales desde Brasil a principios de los años 90. La
deforestación que han causado por su afán de extraer oro ha sido tremenda,
explican los expertos que han estudiado los efectos de la minería en esta zona,
pues para conseguir el metal se utilizan motores que extraen agua de los ríos para
erosionar el suelo hasta abrir una bulla, es decir, un hoyo de varios metros de
profundidad y de ancho. El fango que extraen lo someten al mercurio para
conseguir las pepitas de oro. Y así van abriendo estos agujeros que luego
quedan contaminados por este metal pesado.
El
gobierno venezolano insiste en que ha minimizado la presencia de los ilegales
en favor de lo que considera la “pequeña minería”, que corresponde a informales
que se han legalizado por alguno de los seis planes oficiales aplicados.
Mineros censados por el nuevo Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han denunciado que aún son extorsionados por bandas ilegales que controlan las zonas mineras y también por algunos miembros de las fuerzas armadas. Aseguran que ha habido persecución de los militares en el marco de la Operación Liberación del Pueblo, que según el diputado oficialista Diosdado Cabello se realiza “para la liberación del estado Bolívar de los garimpeiros, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.
Las
Claritas es el nombre de una de estas zonas —situada en el estado de Bolivar—
que es invadida diariamente por mineros ilegales.
Estos llegan de todos lados y entre ellos se ven muchos rostros indígenas. Las
Claritas actualmente está controlado por grupos armados ilegales llamados
“pranes”.
Aunque
Amazonas no está oficialmente en el plan nacional de minería y aunque está
fuera del Arco Minero de Venezuela, el Estado ya ha sido ocupado por entre 10
000 y 12 000 mineros ilegales. Cifra que está aumentando porque la ocupación de
las grandes empresas y del ejército en las áreas ricas en minerales de Bolívar,
los obliga a buscar otros espacios, explica Liborio Guarulla, gobernador saliente del estado de Amazonas.
2.- Los bosques que se
pierden
Vista de los tepuis —mesetas con paredes verticales— que se
encuentran en el sudeste de Venezuela, zona donde se encuentra el Arco Minero
de Venezuela. Foto por Antolín Martínez A. bajo la licencia Creative Commons
Attribution-Share Alike 3.0
De acuerdo con el Global Forest Watch,
al menos cinco áreas protegidas en Venezuela ya están siendo deforestadas por
las actividades mineras ilegales. Siete monumentos naturales y cinco parques nacionales se
encuentran dispersos en todo el Arco Minero de Venezuela.
Uno
de ellos es el Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO, que abarca 30 000 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por extensos
bosques, mesetas aplanadas y acantilados fantásticos, y es el hogar de jaguares
La
región destinada para desarrollo minero también incluye la Reserva Forestal de
Imataca (3 800 000 hectáreas); las reservas de La Paragua y El Caura (5 134 000
hectáreas combinadas); el Monumento Natural Cerro Guanay; más el río Caroní
(que abarca 96 000 kilómetros cuadrados). Los ecologistas están especialmente
preocupados pues significa la eliminación de la cuenca del río Orinoco y sus
ecosistemas.
3.- La presencia de los
indígenas
En el estado de Bolívar hay 198 comunidades indígenas y varias
de ellas se ubican en territorios de grandes depósitos de coltán, como sucede
en la region Parguaza. Foto: Bram Ebus
En el Estado de Bolívar hay 198 comunidades indígenas, que se han se han visto empujadas a dejar su estilo de vida tradicional para entrar al Arco Minero de Venezuela, impulsadas en gran medida por el índice de inflación. Los hombres trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante.Las mujeres indígenas también entran a las minas, pero además se les ve preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando en redes de prostitución.
Uno
de los puntos más criticados por quienes se oponen a la minería es que las
comunidades indígenas dentro del Arco Minero de Venezuela no han sido
consultadas sobre el desarrollo de esta actividad en sus territorios. No se les
ha preguntado ni dado el derecho al consentimiento libre, previo e informado
para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, como lo señala el Convenio 169 de la Organización Mundial
del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela forma parte.
Algunas
ONG del estado Bolívar denuncian esclavismo, trabajo infantil y prostitución
por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos ilegales armados.
El
ejército tiene una gran participación en la supervisión de muchas minas, y
también realiza casi todo el trabajo relacionado con el paso de contrabando de
oro de Venezuela a otros países, explica
En
el borde suroeste del Arco Minero, cerca de la frontera entre los Estados de
Bolívar y Amazonas, se encuentra Ikabarú. Las zonas indígenas habitadas
alrededor del pueblo están llenas de minas de oro ilegales. En septiembre de
2017, Lisa Henrito, responsable de seguridad indígena de esta zona, observaba
cómo eran invadidas las tierras indígenas por buscadores de oro ilegales
armados. Se vio obligada a crear una red de defensa indígena local para
desplazar por la fuerza a 170 mineros.
Henrito
sostiene que las fuerzas militares del Estado suelen ser cómplices de los
proyectos de minería ilegales en su región. Liborio Guarulla, gobernador
saliente del estado de Amazonas e indígena, dice que 20 comunidades indígenas
ya se están viendo afectadas de forma negativa por la minería en su Estado.
4.- Entre el Ejército y los
remanentes de las FARC
Puestos de control militar venezolanos se ubican en diferentes
zonas del Arco Minero de Venezuela. Foto: Bram Ebus
La proximidad del Arco Minero de
Venezuela y del estado de Amazonas con Colombia, complica aún más las cosas. Se
ha registrado la presencia de guerrilleros colombianos en estas tierras
venezolanas. Integrantes de las guerrillas del ELN (Ejército de Liberación
Nacional) y grupos disidentes de las FARC están en el Estado de Bolívar y no
solo les interesa la minería de oro, también del coltán, que pasan de
contrabando a Colombia.
Las
poblaciones indígenas, sin embargo, no se llevan bien con las guerrillas. Los
guerrilleros colombianos han amenazado repetidamente al grupo indígena,
sostienen varias fuentes, para que mantenga bajo el precio del coltán.
La riqueza del Arco Minero de Venezuela ha convertido a
esta área en un centro de conflictos, donde convergen mineros
ilegales, militares, bandas armadas locales y grupos guerrilleros colombianos,
todos buscando el control de unos estimados, pero no confirmados $100 mil millones
en minerales ocultos.
Hasta
ahora, compañías nacionales e internacionales reclaman una porción de las zonas
de oro, coltán, cobre y diamantes, pero no están solas, los militares también
han solicitado lo mismo.
Cuando
Maduro lanzó el Arco Minero de Venezuela el año pasado, también creó una
Los
ataques de las fuerzas militares venezolanas no son, según el diputado del
estado Bolívar, Américo de Grazia, conducidos principalmente para destruir
redes del crimen organizado, sino para eliminar pandillas que no están haciendo
negocios con el ejército y la Guardia Nacional.
Según
de Grazia, la mayoría de la minería venezolana se lleva a cabo por grupos
armados ilegales, que controlan un gran número de pequeños mineros. El diputado
también dice que el oro “legal” que las compañías estatales dicen producir no
es realmente explotado por ellos, sino más bien por minas y mineros ilegales.
Algunas
minas son operadas directamente por el ejército, y una parte de la producción
va al banco central de Venezuela.
Se estima que alrededor del 91 % del oro de Venezuela se produce ilegalmente, pero las actividades delictivas relacionadas van más allá de la minería. Varias personas involucradas en operaciones mineras venezolanas, tanto legales como ilegales, confirman que la mayor parte del oro producido en el país es contrabandeado a través de Colombia y las islas del Caribe, una operación que señalan es manejada por el ejército venezolano.
5.-Vivir bajo amenaza
Alejandro Lanz., ambientalista que vive bajo amenaza en
Venezuela. Foto: Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela
La región de Guayana —que
incluye a los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, en Venezuela— concentra
parques nacionales y territorios indígenas ancestrales, pero también es el
centro de actividades ilegales como la extracción de diamantes, coltán, oro y
madera. Las mismas que traen consigo pago de sobornos a algunos militares y
policías, cupos o vacunas que se entregan a grupos criminales, además de la
presencia del narcotráfico.
En
ese contexto, los defensores ambientales y quienes se
enfrentan a la ilegalidad son víctimas constantes de amenazas y ataques.
Uno
de ellos es Alejandro José Lanz Muñoz, presidente fundador del Centro de
Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), una ONG dedicada a la
divulgación y denuncia socioambiental. Lanz, también exmilitar de inteligencia,
recibe mensajes acompañados de amenazas e insultos, le dicen que se cuide, que
deje de denunciar, que piense en su familia. En una ocasión mientras
participaba de una inspección junto a un militar en actividad, fue interceptado
por mineros ilegales y soldados. Al funcionario castrense lo hirieron de un
disparo y a Lanz lo subieron a una lancha y lo golpearon.
En
septiembre pasado, la ONG que dirige fue atacada y a uno de sus automóviles le
cortaron los frenos, lo que provocó un accidente en el que casi muere uno de
sus hijos. “No salgo de noche, cambio las rutas para llegar a cada lugar,
confirmó reuniones minutos antes, apago los teléfonos por horas”, confiesa Lanz.
Otra
persona que se ha enfrentado a la corrupción es el Mayor General Clíver Alcalá
Cordones, quien fue jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral de las
Fuerzas Armadas en Guayana (REDI-Guayana), entre septiembre de 2012 y julio de
2013. Llegó para combatir la minería ilegal, pero se encontró con una red de
complicidad entre militares e ilegales. “Quien intentase poner orden, iba a
entrar en conflicto con los ilegales”, declaró a Mongabay Latam. El general,
ahora retirado, forma parte de la plataforma Marea Socialista que se opone a la
concesión del Arco Minero de Venezuela.
El
22 de septiembre de 2017 fue detenido el periodista holandés Bram Ebus en La
Parguaza, estado Bolívar, mientras realizaba una investigación sobre las minas
de coltán. Fue trasladado por la Guardia Nacional hasta su sede en Caicara del
Orinoco, donde fue retenido por unas horas mientras era interrogado junto
a su chofer. A principios de mes había publicado el reportaje
Boletín de noticias y alertas
Varios cuerpos fueron encontrados en las bullas de la selva durante los últimos años. La más conocida fue la Masacre de Tumeremo, una matanza de 17 mineros cometida por una banda que disputaba el control de las minas. Los cuerpos fueron hallados enterrados en minas improvisadas.
También se reportó el asesinato de otros 11 mineros por enfrentamientos entre personas que controlan los yacimientos ilegales y militares que trataban de encontrar a los responsables de la masacre anterior.
Para el gobierno de Nicolás Maduro, el Arco Minero de Venezuela se presentaba como una alternativa económica para el país, pero lo que se presenta hasta ahora es una combinación de ilegalidad, destrucción de biodiversidad y muerte.
Foto
portada: el presidente de Venezuela Nicolás Maduro muestra una barra de oro
supuestamente excavada y procesada en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Prensa
Presidencial @PresidencialVen
https://es.mongabay.com/2018/02/arco-minero-de-venezuela/
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