La ONU destaca que en las tierras habitadas por los pueblos originarios la desaparición de especies es más lenta que en el resto del mundo
El último informe
de la ONU que alerta sobre la velocidad a la que se extinguen las especies (una de cada ocho está
amenazada) señala que esa destrucción de la naturaleza es más lenta
en las tierras donde viven los pueblos indígenas que en el resto del planeta.
Pero también subraya la creciente amenaza que acecha a estas comunidades en
forma de expansión de la agricultura, urbanización, minería, nuevas
infraestructuras… Brasil, que alberga la mayoría de la
Amazoniay el ecosistema más rico del mundo, es uno de los países
donde esa amenaza es más evidente. A los factores mencionados, aquí se suma el presidente.
Jair Bolsonaro es partidario de explotar comercialmente la Amazonia y asimilar
a los indígenas.
Los brasileños
indígenas son unos 800.000 (el 0,6% de la población), están repartidos en 225
grupos y habitan en el 14% del territorio. Puede parecer poca población en
mucha tierra pero cumplen funciones clave para preservar la naturaleza. La
experta Nurit Bensusan, de la ONG Instituto Socioambiental
de Brasil, las detalla: “Por un lado conservan la integridad de las
tierras en las que viven e intentan, y a menudo logran, que no entren
madereros, garimpeiros (buscadores de oro), grileros (invasores de tierras)… y,
como sabemos que la mayor amenaza a las especies es el deterioro de su
medioambiente, el papel que desempeñan es clave”. Basta mirar en un mapa para
ver que las zonas donde viven los indígenas sufren menos deforestación que el
resto. La deforestación del último año alcanzó los 7.900 kilómetros cuadrados,
la mayor desde 2008.
Pero, añade la
experta, existe una segunda dimensión del papel de los indígenas: “A conocer
tan íntimamente los bosques, tienen una percepción muy temprana, antes que
cualquiera, de los cambios ambientales. Saben cómo manejarlo. Por ejemplo dejan
de cazar en una zona por un tiempo… y así mitigan el impacto antes que nadie”.
Los indígenas son parte esencial de las alertas tempranas y de la prevención.
Muchos viven en las mismas tierras desde hace 10.000 años, pero a partir de la
conquista las poblaciones indígenas fueron diezmadas en América y muchas tribus
se extinguieron. La Fundación Nacional del Indio (Funai), un ente gubernamental
brasileño, recuerda que aquello era considerado una “contingencia histórica,
algo inevitable”. Un planteamiento que cambió en las últimas décadas, cuando los
pueblos indígenas empezaron a ser oficialmente protegidos. El problema se ha
agravado porque ahora en Brasil la amenaza viene de la
cúspide del poder político.
El Bolsonaro,
un antiguo militar de
extrema derecha que en la campaña electoral era beligerante con
la defensa del medio ambiente, sigue en esa línea desde que asumió el poder el
1 de enero. Desistió de abandonar el
Acuerdo de París contra el cambio climático (porque fue
advertido de que afectaría las exportaciones a Europa) pero ha tomado una serie
de decisiones sobre reorganización ministerial, nombramientos, etcétera que
causan honda preocupación al mundo ambientalista brasileño. Y en el extranjero.
Unos 600 científicos europeos reclamaron la semana pasada a la UE que aproveche las
negociaciones comerciales con Brasil para presionar al presidente y
que refuerce la lucha contra la deforestación.
Para Greenpeace
estos cuatro meses de Gobierno Bolsonaro han supuesto “el desmantelamiento no
solo de la legislación sino de las estructuras (administrativa) que aseguran la
conservación del medioambiente y de los pueblos indígenas con cambios en los
presupuestos, desautorización de operaciones de combate de la deforestación…”,
explica Tica Minami, directora de campañas de Greenpeace en Brasil. Uno
de los primeros decretos del mandatario arrebató a la Funai la competencia de
demarcar las tierras indígenas y se la dio al ministerio de Agricultura, que
siempre ha estado en la órbita de la industria agropecuaria pero ahora ha
colocado a una de las suyas al frente. La ministra Tereza Cristina Dias era la
líder de la bancada parlamentaria del agronegocio.
“Este Gobierno no
ha identificado, declarado, ni homologado una sola tierra indígena”, según
denuncian el mencionado ISA y el Consejo Indigenista
Misionero, que depende de la Conferencia Episcopal, en una nota. El
dirigente indígena Dinamar Tuxá afirma en ese comunicado del lunes que “así son
cuatro meses de un Gobierno genocida que tiene cuatro años por delante” y
recalca que, en caso de disputa, si el Gobierno no está para “mediar o
garantizar los derechos, quien se lleva la peor parte es el pueblo indígena”.
Los pueblos
indígenas tienen un capítulo propio en la Constitución de 1988,
que reconoce su derecho sobre las tierras que habitan y que ya estaban allí
cuando se fundó el Estado de Brasil. Y por primera vez en la historia, esta
legislatura tienen representante en el Parlamento federal, la abogada Joenia
Wapichana.
Hace unas semanas,
el jefe del Ejecutivo recibió a una pequeña representación de indígenas en el
Palacio de Planalto, en Brasilia, con vísperas de la marcha anual de estas
comunidades para reclamar sus derechos además de sanidad y educación. Bolsonaro
recalcó a sus interlocutores que viven sobre unas tierras riquísimas y que la
explotación de aquello supone una fortuna.
Lo que ocurra en
Brasil es clave porque tiene efectos en el resto del planeta al albergar el
mayor bosque tropical, pero también es líder en asesinato de activistas
ambientalistas. Con las políticas de Bolsonaro, “Brasil deja de cumplir su
papel en la lucha global contra el cambio climático”, sentencia Minani.
São Paulo 7 MAY 2019 - 22:07 CEST EL PAIS
Indígenas en una protesta en Brasilia en abril. LUCAS LANDAU
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