La explotación intensiva planteada en uno de los motores económicos del gobierno de Nicolás Maduro compromete la integridad de un territorio que concentra la mayor extensión de áreas naturales protegidas de Venezuela y zonas boscosas de la Amazonía, vitales para el planeta. La actividad en los yacimientos afectará los ríos Paragua y Caroní, lo que comprometerá aún más, a futuro, el funcionamiento del Guri. Advierten que ecosistemas frágiles y comunidades indígenas corren peligro
La superficie de Venezuela que el pasado 24 de febrero se convirtió en parte del llamado Arco Minero del Orinoco es mayor que la que ocupan países como Bulgaria, Cuba, Islandia, Portugal y Panamá, para nombrar sólo un puñado de naciones que no alcanzan los 111.843,70 kilómetros cuadrados que se ven afectados por el decreto 2.248 publicado en la Gaceta Oficial 40.855.
El extenso territorio, que fue subdividido en cuatro áreas al sur del Orinoco y que equivale al 12,2% del territorio nacional, es descrito en el decreto firmado por el presidente Nicolás Maduro como si fuera un nuevo mito de El Dorado en el que refulge no solamente la promesa del oro, sino también la de minas de diamante, bauxita, coltán, hierro, cobre, caolín, dolomita y tierras raras.
El texto con el que da por creada una zona de desarrollo estratégico nacional menciona sólo de soslayo el impacto sobre el ambiente que tendría el proyecto, uno de los grandes problemas que supone el propósito de explotar de forma intensiva riquezas minerales en un área que comprende principalmente el estado Bolívar y sectores de Amazonas y Delta Amacuro. Todos ellos son parte de la Amazonía, es decir, de “la extensión de bosque húmedo tropical más grande del planeta, con un área de 6 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente 35% del continente sudamericano”, como la define el último informe presentado por la Red Amazónica de Información Ambiental Georreferenciada.
El documento recuerda la importancia de esta región para la regulación del clima global y la esperanza que constituye su preservación para combatir los efectos del cambio climático y el calentamiento global. “La Amazonía es mucho más que agua y carbono, ya que es el hogar de la mayor biodiversidad a nivel global, al albergar entre un tercio y la mitad de las formas de vida conocidas”, indica.
“En la cuenca del Amazonas, en sentido amplio está incluido todo el sur del Orinoco”, explica el investigador Lionel Hernández, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, coautor de un estudio publicado por la revista Science que calcula los porcentajes de peligro de extinción de la vegetación en este territorio que vincula varios países y que concluyó que entre 36% y 57% de las especies arbóreas del área están en peligro de desaparecer.
“Se trata de una unidad biogeográfica, que no toma en cuenta fronteras, porque las especies están relacionadas en su historia y su distribución. Ninguna especie tiene que ver con la división de las cuencas hidrológicas, lo que cuentan son los recursos que necesita para sobrevivir “, señala.
Las consecuencias que ya se prevé que tendrá la explotación minera en la zona alarman al ex senador Alexander Luzardo, corredactor de las normas ambientales contenidas en la Constitución aprobada en 1999. “El primer crimen del decreto es el reduccionismo lingüístico, pues circunscribe una realidad de una enorme complejidad ecológica simplemente a la minería, sin tomar en cuenta las riquezas de recursos como el agua, la biodiversidad, las reservas forestales de bosques como el Caura, con más de 5 millones de hectáreas, ni Imataca, con más de 3,8 millones de hectáreas, además de monumentos naturales que se verán afectados como el caso del Guanay”.
El repudio a la explotación planteada en el arco minero ha sumado voces también del chavismo inconforme, como ocurre con la exministra del Ambiente Ana Elisa Osorio, quien era titular de esa cartera en 2006, cuando se tomó la decisión de revocar la concesión de la minera canadiense Gold Reserve, la misma que ahora tendrá participación en el nuevo plan estatal. Osorio es una de las firmantes de uno de los varios exhortos que recolecta firmas en Internet en rechazo al proyecto, al que se califica de “ecocida y etnocida”, sobre todo por el uso de la minería a cielo abierto, que implica la remoción de grandes extensiones de terreno. “En los antecedentes de este tipo de explotaciones no figuran casos en los que no se hayan causado severos daños socioambientales irreversibles. No existe la megaminería amigable con el medio ambiente”, sostiene el texto.
Depredación irreversible. La aceleración de la pérdida de cobertura boscosa que traería la aplicación al sur del Orinoco del “motor minero”, uno de los 14 anunciados como parte de la Agenda Económica Bolivariana, consolidaría una tendencia que ya fue observada en el último informe de RAISG, presentado el año pasado.
Venezuela es el único país de una región que comparten Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam, Venezuela y la Guyana francesa, donde aumentó la tasa de deforestación entre 2010 y 2013: el país perdió 1.742 kilómetros cuadrados de bosque en ese período, que se sumaron a los 1.521 kilómetros cuadrados que resultaron devastados entre 2005 y 2010.
Aunque la disminución de superficie boscosa sigue siendo proporcionalmente menor que la que ocurre, por ejemplo, en territorio brasileño, Venezuela fue la única nación donde se observó una tendencia al incremento de la deforestación, confirma Irene Zager, subdirectora de Investigación para Sensores Remotos y SIG de Provita, la ONG venezolana que formó parte de la medición y el análisis de los datos que se obtuvieron gracias a la interpretación de imágenes satelitales. Los dedos acusadores apuntan a la minería ilegal como causante del fenómeno, pues tiene un impacto mucho más agresivo que otras actividades, como la agricultura.
Los suelos del Escudo Guayanés tienen miles de millones de años de antigüedad y de allí viene su fragilidad, recuerda María Tina Oliveira, directora de Investigación y Desarrollo de Provita. “Ante eventos de deforestación, o pérdida de bosques por acción humana, habrá una gran diferencia en cuanto a los tiempos de recuperación de la cobertura forestal entre las distintas subregiones y la venezolana será la que más demore. Mientras en Ecuador o Brasil, por citar dos posibilidades, el inicio de esa recuperación se evidenciará, si se detienen las actividades destructivas, en unos diez años, en Venezuela probablemente pasen 50, 100 años o tal vez nunca tenga lugar”, sentencia.
No hay que esperar para ver las consecuencias, pues, además de irreversibles, son prácticamente inmediatas, agrega. Un ejemplo claro puede evidenciarse en el aumento de sedimentos que llegan al Guri y que tienen un papel crucial en la crisis que palpan los venezolanos con los apagones y que el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, ha documentado las últimas semanas con sus selfies desde el lecho seco del embalse.
El arco minero podría agravar esta situación. Uno de sus límites toca el cauce del río Paragua y sus tributarios, e impacta de forma directa la cuenca baja del Caroní, en la zona comprendida entre la frontera norte del Parque Nacional Canaima y la llegada a la represa del Guri. La consecuencia previsible es que se incrementará la cantidad de sedimentos que llegan hasta la represa, factor que disminuye su capacidad para generar electricidad, puntualiza Oliveira.
“Esto ocasiona una disminución en el volumen de agua que puede almacenar y por tanto su capacidad para generar electricidad se ve reducida, además de los efectos negativos que genera el aumento de los sedimentos y de los coloides asociados a ellos en las turbinas del complejo hidroeléctrico”.
Conflicto de intereses. Pese a las promesas gubernamentales de llevar adelante la explotación del arco minero de manera “respetuosa con el medio ambiente”, como aseguró Maduro en el acto de lanzamiento del plan, los ecologistas coinciden en que la tarea luce imposible, no sólo en Bolívar, que constituye el estado con más áreas protegidas de Venezuela, un total de 7,2 millones de hectáreas, sino también en Amazonas y Delta Amacuro. “Hay que ser bastante ingenuo para pensar que esas actividades no tendrán un impacto negativo”, apunta Oliveira.
Luzardo no escatima en símiles para describir el escenario que se avizora. “Lo que está produciéndose aquí es un Chernóbil minero: liquida fuentes de agua dulce, biodiversidad, reservas forestales, envenena las aguas con mercurio y cianuro, va a afectar la pesca, es un crimen horrendo”.
Oliveira añade que, en líneas generales, la minería lleva consigo el peligro de eliminación o destrucción de diferentes tipos de ecosistemas naturales, forestales o no, la modificación de cursos de agua y la disminución o eliminación de especies de plantas y animales.
La explotación del oro, en particular, suele utilizar sustancias tóxicas con efectos nocivos a corto, mediano y largo plazo, añade. “No se restringen a la contaminación del agua, de los suelos y de las especies que viven en los alrededores, sino que se extienden también a la salud de quienes trabajan en esa actividad y de las poblaciones humanas que tienen contacto con el agua que sale de esas áreas”, agrega.
Aunque las áreas que se delimitaron dentro del arco minero no incluyen las cabeceras de los ríos más importantes del país, ocurre algo muy distinto con el sector bajo y medio del Orinoco. Los efectos sobre las comunidades biológicas y humanas pueden ser tremendos, alerta Oliveira. Llama la atención sobre el peligro para los ecosistemas cercanos al delta y sobre los recursos pesqueros que recibirían la descarga del río.
Para Luzardo, una de las peores distorsiones ha sido la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, adscrita al Ministerio de Defensa. “Las Fuerzas Armadas, que tienen una función disuasiva, estratégica, de preservación del territorio y del espacio geográfico, con este decreto se convierten en fuerzas armadas garimpeiras”.
El lanzamiento del arco minero vino aparejado, además, con la creación de una Zona Especial Militar para la protección de las cuatro áreas de explotación previstas, que se formalizó pocos días después de la masacre de 17 mineros en Tumeremo. En un comunicado, la ONG de defensa de los derechos humanos Provea denunció la eliminación de derechos de asociación y reunión que supone el artículo 25 del decreto, que además, podría interpretarse como proscripción del derecho a la manifestación pacífica y a huelga, pues establece sanciones contra quienes promuevan actuaciones que obstaculicen las actividades económicas de la zona.
Luzardo también llama la atención sobre los efectos que la apertura a la explotación minera intensiva traería para las poblaciones indígenas. Le indignó en particular el acto en el cual el vicepresidente del área social Jorge Arreaza lanzó el arco minero en la población de los Pijigüaos del estado Bolívar. “Hizo un gesto propio de los colonizadores, retratarse con los mapoyos, una etnia a la que los embates de la historia han reducido a 400 personas y cuya lengua fue declarada recientemente patrimonio inmaterial de la humanidad, para decir que ellos apoyan la minería, cuando sabe que en realidad están decretando su extinción”.
Provea también cuestionó que se hayan omitido los estudios de impacto ambiental y sociocultural que debieron realizarse antes de lanzar el proyecto, dado el potencial daño ecológico que se avecina. También considera grave que no se haya cumplido con la consulta “de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en hábitats indígenas”, como establece el artículo 120 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La lista de las etnias que se verían afectadas también incluye a los inga, eñepá, kariña, arawak y akawako.
El rastro de El Dorado
La documentación levantada por técnicos venezolanos da cuenta de algunas de las riquezas con las que el gobierno venezolano intenta atraer inversiones de las cerca de 150 empresas de 35 países con las que asegura ha sostenido reuniones sobre el “motor minero”. También da una idea de la agresiva intervención ambiental que requiere la explotación de los yacimientos minerales.
Alcabala tóxica: No hay ninguna intención gubernamental de esconder la avaricia con la que se habla de los yacimientos de oro que se vinculan con tres de las áreas descritas en el arco minero. Tanto el presidente Nicolás Maduro como el ministro de Energía y Petróleo Eulogio Del Pino han asegurado que Venezuela, una vez obtenidas las certificaciones, pasará a ser el segundo país con las mayores reservas del mineral dorado, más de 7.000 toneladas. ¿La maldición de Midas? Tienen que ser explotadas con minería a cielo abierto de grandes dimensiones, debido a las características de las vetas y del mineral que se quiere obtener. “Más del 90% no está libre, está asociado con la pirita, que es sulfuro de hierro”, explica Simón Rodríguez, ex director de Geología del Ministerio de Energía y Minas, quien recuerda que la gran mina de oro está en el kilómetro 88, donde hay 300 millones de toneladas de roca mineralizada. También hay un potencial riesgo ambiental en el uso de cianuro, pues es necesario habilitar lagunas de esa sustancia, que permite recuperar el metal.
Resurrección del metal: Estudios de la Orinoco Mining Company y la empresa Ferrominera del Orinoco ubicaron en Bolívar 44 depósitos de mineral de hierro, que contienen reservas que van desde 4.000 hasta 400.000 millones de toneladas métricas. “En la actualidad la extracción minera se concentra en los yacimientos de San Isidro y María Luisa, porque las extracciones en el cerro Bolívar se agotaron después de más de cuatro décadas de trabajos”, recuerda Rodríguez. La minería, en este caso, debe hacerse también a cielo abierto a lo largo de extensos frentes de extracción. El material que se extraería, conocido como fino, no podrá ser usado directamente por el sector siderúrgico, sino que debe emplearse para la elaboración de briquetas, una suerte de bloques.
Roca apetecida: Más de 3 millardos de kilates de diamantes que se ubicarían en el área 1 del arco minero también han sido publicitadas como parte de las riquezas del arco minero. En las décadas de los ochenta y los noventa hubo un “boom diamantífero”, recuerda Rodríguez, debido a la gran cantidad de piezas que eran arrastradas por las corrientes, tanto en el río Caroní como en el Guaniamo. Sin embargo, son las chimeneas kimberlíticas, la roca ígnea que aloja los diamantes, la verdadera promesa. Se han contabilizado trece, que requieren también de explotación a cielo abierto.
El oro azul: El coltán, el mineral compuesto de columbita y tantalita, cuyo valor para la industria electrónica lo ha situado también en la lista de las explotaciones más apetecidas dentro del arco minero, comenzó a hacerse familiar para muchos venezolanos en 2009, cuando el presidente Hugo Chávez hizo referencia a la toma militar de un sector de Bolívar para evitar su contrabando. Fue evaluado desde la década del setenta por técnicos venezolanos, que encontraron una “intrusión”, refiere Rodríguez, una fractura geológica en la zona conocida como el Batolito del Parguaza, que cubre unos 50 kilómetros cuadrados. La explotación requeriría de la apertura de minas subterráneas.
Rareza en lo profundo: Cerca del Manapiare, en tiempos de la creación de la Comisión de Desarrollo del Sur impulsada por el gobierno de Rafael Caldera, los investigadores descubrieron una herida en lo profundo del bosque, parecido al rastro de un meteorito. El lugar fue bautizado como cerro Impacto y esconde lo que se conoce como tierras raras: cerio, lantano, neodimio y el radiactivo torio, cuyas reservas son superiores a 302.000 toneladas métricas, y que requeriría un gran complejo minero a cielo abierto para su explotación, además de la apertura de vías de comunicación hacia zonas hoy boscosas.
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